Los procedimientos del Tribunal de Primera Instancia en Bayamón respecto al caso del exalcalde de Guaynabo, Hector O'Neill García, continúan paralizados luego de que el Ministerio acudiera al Supremo.

No obstante, a su salida de una vista de estado, el licenciado Harry Padilla aprovechó para rechazar las alegaciones que apuntan a que su cliente violentó su libertad condicionada.

De acuerdo a una de las víctimas, la agente Yenetamine Díaz Zayas, el exalcalde ha utilizado su poder para impartir órdenes en el Municipio y ha tomado represalias con ella, quien lo denunció por acoso y abuso sexual.

'El señor O'Neill está dedicado a su esposa, sus hijas y su familia. Desde el punto de vista de nosotros, estamos pendientes al caso. El señor O'Neill ha cumplido con todas las condiciones habidas y por haber y nosotros estamos atendiendo el caso', aseguró Padilla, abogado de O'Neill García.

Ante la insistencia de la prensa, Padilla recalcó que -hasta donde tiene entendido- su cliente ha cumplido con las condiciones de su libertad.

Ante los sucesos, Díaz Zayas presentó una demanda enmendada ante el tribunal con fecha de diciembre de 2018.

'Tan recientemente como el 23 de diciembre de 2018, el alcalde O'Neill llegó al puesto de la oficial Díaz y estuvo detrás de ella durante más de una hora para intimidarla, mientras su supervisora directa, la teniente Echeverría, observaba', según el documento.

Aún sin jurisdicción

Por otra parte, durante la vista de estado de los procedimientos, la jueza María Trigo Ferraiuoli, indicó que aún carece de jurisdicción en el caso porque los procedimientos se presentaron ante el Tribunal Supremo.

El pasado 4 de enero, los fiscales especiales independientes Guillermo Garau Díaz y Leticia Pabón Ortiz, radicaron una moción a ese foro a los fines de mantener unidas las imputaciones de las dos víctimas de acoso sexual del exalcalde, o sea, la de Díaz Zayas y otra mujer.

La acción surgió luego de que el Tribunal Apelativo considerara que ambos sucesos deberían atenderse de manera separada.

'Para uno no tener que ver dos casos y los gastos que eso conlleva, en este tomó seis meses; imagínate llevar otro caso, ¿seis meses más?', argumentó Garau Díaz.

Por su parte, el licenciado Padilla indicó que favorece la separación de casos porque 'el estado de derecho de nuestro país permite eso. Hay algo que se llama propensión y nosotros lo que queremos es preservar el derecho de propensión'.

Puesto que aún se desconoce el fallo del Supremo, las partes fijaron el 28 de febrero a las 10 a.m. como fecha hábil para una segunda vista de estado de los procedimientos y decidir sobre la continuidad del caso.