Waste Collection pasó propiedades a esposa de Santamaría después de que este se declarara culpable y supuestamente cuando ya no tenía nada que ver con la compañía al centro de varios casos federales de corrupción.

El exalcalde de Cataño, Félix "Cano" Delgado Montalvo, tendría que responder por los contratos corruptos que otorgó a la empresa J.R. Asphalt, Inc. después que el exsocio de la misma, Mario Villegas Vargas, le presentó una demanda para traerlo al caso que la nueva administración del municipio mantiene para declarar nulos los contratos que el exfuncionario concedió tanto a esa empresa como a Waste Collection, Corp.

Villegas Vargas presentó la demanda contra Delgado Montalvo el martes pasado, dos semanas después de que se declarara culpable en el tribunal federal por su participación en un esquema mediante el que él, su exsocio Raymond Rodríguez Santos y el exasesor legislativo de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista, Oscar Santamaría Torres, usaron a las dos compañías para sobornar a múltiples alcaldes de ambos partidos y así conseguir millones de dólares en contratos para asfaltar carreteras y recoger desperdicios sólidos.

La interrogante de por qué el nuevo alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, no había incluido a Delgado Montalvo en las tres demandas que presentó (contra J.R., Waste Collection e Island Builders, otra empresa relacionada a Santamaría Torres) ha estado desde el principio del caso. Incluso, Villegas Vargas primero intentó descalificar a los abogados del municipio, el bufete Aldarondo & López Bras, por entender que tenía conflictos de interés debido a que ofrecían servicios cuando Delgado Montalvo era el alcalde, pero el Tribunal de Apelaciones no dio paso a la suspensión.

"Las alegaciones de la demanda instada por el Municipio de Cataño denotan que de estas prosperar, Félix Delgado Montalvo es o puede serle responsable a la parte demandante, por la totalidad o parte de las reclamaciones que se aducen en la demanda, o responsable a cualquiera de las demás partes en el pleito", indica el documento que sometieron los abogados de Villegas Vargas. En este caso, Cataño busca recuperar unos $9.5 millones de J.R. y sus exsocios.

En el caso del municipio contra Waste Collection, la empresa de Santamaría Torres, la jueza Glorianne Lotti Rodríguez decidió el 19 de julio pasado que no iba a conceder de manera sumaria la solicitud del municipio para declarar nulos esos contratos y cobrarle a la empresa casi $14 millones, por entender que se tendría que presentar evidencia más allá de los documentos de aceptación de culpa del contratista y el exalcalde para establecer que los contratos fueron ilegales.

A la vez, sostuvo que el municipio estuvo en ley cuando le canceló un contrato a Waste Collection después de que Santamaría Torres se declaró culpable el 30 de noviembre de 2021 porque "[s]i bien es cierto que la corporación no fue procesada por soborno, su dueño y accionista principal sí lo fue". La jueza advirtió que podría "descorrer el velo corporativo" de Waste Collection para hacer a Santamaría Torres personalmente responsable de las reclamaciones del municipio contra la empresa.

Santamaría Torres sigue activo en el PNP y usa a su esposa para proteger propiedades

La conclusión de la jueza de que el 10 de diciembre, cuando el municipio le canceló el contrato a Waste Collection, su "dueño y accionista principal" era Santamaría Torres y por eso su declaración de culpabilidad podía usarse para la cancelación choca con los esfuerzos de la empresa por desvincularse de su expresidente.

Después de que Santamaría Torres se declaró culpable, Waste Collection emitió un comunicado diciendo que desde el 20 de octubre no tenía ninguna posición en la empresa. La desvinculación sería necesaria si la empresa planifica seguir teniendo contratos públicos, pero tanto esta conclusión de la jueza como otra controversia en un caso federal civil ponen en duda la supuesta desvinculación.

Desde agosto, meses antes de que se declarara culpable, Santamaría Torres enfrenta una reclamación, tanto a nivel local como federal, por un choque que provocó en 2019 cuando invadió el carril contrario mientras conducía su Mercedes Benz en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. La familia Seín Benetti son las víctimas demandantes y el contratista les habría confesado que guiaba a exceso de velocidad porque estaba tarde para recoger a su esposa e hijas.

Inicialmente, la demanda era contra Santamaría Torres y su esposa, Noelia Santos Rodríguez, pero los demandantes accedieron a desestimar voluntariamente contra la esposa cuando el hombre les presentó escritura que indicaba que se habían casado (por lo civil en Las Vegas el 14 de febrero de 2018 y por la iglesia el 12 de enero de 2019) bajo el régimen de separación de bienes, o capitulaciones matrimoniales, por lo que su esposa no sería legalmente responsable por los daños causados en el accidente.

