La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Velez informó el martes, que el exdirector de Instalaciones para el Municipio de Toa Baja, Edgar Arroyo Amezquita, fue condenado por la juez federal Carmen Cerezo a 30 meses de prisión federal y a pagar una indemnización por la cantidad de 39,999 dólares a la municipio de Toa Baja.

El 30 de agosto de 2018, Edgar Arroyo Amezquita se declaró culpable ante la juez Silvia Carreño Coll por soborno y conspiración para obtener la propiedad por el fraude de un programa que recibe fondos federales. Como parte de la declaración de culpabilidad, Arroyo admitió que se desempeñó como Director de Instalaciones para el Municipio de Toa Baja durante el tiempo de la conspiración, que era desde mayo de 2011 hasta mayo de 2013. En su cargo de Director de Instalaciones, Arroyo conspiró para defraudar al municipio y aceptó múltiples sobornos, pagados en efectivo y por un total de 39,999 dólares, a cambio de que se adjudiquen contratos y los pagos a realizar por el municipio de Toa Baja para enriquecer al coacusado Luis Serrano Perdigón.

Como parte de la conspiración, explicó la fiscal federal, Arroyo presentó personalmente la documentación fraudulenta cita a la oficina de compras del Municipio de Toa Baja uso de una empresa ficticia denominada Profesional de Ventas y Servicio. De este modo, Arroyo utilizó, sin el permiso o autorización legal, el nombre y la firma de una persona real en la documentación fraudulenta presupuesto presentado a la municipalidad. Arroyo entonces causó cheques que se emitan por la municipalidad a profesional de ventas y servicio, que fueron depositados en una cuenta bancaria a nombre de la ELA Electronic Service, una empresa supuesta para ser controlado por el codemandado Luis Serrano Perdigon. Pagos de sobornos se hicieron entonces por Luis Serrano Perdigón directamente a Edgar Arroyo Amezquita.

La audiencia de sentencia para Luis Serrano Perdigón está prevista para el 14 de febrero de 2019. El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Seth Erbe y fue investigado por la Oficina Federal de Investigaciones.