El expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, se libró nuevamente de cinco cargos que pesaban contra el relacionados a la Ley de Ética Gubernamental y que habían sido presentados por la Oficina del Fiscal Especial Independiente.

Los cargos, presentados en alzada, fueron desestimados por el Tribunal de San Juan y el juez Aldo González Quesada.

Perelló había sido acusado por perjurio, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsos y dos cargos por violación al Artículo 5.07 de la Ley de Ética.

El año pasado, los fiscales Leticia Pabón y Ramón Mendoza habían acudido al Tribunal Apelativo pero ese tribunal sostuvo la decisión original del juez Enrique Silva Aviles, quien había desestimado en febrero los cargos que pesaban contra Perelló relacionados al donativo recibido por el convicto Lutgardo Acevedo.

La defensa legal de Perelló, Jose Andreu Fuentes, había planteado que la Ley de Ética aplica exclusivamente a funcionarios de la Rama Ejecutiva a la vez que establece que los funcionarios de la Rama Legislativa y Judicial se tienen que adherir a los reglamentos administrativos aplicables. Perelló recibió un donativo de $10,000 en efectivo por parte de Lutgardo Acevedo que no fue reportado ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) ni en el informe de ingresos que está obligado a presentar ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Andreu Fuentes insistió sobre el hecho de que Perelló Borras no haya reportado el donativo ante la OEG no implica delito pues no hay que reportar donativos políticos, mientras que el no reportarlo ante la OCE tampoco implica delito o al menos no se le puede adjudicar al expresidente cameral, más bien al tesorero de su campaña contra quien no se le encontró causa para procesar.

Otros cinco cargos pesan aún contra Perelló, por violaciones a la Ley 222 de financiamiento de campañas políticas como enriquecimiento ilícito e injustificado así como intervención indebida en las operaciones gubernamentales y malversación de fondos públicos.