El juez administrador de la Rama Judicial, Sigfrido Steidel Figueroa, confirmó que desde el año pasado conoce las imputaciones que el licenciado Carlos Díaz Olivo ha hecho sobre irregularidades en las operaciones del Centro Judicial de Bayamón, que las encontró fundamentadas y que se han tomado medidas ya para corregir algunas de las situaciones, pero no aceptó que se deba responsabilizar a los jueces por los errores que comete el personal de Secretaría.

Steidel Figueroa defendió que los jueces no son los responsables de todas las actuaciones del personal de sala o de Secretaría y no pudo precisar cómo una persona que ha sufrido daño por un error de un empelado clerical de la Rama Judicial puede obtener un remedio por ese daño. Sostuvo que hay una 'responsabilidad indivisible' de la Judicatura de responder, pero, mientras que los abogados pueden responder con su título si alguno de sus empleados comete un error, en el caso de los jueces no lo consideró así porque no los responsabilizó automáticamente de los errores de su personal.

La entrevista ocurrió en el contexto de la publicación la semana pasada de una resolución del juez Raphael G. Rojas del Centro Judicial de Bayamón en la que refiere a Díaz Olivo al Tribunal Supremo para procesamiento etico por entender que en sus críticas al tribumal usó lenguaje 'hiriente e irrespetuoso' con el resultado de 'poner en entredicho o mancillar la dignidad de los jueces'.

Díaz Olivo señaló una serie de fallas en ese Centro Judicial que pueden afectar a las partes que acuden allí en los distintos casos. El juez Rojas admitió al menos cuatro errores que fueron corregidos: registrar en la minuta, o record de un caso, incorrectamente lo que una jueza había decidido; que una jueza notificó a las partes una decisión y tiempo despues dijo que se equivocó y que lo que quería notificar era una decisión totalmente distinta; y que en al menos dos ocasiones personal de Secretaría notificó una decisión con errores sobre quien era el juez que la firmaba.

En un escrito, Díaz Olivo enumeró lo que considera son unas 11 fallas, incluyendo que en las grabaciones de los procesos se desaparecían partes importantes y aludió a otras que mantendría en confidencialidad pero que han sido reportadas a la Contralora y la Legislatura.

En un sondeo realizado por NotiCel, casi 63% de poco más de 4,000 participantes dijo tener 'ninguna' confianza en los tribunales de Puerto Rico.

Aunque Steidel Figueroa rehusó confirmarlo por la confidencialidad del proceso de quejas, NotiCel supo que, además del referido contra Díaz Olivo, hay dos quejas contra dos jueces que han intervenido en el caso que llevaba Díaz Olivo y que es en el que surge la controversia, el juez Rojas y la jueza Sarah Y. Rosado.

Steidel Figueroa dijo que, a solicitud del abogado, se reunió con Díaz Olivo entre septiembre y octubre de 2018 y que 'la prueba en el expediente era muy clara, sí, hubo una serie de situaciones... que ameritaban que administrativamente tomáramos algunas acciones y así se hizo'. La fecha de la reunión es cercana a la llegada de una nueva jueza administradora, Carmen Otero, a Bayamón el 17 de septiembre de 2018 y la salida del juez administrados anterior, Jose M. D'Anglada Rafucci. Steidel Figueroa aseguró que hubo ajustes y readiestramiento de personal despues de las quejas.

Mira la entrevista al juez administrador:

¿Quien responde si el tribunal se equivoca?

Steide Figueroal fue juez de lo civil y tambien juez administrador de Guayama y de Caguas. En ese momento, confesó, ni el personalmente ni ningún otro juez del que tuviera conocimiento escribía dos resoluciones con decisiones totalmente distintas, como sucedió en el caso de Díaz Olivo, 'pero tengo que reconocer que cada juez tiene mucha amplitud en la manera en cómo desarrolla las controversias jurídicas que se le plantean en su sala'.

Se le planteó que el Tribunal Supremo ha hecho a los abogados eticamente responsable de los actos que cometen no solamente ellos, sino tambien sus empleados y agentes y si es apropiado que esa misma vara se aplique a jueces, que presiden los procesos y que son la autoridad en su sala y en su oficina sobre todo su personal.

Pero Steidel Figueroa rechazó la premisa porque al 'buscar la explicación de lo que ha ocurrido, pues hay que ver la cadena de eventos para determinar quien de todos los implicados estaba en mejor posición para poder minimizar que ocurriera un error y para corregirlo'. A la misma vez, reconoció que ante el público, la Rama Judicial es una sola y está representada por los jueces, no importa las divisiones internas de trabajo.

'En todos los casos en Puerto Rico eso es una responsabilidad indelegable de la institución y nosotros así lo reconocemos y estamos abiertos a los señalamientos que se tengan que hacer al respecto', puntualizó.

Al insistírsele quien y cómo se le responde al ciudadano por un error que cometan jueces o personal administrativo y que haya tenido consecuencias adversas para alguien, Steidel Figueroa no pudo precisar más allá de establecer la intención que tiene la Rama de recibir las críticas, aceptarlas y evaluar que se tiene que modificar para evitar que los señalamientos se repitan. En varias ocasiones apuntó tambien a que se apuesta porque la adopción cada vez más amplia del sistema de expediente electrónico minimice los errores que se pueden cometer con un expediente físico porque 'reducimos los eslabones en esa cadena de personas que intervienen' con el expediente.

'Ningún abogado debe estar expuesto (a procesamiento) o sentir temor de poder hacernos los señalamientos que correspondan, si los señalamientos se hacen por lo canales dispuestos en la Rama Judicial para eso', sostuvo al preguntársele que diría a abogados que vean que se inician procesos eticos contra otros abogados que señalan errores en la operación de los tribunales.

Precisamente, Díaz Olivo planteó la semana pasada que el referido etico en su contra que hizo el juez Rojas es improcedente porque estaba pendiente en el Tribunal de Apelaciones la controversia sobre si el juez debía inhibirse o no. Steidel concedió que la Regla 63 de Procedimiento Civil dicta que un juez no puede tomar acciones en un caso en el que está planteada una solicitud de inhibición, pero comentó que no sabe cómo eso aplica cuando la solicitud de inhibición está sometida al Apelativo, en vez de solo ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia.