El Municipio de San Juan (MSJ) enfrenta una demanda de clase federal al amparo de la ley 'Americans with Disabilities Act' (ADA) por el estado de deterioro y descuido de las rampas para impedidos en las aceras de la ciudad capital.

Esta acción legal, sin embargo, no supone ser la primera vez que el MSJ enfrenta un litigio por concepto de incumplimiento de la ley ADA, pues la denuncia y la búsqueda de un remedio en ley remonta a mediados de la pasada decada, cuando la entonces Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos (OPPI) llevó el mismo reclamo al Tribunal Federal. Ese caso culminó con un acuerdo entre las partes que, aunque no fue clasificado como confidencial, fue sellado a petición del MSJ en el 2015. Por tanto, no se conoce a que se comprometió el municipio para dar por terminado el pleito.

El pleito de clase más reciente, radicado el 6 de septiembre pasado, es encabezado por los demandantes Faustino Betancourt Colón y Virgen Negrón Villegas, quienes reclaman que el MSJ ha incumplido con sus deberes bajo la ley federal de instalar rampas adecuadas y mantener rampas y aceras existentes para posibilitar el tránsito peatonal a personas con discapacidades. La clase es representada por el abogado Jose Velez Colón, quien previamente cobró notoriedad por supuestamente utilizar la ley ADA para un esquema de demandas. El abogado enfrentó una querella en el Tribunal Supremo y la amenaza de una investigación legislativa por los pleitos que llevó contra pequeños y medianos negocios, pero ninguna de las dos cosas prosperó.

Del pleito se desprende que las condiciones de las aceras aledañas a su residencia fuerzan a Betancourt Colón, quien vive en el residencial Los Lirios en Cupey, a usar la carretera para transportarse en su silla de ruedas electrica, dado a la falta de rampas en la acera.

Por su parte, Negrón Villegas, quien tambien reside en Los Lirios, expone en la demanda que su acceso a una farmacia aledaña le es imposibilitado por falta de rampas en la acera, lo que la obliga a entrar en la vía de tránsito. De igual forma, relata que, para evitar arriesgar su vida, Negrón Villegas se ve obligada a viajar hasta tres veces la distancia regular para viajar por aceras con rampas utilizables, lo que suele ocasionar que se agote la batería de su silla de ruedas más rápido.

Bajo la ley ADA, los gobiernos municipales y estatales tienen la obligación de habilitar toda sus vías y caminos peatonales para permitir el acceso de personas con discapacidades. Los demandantes señalan que el MSJ incumple con las regulaciones aplicables a la ley ADA al no responder por querellas presentadas por falta de rampas de acceso ni por presentar una explicación por parte de oficiales municipales por el incumplimiento.

Para este pleito, la clase demandante consiste de toda persona con discapacidades de movilidad que usan o usarán las aceras peatonales en el MSJ. Los demandantes no persiguen compensación por vía de daños, sino un interdicto judicial para que el municipio acate las disposiciones de la ley ADA y ponga en vigor un plan de transición que identifique todos los obstáculos que inhabilitan el acceso por rampas a personas con discapacidades.

Un reclamo sin atender por más de una decada

A mediados de la decada del 2000, la OPPI llevó el mismo reclamo contra el MSJ, entonces bajo el mando del exalcalde Jorge Santini, y el gobierno de Puerto Rico ante el foro federal. En ese momento, los demandantes tambien alegaron una política sistemica para discriminar ilegalmente contra individuos con discapacidades mediante aceras inaccesibles y otras barreras arquitectónicas en el municipio.

En el 2015, ese caso alcanzó un acuerdo entre las partes, pero a solicitud del MSJ el tribunal restringió acceso a ese documento. Sin embargo, Velez Colón persigue abrir ese acuerdo restringido para beneficio del pleito de clase en cuestión.

Según argumentó en una moción presentada durante el fin de semana, el MSJ reconoció que el acuerdo no es confidencial, pero solicitó fuese sellado por entender que el público podría malinterpretar los terminos del acuerdo. Velez Colón, sin embargo, sostiene que su cliente es perfectamente capaz de entender el acuerdo entre las partes.

Para ver la demanda de 2019 por la falta de accesos en las aceras, pulse aquí:

Previos señalamientos contra abogado por pleitos frívolos

Como abogado, Velez Colón ha cobrado notoriedad por la cantidad de casos federales por violaciones a la ley ADA que ha presentado ante el tribunal. Según partes periodísticos, el abogado frecuentemente amenazaba a pequeños y medianos comerciantes por violaciones a la ley ADA y posteriormente exigía $3,000 para transar el asunto fuera de la corte bajo el argumento de que los costos de defensa en el tribunal federal excedían esa cuantía.

El asunto llegó a la atención de un gremio de comerciantes y de la Cámara de Representantes. Por una parte, el Centro Unido de Detallistas (CUD) radicó una querella contra Velez Colón ante el Tribunal Supremo por posibles violaciones eticas a principios de septiembre del 2017. Esa querellam sin embargo, fue archivada por recomendación de la Oficina del Procurador General.

Por otra parte, la explosión de litigios federales relacionados a la ley ADA provocó una denuncia por parte del representante Manuel Natal Albelo, quien señaló desde abril del 2017 que se trataba de una modalidad recurrente en Estados Unidos catalogada como 'drive by lawsuits'. Esa modalidad consiste de un pedido monetario a base de una reclamación extrajudicial contra comerciantes por potenciales violaciones a la ley ADA, que de no entregarse comienzan un litigio contra el comerciante al amparo de esa ley federal.

Una resolución presentada en febrero del 2017 por los representantes Nelson del Valle Colón y Natal Albelo perseguía realizar una investigación exhaustiva sobre la práctica de los 'drive by lawsuits'. Sin embargo, a pesar que obtuvo un informe positivo de la Comisión de Asuntos Internos a principios de mayo del 2017, la medida ha permanecido estancada en el trámite legislativo, al permanecer en la Comisión de Calendarios de la Cámara.