La jueza Ileana Blanco no encontró causa para arresto contra el exadministrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), Miguel A. Encarnación Correa, a quien el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) le imputaba 10 denuncias, entre ellas hostigamiento sexual a dos hombres que laboraban en la agencia.

De acuerdo a los fiscales Emilio Arill García y Manuel Núñez, la magistrada determinó una 'falta de identificación del acusado' al someterse la prueba, la cual fue entregada en forma de ocho declaraciones juradas.

'Se someten las declaraciones juradas que indican quien fue la persona que cometió los actos, etcetera etcetera que es el Administrador y hay una certificación que dice quien es el Administrador, pero ahora el Tribunal dice que no', señaló el Arill García, encogido de hombros.

'Vamos a ir en alzada', aseguró.

Entre las denuncias presentadas por el PFEI se encontraban imputaciones por violaciones al articulo 252 de aprovechamiento ilícito y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental por hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 2017.

En esa instancia, se alegaba que Encarnación Correa compró 16 generadores electricos con fondos públicos tras los huracanes Irma y María, de los cuales solo tres fueron usados por ASG. Los demás, se entiende, fueron repartidos entre sus empleados de confianza.

'Yo lo que le puedo decir al país es que hay un Dios vivo y hay que servirle a Dios', soltó Encarnación Correa a su salida de la vista.

Por su parte, el licenciado Mario Moczó señaló que antes de desfilar, la prueba es evaluada en sus aspectos más básicos, como los terminos jurisdiccionales y otros aspectos de derecho.

En esa línea, la defensa realizó una serie de planteamientos respecto a la definición del delito, la identificación del imputado, la jurisdicción del PFEI sobre el exfuncionario y las querellas presentadas de manera anónima.

'El papel tiene que identificar a la persona conforme a derecho y seguir unos pasos. Esos pasos no se siguieron así que la juez no tiene que entrar a calificar si evaluar la conducta era delictiva o no, sino en la cuestión más básica', especificó Moczó.

Moczó calificó como atropellante el que se sometan casos por el expediente, por lo que hizo un llamado a la Legislatura para que enmiende la Ley del PFEI.