Juez federal ordenó la paralización a la fiscalía en lo que resuelve petición de la defensa sobre una vista y la designación de un Comisionado Especial.

El juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, ordenó al gobierno de los Estados Unidos la suspensión temporera del procesamiento de evidencia privilegiada que viene de las cuentas de correo electrónico y un teléfono de los acusados en el caso Bancrédito.

La determinación llegó hoy en el contexto de la primera conferencia en el status en la que quedó claro que la voluminosidad de la evidencia que desarrolló el gobierno y las controversias sobre el acceso a la misma podrían atrasar el juicio notablemente. De hecho, el próximo evento en el caso será una conferencia de seguimiento que quedó señalada para marzo del año que viene.

La abogada Lilly Ann Sánchez, quien representa al banquero Julio Herrera Velutini pero habló también en nombre de los coacuados, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones, Mark T. Rossini, planteó al juez que hasta ahora han recibido 191,000 páginas de evidencia sin índice.

El exfiscal Luis Plaza Mariota, abogado de Vázquez Garced, abundó que, en lo que respecta a su clienta, a lo sumo solo el 1% de lo entregado tiene que ver con ella y que el gobierno les ha entregado evidencia que tiene que ver con campañas políticas, pero no con ninguno de los hechos que se imputa en el pliego acusatorio sobre el esquema de soborno que Herrera Velutini supuestamente armó para evitar la fiscalización de su banco en Puerto Rico, Bancrédito International Bank & Trust. El abogado hizo referencia a 24 grabaciones de audio y, de manera preventiva, dijo al juez que no quisieran ser objeto de una investigación por parte del gobierno si alguna de esa evidencia se filtra al público. Aludió también a una orden de registro en contra de su clienta en noviembre de 2020, cuando todavía era gobernadora, de la cual no han recibido información del gobierno.

La orden de paralización al gobierno para que detenga el cernimiento de evidencia privilegiada ocurre después de que el viernes los tres coacusados sometieran una moción advirtiendo que la fiscalía no les había dado suficiente claridad sobre cómo están evaluando las comunicaciones abogado-cliente que hay en la evidencia ya que parte de lo que la fiscalía hizo fue someter una treintena de requerimientos a proveedores de correo electrónico para que entregaran información de las cuentas de los acusados. A Vázquez Garced también le incautaron su teléfono celular.

Algunos de los remedios que pidieron los abogados fueron una vista para que el gobierno explique cómo se está manejando su «equipo de filtración», el que se supone esté compuesto por personas no relacionadas a la investigación que son los que están separando la evidencia que tenga comunicaciones abogado-cliente para mantenerla fuera del cúmulo de evidencia disponible a los fiscales. También, pidieron que el cernimiento no lo haga el «equipo de filtración», sino que lo haga un Comisionado Especial del tribunal o que lo hagan los mismos acusados.

El juez dijo que el gobierno debe contestar la moción para el 29 de noviembre para aclarar cuál es el protocolo del «equipo de filtración» y si alguno de sus miembros es empleado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Hasta que se resuelva la moción, no debe ocurrir más cernimiento de la evidencia por este equipo.

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