El Departamento de Justicia federal, a traves de la Oficina del Síndico de Quiebras, solicitó al tribunal que desestime la solicitud de la Iglesia Católica de Puerto Rico de obtener la protección de la Ley de Quiebras en el caso en el que decenas de maestros esperan para poder cobrar sus pensiones por su trabajo en colegios católicos de la Isla.

La solicitud de Daniel M. McDermott, de la Oficina del Síndico para la Región 21, se basa en que, tras radicar la solicitud de protección el 29 de agosto de 2018, el deudor no ha cumplido con radicar documentos que la ley obliga a radicar, principal entre ellos los estados financieros e informes operacionales de las diócesis de Mayagüez y Ponce, quienes insisten en ser tratadas aparte de la Arquidiócesis de San Juan.

La Iglesia radicó la solicitud de quiebras tras verse contra la espada y la pared ya que el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró que la organización religiosa tenía que responder como una sola entidad, con todos sus bienes, frente a los maestros que buscan cobrar sus pensiones. Antes de radicar la quiebra, la Iglesia intentó que el Tribunal Supremo federal atendiera una solicitud para revocar al Supremo, lo cual no tuvo exito.

En el momento de la radicación, la deuda con los maestros era de unos $5 millones y la Iglesia enfrentaba una orden de embargo que quedó paralizada por la activación de las protecciones de la Ley de Quiebras, las mismas protecciones que caerían si prospera la solicitud de desestimación del Síndico.

Al fondo de la controversia permanece la discusión de si la Iglesia es una sola entidad, como ya dijo el Supremo de Puerto Rico y como refrendó el juez de quiebras, Edward Godoy, quien determinó que la protección de quiebras le aplicaba a todas las entidades de la Iglesia como si fueran una sola entidad.

Por ese lado, la Iglesia ganó la ventaja de poder paralizar cualquier acción de cobro contra cualquier de sus bienes en cualquier lugar de Puerto Rico pero, por otro lado, eso significa que todas las diócesis de la Iglesia tienen que cumplir con los requisitos de la ley, como someter a tiempo sus informes operacionales y financieros, lo que no han hecho las de Mayagüez ni Ponce.

'La conducta del deudor demuestra que no tiene intención de cumplir con todas sus responsabilidades como deudor', dijo el Síndico en la moción en la que pide la desestimación del caso o, en la alternativa, una orden para obligar a la producción de los documentos.

El juez Godoy emitió orden otorgando a la Iglesia un último plazo hasta el 18 de enero para cumplir con todos los procesos, 'si es que tiene la intención de continuar con el proceso de reorganización (bajo la Ley de Quiebras)', y señaló una vista de seguimiento para el 25 de enero.

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