Pero, en julio pasado, la familia demandante pidió enmendar la demanda para volver a traer a Santos Rodríguez y añadir a Waste Collection y a otra empresa, Waste Enterprises, porque corroboraron que el 28 de diciembre de 2021 ambas empresas le transfirieron el título de una propiedad en la urbanización San Patricio, en Guaynabo, a la esposa de Santamaría Torres por un supuesto "pago en especie" que no estaba especificado. Esa transferencia que consta en el Registro de la Propiedad fue después de que los demandantes desestimaran contra Santos Rodríguez, un mes después de la declaración de culpabilidad y dos meses después de la fecha en que Santamaría Torres supuestamente dejó de tener posiciones en Waste Collection.

"Aprovechándose de que están casados bajo un régimen de separación de bienes, los codemandados (Santamaría Torres y Santos Rodríguez) conspiraron y se confabularon usando a Waste Collection y Waste Enterprises como alter egos de Santamaría Torres y como conducto legal para transferir el título de la propiedad de Santos Rodríguez, con el propósito de encubrir las actividades criminales de Santamaría Torres, evadir sus responsabilidades ante acreedores, incluyendo su responsabilidad por los daños reclamados en esta acción", indican los demandantes al tribunal federal.

De la misma manera que está impugnada la supuesta desvinculación de Santamaría Torres de Waste Collection, está en entredicho su vinculación continua con la empresa Saint Mary Investments LLC, la que tiene oficialmente al frente a la hija del contratista y que está detrás del negocio de cannabis medicinal Fresh Flowers que pretende establecerse en el local de Waste Collection en el barrio Beatriz de Cidra. El plan es que en ese local haya una operación de cultivo, dispensario y manufactura de productos de cannabis medicinal, pero también se establecerían dispensarios en otros sectores de Cidra, San Juan y Naguabo.

Tras la oposición de los vecinos, quienes, incluso, mantienen quejas por la operación de Waste Collection en ese local, la Oficina de Gerencia y Permisos emitió una resolución en la que no favorecían el permiso que pidió Saint Mary. La dirección de correo electrónico que la oficina tiene para notificación oficial a Saint Mary es la personal de Santamaría Torres. Saint Mary tiene pre-cualificación de la Junta de Cannabis Medicinal para hacer gestiones a favor del establecimiento de los negocios de cannabis desde noviembre de 2021, antes de la declaración de culpabilidad de Santamaría Torres, pero un convicto como este está impedido por ley de tener pre-cualificación. La Junta todavía no ha tomado acción sobre esa pre-cualificación a la luz de la declaración de culpabilidad de Santamaría Torres.

Por otro lado, según fuentes, el contratista mantiene vigentes sus relaciones con personas en el liderato del PNP, como se evidenció en las primarias para la presidencia del partido en Cidra celebradas el 7 de agosto pasado. El evento resultó en una consolidación de la influencia de Santamaría Torres en el municipio donde todo comenzó para él y Waste Collection, ya que fue alló que, siendo asesor legal del exalcalde Javier Carrasquillo Cruz, ejecutó con él el plan para preparar el contrato de recogido de desperdicios sólidos y, a la hora del municipio otorgarlo, se pasó de lado y se convirtió en el suplidor de los servicios a través de Waste Collection.

En el evento Santamaría Torres no solo quedó retratado mientras saludaba al representante, y exvicepresidente de la Cámara, José "Pichy" Torres Zamora, sino que el que resultó electo presidente del partido, Delvis Pagán, fue ayudante de Carrasquillo Cruz y su vicepresidente es Christopher García Figueroa, un exempleado de Santamaría Torres. García Figueroa aparece en los registros de la Oficina del Contralor Electoral donando en la campaña del 2020 al exalcalde de Guaynabo, y acusado federal por recibir sobornos de Santamaría Torres, Ángel Pérez Otero ($2,500) y al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia ($2,800).

Por su relación con Santamaría Torres, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) inició una pesquisa contra Carrasquillo Cruz por posible aprovechamiento ilícito, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y soborno, pero la semana pasada decidieron acoger una solicitud del fiscal investigador, Manuel Núñez Corrada, de paralizar el caso porque el que sería su testigo principal, Santamaría Torres "se encuentra bajo la custodia del FBI" como testigo cooperador en la racha de casos que la fiscalía federal ha presentado contra alcaldes, exalcaldes y funcionarios municipales sobornados los dueños de Waste Collection y J.R.

El prospecto de que se pueda construir un caso local contra Carrasquillo Cruz basado en el testimonio de Santamaría Torres se volvió más lejano el viernes pasado cuando el juez federal Raúl Arias Marxuach accedió a una solicitud de fiscalía federal para posponer indefinidamente las sentencias de este, Delgado Montalvo y el codueño de J.R., Raymond Rodríguez Santos. Esto sugiere que el proceso de cooperación de estos con el gobierno federal todavía está activo.

Vea:

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