El juez federal Francisco Besosa fijó para el 7 de agosto de este año el inicio del juicio contra el trio de personas arrestadas por supuestamente protagonizar un esquema de cobros ilegales en el Capitolio. Se trata del mismo juez que ya vió el caso de otro allegado del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, el exsenador Hector Martínez.

Ese caso, que incluía tambien al contratista de seguridad Juan Bravo, terminó en absoluciones a nivel apelativo.

En cuanto a la pesquisa del Capitolio, el juez dispuso que los acusados Chrystal Robles Báez, Isoel Sánchez Santiago, ambos contratistas, y Ángel Figueroa Cruz, exdirector de la Oficina de Asuntos Gubernamentales (OAG) del Senado y expresidente de la Junta de Subastas del cuerpo, tendrán hasta el 31 de julio para declararse culpables, de así desearlo. De no hacerlo, el juicio queda pautado para el 7 de agosto de 2019.

Es normal que en esta etapa de los casos federales se establezca un itinerario y es normal tambien que los plazos vayan cambiando según ocurran las conversaciones entre fiscalía y defensa sobre prueba, posible cooperación y sobre deseabilidad de juicio. Una nueva, o ampliada, acusación puede tambien atrasar el itinerario.

El trio se declaró no culpable al momento de ser arrestados el 30 de mayo pasado. En ese momento, la fiscalía federal recomendó una fianza de $10,000 para cada uno, que incluye $5,000 garantizados con propiedades y $5,000 garantizados solo con sus respectivas firmas.

Los tres arrestados son estrechos colaboradores de Rivera Schatz y las autoridades han dicho que tienen la intención de ampliar la pesquisa y han invitado a políticos corruptos a que cooperen o enfrenten un 'pon gratis' a la cárcel.

Figueroa Cruz, representado por Edgar L. Sánchez Mercado, era tambien presidente de la Legislatura Municipal de Bayamón y, desde la OAG, tenía control de varias oficinas regionales en las que figuraban como contratados múltiples parientes de políticos novoprogresistas y políticos derrotados del partido de mayoría en la Legislatura. Por su parte, Robles Báez, representada por Melanie Carrillo Jimenez, y Sánchez Santiago, representado por Jason González Delgado, tienen relación con Rivera Schatz desde al menos la huelga universitaria de 2010, luego Sánchez Santiago fue su 'coordinador' en Humacao y luego, tras la elección de 2016, incorporaron empresas que recibieron contratos bajo los cuales, según el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), no se realizó el trabajo que se pagó con fondos públicos. Concretamente, Robles Báez atendía un negocio de crepas en Humacao a la vez que se supone era 'coordinadora intergubernamental' del Senado.

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