La exsecretaria de Educación llegó a un acuerdo para declararse culpable con la expectativa de cumplir un máximo de seis meses de cárcel.

La exsecretaria de Educación, Julia Keleher, conocerá su sentencia el 15 de diciembre a las 9:30 am, determinó el juez federal Pedro A. Delgado después de que el caso pasara por las manos de otros tres jueces federales.

La determinación del juez Delgado se registró el jueves después de que el juez original, Francisco A. Besosa, se recusara sin explicación y de que el juez siguiente, Raúl M. Arias Marxuach, también se recusara después de fijar una fecha de sentencia porque, indicó sin detalles, el caso de la exfuncionaria había llegado al bufete McConnell Valdés mientras él todavía prestaba servicios allí antes de su nombramiento judicial.

Luego el caso cayó en la sala de la jueza Aida Delgado Colón, pero la defensa y la fiscalía solicitaron que fuera asignado a la sala de Delgado porque ya tenía experiencia con la controversia, debido a que está presidiendo uno de los dos casos que originalmente se le habían presentado a Keleher y a otras personas. El nuevo caso que tendrá sentencia en diciembre es una nueva causa que se le abrió y mediante la cual se declara culpable para disponer también de los otros dos casos originales.

Previo a sentenciarla en la vista del 15, el juez Delgado debe notificar formalmente si acepta el acuerdo entre la fiscalía y la acusada, ya que el juez Besosa había dejado ese aspecto en suspenso. La aceptación del juez es crucial porque, debido a la naturaleza del acuerdo, Delgado se estaría obligando a sentenciar dentro de lo que las las partes proponen, que es hasta seis meses de cárcel y 12 meses de libertad supervisada. La naturaleza del acuerdo es tal que si el juez no lo acepta, la acusada puede retirarlo y se reactivarían los casos en su contra como si nada hubiese pasado.

Entre los dos casos originales, Keleher enfrentaba 33 cargos. Con el acuerdo, se redujeron a dos cargos de conspiración. Uno, por fraude electrónico, gira en torno al manejo de los contratos de Colón & Ponce y de BDO en el Departamento de Educación para subcontratar a María Estela Cestero con el propósito de asistir a Keleher después del huracán María. Cestero había sido directora de campaña del entonces excandidato gubernatorial independiente, hoy secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, quien la recomendó a Keleher. El delito está en que los contratos prohibían esas subcontrataciones. El otro, por fraude en servicios honestos, surge de una carta que Keleher firmó avalando que el desarrollador de Ciudadela tuviera acceso a un predio de 1,034 pies cuadrados de la escuela especializada bilingüe Padre Rufo en Santurce para el desarrollo de un parque. La actuación delictiva sería hacer esto mientras realizaba un trámite con Ciudadela para adquirir un apartamento, como parte del que le concedieron descuentos en el precio y la oportunidad de comenzar a vivirlo por $1 al mes en lo que se finalizaban las formalidades de la compraventa.

Además, el acuerdo incluye el pago de una multa por $21,000 que representaría la suma de las concesiones que le otorgaron en la negociación del apartamento.

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