Usando un verso bíblico como argumento, el juez de quiebras Edward A. Godoy, desestimó hoy la solicitud de quiebra que la Arquidiócesis de San Juan sometió para protegerse de los embargos que enfrenta por los pagos de las pensiones de los maestros de los colegios católicos.

De inmediato, los abogados de la arquidiócesis notificaron su intención de apelar la determinación de Godoy lo que anticipa que esta controversia seguirá trabajada en los tribunales por varios meses más, ya que todavía está pendiente una solicitud para que el Tribunal Supremo federal revoque la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico de que la Iglesia Católica en Puerto Rico es una sola entidad que tiene que responderle a los maestros con todos sus bienes, en vez de distintas diócesis que no responden unas por las otras.

'Muchas veces ganando, se pierde. El grupo de 184 demandantes, de los cuales solo 61 son

pensionados, ganaron una batalla, pero han perdido la querra. El tiempo que tomará este litigio en los

tribunales estatales luego que se terminen todas las apelaciones que están en curso hoy, es en

detrimento de ellos mismos. Perdieron la oportunidad de salir de este pelito ya que la diócesis les

había presentado planes viables para resolver la situación en poco tiempo y de la mejor buena fe

posible', dijo en declaraciones escritas la licenciada Carmen Conde en representación de la Arquidiócesis de San Juan.

Te puede interesar: Levanta más dudas venta de propiedades de la Arquidiócesis

Antes de que la pugna quedará paralizada de esta manera en los niveles judiciales apelativos, los maestros retirados habían logrado obtener una orden de embargo contra todos los bienes de la Iglesia en la Isla. Esa orden era por el estimado de $4.7 millones en pagos de pensión atrasados que los tribunales le han reconocido a los maestros demandantes, pero ya al tribunal se le ha planteado que el total de daños que reclaman los maestros es de $126 millones.

Godoy resumió su determinación de hoy en una cita de Marcos 3:25, 'Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer'.

Y es que la desestimación se basa en el requisito que tiene la Iglesia de atenerse a lo que se le pide a cualquier deudor que pide la protección de la Ley de Quiebras: divulgación continua y completa de sus bienes, activos, acreedores y reportes operacionales mensuales. La solicitud de quiebra fue radicada el 29 de agosto de 2018 y, a más de seis meses, todavía en el caso no se han presentado todos los expedientes que el acreedor tiene que presentar.

Hay cinco diócesis en Puerto Rico: Caguas, Fajardo-Humacao, Ponce, Mayagüez y Arecibo. Y una arquidiócesis: San Juan.

Ya que lo que está vigente es la determinación de que la Iglesia responde como una sola, todas estas diócesis están obligadas a reportar, pero las de Ponce, Mayagüez y Arecibo se han negado a hacerlo. Además, un experto en derecho canónico le aseguró al tribunal en una vista que una diócesis no puede obligar a la otra porque cada una es soberana.

'En resumidas cuentas, este rechazo (a entregar información) ha condenado este caso de quiebra... el deudor está dividido contra sí mismo. Y, como advierte la Biblia, 'si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer'', concluyó el juez.

Para ver la determinación del juez Godoy, pulse aquí: