En varias ocasiones, las determinaciones de la Junta de Subasta del Municipio de Guayama bajo el mando del exalcalde Eduardo Cintrón Suárez llegaron a los tribunales.

Entre las posiciones que había ocupado en el servicio público el convicto exalcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, está la presidencia de la Junta de Subastas del municipio, por lo que resaltan que varias de sus controversias judiciales en el primer cuatrienio al frente de la ciudad están relacionadas con adjudicaciones de subastas.

Cintrón Suárez se declaró culpable el pasado 8 de abril en el tribunal federal por un esquema de sobornos mediante el que recibía $1 por metro cuadrado de asfalto que tirara el contratista J.R. Asphalt, Inc. (JRA), cuyos codueños, Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas, también enfrentaron la justicia federal. El primero se declaró culpable el año pasado y el segundo está pendiente de juicio.

A cambio del pago ilegal de $1 por metro cuadrado de asfalto, el alcalde se aseguraría de que los contratos fueran a la compañía y aprobaría las facturas. Como parte del esquema, habría ingresado sobre $95,000 entre 2013 y 2021, según la denuncia federal.

Aunque tenía experiencia en la administración municipal del exalcalde popular Héctor Luis «Güi» Colón, Cintrón Suárez asciende a la posición máxima en la ciudad en 2013, después de unas cerradas elecciones con la novoprogresista Glorimari Jaime en la que tuvo ventaja por solo 514 votos de un total de 21,371 votos emitidos. Al momento de declararse culpable, Cintrón Suárez era también secretario de la Junta del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

En su primer cuatrienio, el Tribunal de Apelaciones tuvo que atender varias impugnaciones de subastas, incluyendo dos que atañen a JRA.

El esquema corrupto de Cintrón Suárez con JRA se pactó desde el mismo 2013 que inició su gestión como ejecutivo de la ciudad y en 2015 una subasta para suministro de brea caliente o fría llegó al tribunal por impugnación de Betterecycling Corporation que objetaba la adjudicación a JRA. El tribunal no tuvo que decidir ninguna controversia porque en su comparecencia la Junta levantó las manos, aceptó que había emitido un aviso de adjudicación «insuficiente e incompleto». El tribunal dejó sin efecto el aviso y devolvió para que la Junta emitiera un nuevo aviso.

El registro de contratos de la Oficina del Contralor refleja que, después de esa fecha, Betterecycling solo recibió un contrato de $10,000 mientras que JRA multiplicó los suyos. Mientras, JRA recibió $3.3 millones en contratos durante la vigencia del esquema.

Luego, en 2015, el tribunal decidió revocar a la Junta de Subastas del municipio y otorgó los trabajos construcción de una pista de caminar en la urbanización Green Hills a la empresa Best Work Construction, SE, quien fue el postor más bajo, pero no el agraciado por la Junta. La Junta compareció al tribunal con la misma táctica del caso anterior de asfalto, pedir que le devolvieran el caso para corregir la adjudicación, pero el tribunal no lo hizo y decidió adjudicar directamente al mejor postor. «El Municipio no expuso ninguna razón para no otorgarle la subasta. Tampoco surge del récord alguna razón para no hacerlo. Debemos concluir que la decisión del Municipio no está justificada por el récord y fue arbitraria», dijeron los jueces.

En 2017 surgió otra impugnación de asfalto en la que se le había adjudicado subasta a JRA. En el caso intervino el Tribunal Supremo, pero solo para ordenar a Apelaciones para que se permitiera la notificación a todos los licitadores y, con la comparecencia de ellos, entonces se emitiera una decisión. Cuando la emitió, el tribunal favoreció a la Junta y a JRA. «[E]s forzoso concluir que JRA fue el mejor postor… La determinación de la Junta de Subastas veló adecuadamente por los intereses del dinero público y cumplió puntillosamente con el ordenamiento vigente. En ausencia de error, abuso de discreción o arbitrariedad, procede que confirmemos la decisión administrativa», dijo el panel.

Santa Isabel Asphalt, Inc., el licitador que impugnó esa subasta, no aparece con contratos en el municipio bajo Cintrón Suárez, excepto uno de $25,000 en su primer año de mandato.

También en 2017, la empresa Transporte Rodríguez Asfalto Inc. (TRA), impugnó otra adjudicación hecha a JRA. Pero en esa ocasión, el tribunal se declaró sin jurisdicción por los errores que la Junta había cometido en su notificación de adjudicación. Es decir, concluyeron que las mismas actuaciones erróneas de la Junta le impedían acoger el recurso de revisión que había sometido el licitador perdidoso que fue quedó perjudicado por esos errores.

Después de esa impugnación, TRA obtuvo unos $300,000 en contratos con el municipio.

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