Los apagones del 12 y el 18 de abril del 2018, atribuidos a errores cometidos por subcontratistas de la empresa Cobra Acquisitions, son objeto de una demanda de clase incoada por comerciantes locales para reclamar $300 millones por alegados daños y perdidas económicas que sufrieron en momentos que el sistema apenas comenzaba a restaurarse tras el paso del huracán María.

Tanto Cobra como su empresa matriz, Mammoth Energy Services y la empresa subcontratada por ellos, D. Grimm, figuran como los demandados, mientras que Wendco of Puerto Rico, Multisystem Restaurante Inc, Restaurant Operators y Apple Caribe forman parte de la clase que consiste de todo comerciante que hace negocios en la Isla y que haya sido afectado por los apagones.

Los hechos de la demanda -que fue radicada en junio del 2018 y aún sigue activa- sostienen que el 12 de abril D. Grimm causó un apagón general de 12 horas mientras realizaba tareas de remoción de vegetación en una línea de transmisión en Cayey, lo que provocó un impacto económico estimado en $150 millones. Seis días despues -sostienen los demandantes- D. Grimm volvió a incurrir en negligencia al provocar un fallo en el sistema electrico mediante un contacto indebido entre una línea de transmisión y una torre electrica que removían con una excavadora mecánica.

El segundo incidente provocó otro apagón general de 18 horas, mientras que los demandantes estiman que el impacto económico a la economía local ese día fue de $400 millones.

D.Grimm sostiene que los demandantes no han señalado cuales son los daños que sufrieron a raíz de los incidentes, lo que a su vez les despoja de legitimación activa para representar una clase tan amplia como todos los comerciantes de Puerto Rico. Mammoth, en cambio, argumentó que las acciones que dieron paso al litigio corresponden únicamente a su subsidiaria, Cobra, la cual mantiene presencia como corporación autorizada para hacer negocios en Puerto Rico.

Añadieron que la conducta negligente imputada no es a Mammoth ni a Cobra, sino a D. Grimm en su función de subcontratista. Esa relación contractual exige de D. Grimm trabajos de remoción de material vegetativo y construcción y limpieza de caminos.

D. Grimm le pasa la papa caliente a A&J Steel

Luego que la jueza Gloria Maynard Salgado declarara no ha lugar a las mociones de desestimación de los demandados -una decisión que fue inalterada por el Tribunal Apelativo a finales del pasado mes de mayo- D. Grimm solicitó al tribunal demandar a una tercera empresa que tambien ofrecía servicios a Cobra por subcontrato, A&J Steel Puerto Rico.

Según señalaron en documentos legales, personal de A&J Steel solicitó la asistencia de D. Grimm para levantar y mover una torre caída cerca de la línea de transmisión 51000 en el área de Guayama. D. Grimm sostiene que A&J Steel modificó y amplió el plan de trabajo sin notificar a Cobra y evadió requerimientos de seguridad.

Ellos relatan que el trabajo consistió en levantar la torre de acero con una excavadora y moverla para aliviar la presión en el cable de retención de la línea de transmisión. Para lograrlo, cortaron la torre en secciones mientras que personal de A&J Steel retiró el cable de retención sin contar con la presencia de personal para monitorear y supervisar trabajos en líneas energizadas.

Posteriormente, el empleado de D. Grimm que operaba la excavadora comenzó a mover la sección cortada de la torre, pero se detuvo cunado escuchó un fuerte sonido y vio una luz brillante -consistente con un arco electrico entre el segmento de la torre y la línea de transmisión. De inmediato detuvieron trabajos, pero alegan que los empleados de A&J Steel fueron instruidos por el dueño a trasladarse del área para mover el resto de la torre cortada, lo que provocó que se alterara la escena del incidente sin antes ser inspeccionada por personal del Departamento de Salud, Seguridad y Protección Ambiental de D. Grimm.

Aunque D. Grimm insiste que la otra empresa debería responder por los alegados daños expuestos por los demandantes, A&J Steel sostienen que fue D. Grimm quienes actuaron negligentemente en la medida que levantaron y no arrastraron el segmento de la torre que cortaron y al no guardar distancia entre la excavadora y la línea de transmisión. A&J Steel además sostiene que el trabajo de su personal concluyó tan pronto se cortó una sección de la torre, señalando que el incidente ocurrió mientras sus trabajadores subían hasta el tope de la montaña donde ubicaba la torre.

A&J Steel fue una de las primeras compañías estadounidenses enllegar de la mano de Whitefish, según se desprende de las comunicaciones que tuvo la Autoridad de Energía Electrica (AEE) con personal de Whitefish y que fueron entregadas al Congreso. La empresa tiene su sede en el estado de Nuevo Mexico. Los propietarios de la empresa, el matrimonio entre James y Antoinette Greenlee, se declararon culpables en el 2011 por malversar $900,000 contra otra empresa privada, Post Tension Reinforcement Services.

Para esta demanda tercera, la jueza Maynard Salgado señaló una vista de estado de procedimientos para el próximo 17 de julio.