Abogados de Félix Verdejo defendieron la citación señalando que el testimonio del abogado Prado podía revelar actuaciones de la fiscalía que provocarían la anulación del juicio.

Al decidir que no procedía la citación que la defensa del boxeador Félix Verdejo Sánchez hizo para que compareciera como testigo el abogado Edwin Prado Galarza, el juez federal Pedro Delgado Hernández adoptó los argumentos de la fiscalía federal de que el episodio podía degenerar en un “minijuicio” o “espectáculo de feria” que no tenía nada que ver con la culpabilidad del acusado.

Prado Galarza fue el abogado inicial del cómplice cooperador, Luis Antonio Cádiz Martínez, y quien lo llevó a las autoridades federales dos días después del asesinato de la expareja del púgil, y madre de una criatura por nacer, Keishla Rodríguez Ortiz. Fueron preguntas del propio fiscal federal Jonathan Gottfried a dos testigos del gobierno las que provocaron la citación al abogado como testigo de defensa.

En interrogatorios a Cádiz Martínez y a su hermano, Ricardo Antonio, el jurado escuchó que el abogado le dijo a Cádiz Martínez que mintiera a los agentes federales para minimizar su responsabilidad en el crimen y escuchó que el hermano del cómplice le ofreció al abogado pagarle con un kilo de cocaína y que, en la misma noche en que estaban en la oficina del abogado, vio cómo este recibió dinero en efectivo de parte de Miguel “Miguelito” Santiago Laiz, padre de la pareja oficial de Verdejo Sánchez.

Al decidir en contra de mantener la citación de Prado Galarza, el juez no esbozó argumentos, sino que adoptó los que la fiscalía había sometido en mociones selladas. A solicitud de NotiCel, y con la anuencia de las partes, el juez ordenó la publicación de las mociones selladas.

Las mociones son cuatro, tres que sometió la fiscalía y uno que sometió la defensa, aunque también se hace referencia a una conferencia en el estrado que ocurrió el lunes y que sigue sellada. Según la fiscalía, en esa conferencia en el estrado, la defensa habría precisado que preguntarían a Prado Galarza sobre las instrucciones que dio a Cádiz Martínez, sobre si le ofrecieron pagarla honorarios con cocaína y si se le pagó algo por representar al cómplice cooperador.

Los abogados Jason González Delgado y Gabriela Cintrón Colón plantearon en su moción que la citación de Prado Galarza respondía al derecho constitucional del púgil a tener la mejor y más completa defensa y a la función que tiene el juicio como un mecanismo para llegar a la verdad que los jurados deben aquilatar para emitir su veredicto. Enfatizaron que su decisión de citar al abogado “es consecuencia de la decisión (de la fiscalía) de seguir adelante en este caso con el testimonio de un testigo que ellos sabían que había mentido bajo juramento”, en referencia a Cádiz Martínez.

Al defenderse de la alegación de fiscalía de que pretendían traer prueba extrínseca, o no relacionada con los hechos del caso, para impugnar la credibilidad de un testigo, la representación del boxeador planteó que no serían materias extrínsecas sino que someterían al abogado “preguntas puntuales y específicas sobre lo que dijo Cádiz Martínez en cuanto a las instrucciones que Prado Galarza supuestamente le dio para que mintiera al gobierno (de los Estados Unidos) y el gran jurado”.

“Como resultado de esto, hay dos escenarios posibles. O Prado Galarza niega que instruyó a Cádiz Martínez a mentir al gran jurado sobre la participación de Verdejo Sánchez en el delito por el que se le procesa, o Prado Galarza admitirá que instruyó a un testigo a mentir al gran jurado y el gobierno está consciente de que utilizaron testimonio perjuro, lo cual ameritaría la anulación del juicio”. “En cualquiera de las alternativas, le compete al jurado determinar cuál credibilidad, si alguna, le dará a Cádiz Martínez de que mintió como se le instruyó”, añadieron.

En sus ripostas, los fiscales Gottfried y Jeanette Collazo, insistieron en que a la materia le aplicaba directamente un precedente del Primer Circuito de 1997 sobre el testimonio de un abogado en un caso de fraude bancario (US v Mulinelli-Navas) y que ese precedente no permitía la citación de Prado Galarza. Además, recalcaron todas las maneras en que la citación del abogado podía desviar el juicio contra Verdejo Sánchez hacia asuntos que no son pertinentes al punto de que se convertiría en un “minijuicio” sobre Prado Galarza o en una “atracción de feria” que confundiera o distrajera al jurado.

Los fiscales subrayaron que, por sus propias preguntas, Cádiz Martínez admitió que mintió porque quería proteger a su hermano y por instrucciones de su abogado para minimizar su responsabilidad en los delitos. También, detalló en qué aspectos había mentido, a saber, cuando dijo que fue el acusado el que haló el pelo de la víctima cuando esta entró en su guagua, dónde habian dejado el vehículo de la víctima mientras la tiraban a la laguna y quién había disparado el arma del acusado a la laguna. Los abogados defensores tuvieron oportunidad de hacerle un contrainterrogatorio sobre esas mentiras y esto debe ser suficiente para efectos del juicio, dijeron los fiscales.

Para persuadir al juez, los fiscales advirtieron de lo delicado que resultaría llamar como testigo a un abogado para testificar sobre un cliente de quien no hay prueba que haya hecho una renuncia total a su privilegio de abogado-cliente; para que ese abogado enfrente preguntas potencialmente incriminatorias; para entrar en asunto que no son centrales a los hechos del juicio, sino colaterales; y, en este caso, con potencial de atrasar el juicio por problemas de salud del abogado citado. Añadieron que el testimonio de Prado Galarza podría provocar que ellos llamen a otros testigos de refutación.

Por otro lado, le argumentaron al juez que había “hechos centrales” que no están controvertidos en el testimonio de Cádiz Martínez.

“Esos hechos centrales, consistentes, incluyen: que Verdejo Sánchez y Cádiz Martínez planificaron el asesinato, que Verdejo Sánchez dio un puño a la víctima y le inyectó (droga) después de que ella abordó (la guagua del acusado), que Verdejo Sánchez y Cádiz Martínez amarraron a la víctima, que Verdejo Sánchez y Cádiz Martínez tomaron el carro de la víctima después de que la habían atacado, que Verdejo Sánchez y Cádiz arrojaron a la víctima desde el puente (Teodoro) Moscoso, que Verdejo Sánchez tenía una pistola que fue usada para disparar en la laguna (San José), y que Verdejo Sánchez saltó al agua para acabar de asesinar a Keishla”, martillaron los fiscales.

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