La jueza presidenta del Tribunal Supremo se presentó en el panel “Somos Nosotras: El derecho contra la violencia doméstica”, organizado por Ayuda Legal Puerto Rico en la semana de la mujer.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, definió el aumento de casos de violencia económica a las mujeres como una “pandemia escondida dentro de la pandemia de violencia de género”.

Estas expresiones fueron emitidas en la celebración del panel “Somos nosotras: El derecho contra la violencia doméstica”, organizado por Ayuda Legal Puerto Rico en la semana de la mujer.

La violencia económica es aquella conducta que limita la capacidad financiera y la estabilidad económica a una persona. Las víctimas pueden recibir desde amenazas, restricción o privación de cuentas o de información financiera y todo lo relacionado a la seguridad económica de un hogar.

Esta violencia, de acuerdo con profesionales que participaron del panel, se ve muy a menudo en mujeres que dependen financieramente de su pareja.

“Es una pandemia escondida dentro de la pandemia de violencia de género y hay que darle visibilidad, y que mecanismos tenemos para encaminar pasos de acción… agradeciendo también (a Ayuda Legal PR) por promover la legislación el año pasado …me atrevo a decir que Puerto Rico debe ser de las primeras jurisdicciones que lo incorpora a nivel estatal”, expresó Oronoz.

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La legislación a la que hace referencia Oronoz fue al Proyecto del Senado 865 que enmienda la Ley 54, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, para reconocer la violencia económica como una forma de violencia doméstica.

La medida, que ya fue convertida en ley, menciona que desde el 2013 hasta el 2021 se registraron más de 130 feminicidios íntimos en el país, y otras 57 muertes sospechosas bajo la investigación.

Mientras que en lo que va de año 2024, el Negociado de la Policía tiene registrado seis feminicidios. Cinco de estos, feminicidios íntimos y uno familiar.

El mismo proyecto de ley también destaca y reconoce que la violencia económica es una forma de violencia doméstica que afecta negativamente a las mujeres y sus familias.

“¿Dónde estamos?, bueno, yo no estoy segura si la situación de violencia de género ha incrementado, creo que es parte del problema que tenemos, mirando las estadísticas es que realmente hay tanto, así que no se si los números que hay es la totalidad porque obviamente sabemos que hay más personas acudiendo a distintos foros a denunciar la violencia. Lo que sí puedo decir es que hay más conciencia en el país de no solamente lo que implica la violencia de género…”, continuó la jueza presidenta.

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Oronoz fue enfática en que la judicatura cumple con los reglamentos para resolver los casos de violencia de género. Los comentarios llegaron ante la incomodidad que se ha tenido anteriormente a raíz en que acciones tomadas por jueces han provocado, de manera directa o indirecta, la muerte de una persona.

“Es un problema multifactorial increíblemente complejo y creo que tenemos que conocer las complejidades y discutirlas. Esto no se resuelve con más adiestramientos, no se resuelve en las escuelas de derecho, no se resuelve con curitas ni con medidas superficiales. Se necesita que todos nosotros hagamos un poco de sacrificio, dialoguemos, veamos donde están las trabas más inmediatas que podemos atender…Si cada persona de esta audiencia, si cada persona que está afuera de este salón no asume su propia responsabilidad del tema, cómo somos promotores de que el Estado se mantenga en la misma situación, se comienza con la acción, la diligencia, en contribuir…”, se defendió.

Uno de los casos más recientes y más mediáticos fue el de Karla Rodríguez Ares, de 35 años, quien fue asesinada a manos de su exnovio Víctor Manuel “Vitín” Ramos. La joven había ido al tribunal en busca de protección, pero la jueza Yarissa Santiago San Antonio, determinó no causa en la vista por un segundo cargo de maltrato agravado bajo la Ley 54.

A pesar de que Rodríguez Ares tenía una orden de protección vigente, este instrumento legal no fue un impedimento para ser asesinada.

Tratar casos de violencia género o violencia doméstica, para Oronoz, no siempre la judicatura será la mejor opción. La jueza presidenta dijo que hay ocasiones que se debe considerar otros mecanismos.

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“Tenemos muchísimo camino por recorrer, pero quizás no siempre el tribunal es la mejor opción. Esta situación, con estas partes en particular, con este agresor y esta víctima, ¿el mejor camino es ir al tribunal? Puede que sí y puede que sea que no y traigo un ejemplo: un niño abusado sexualmente, en ocasiones el bienestar de ese niño no es ir a vistas o a entrevistas y teniendo que enfrentar a su agresor o su agresora. Pues, en ocasiones, por el bienestar de ese niño, se debe tramitar de otra manera…”, sostuvo Oronoz.

La jueza presidenta también comentó en varias ocasiones que los jueces cumplen con sus capacitaciones compulsorias sobre violencia de género, aunque no todas son obligadas.

Promueven más enfoque en la violencia económica

Yanira Reyes, profesora de la facultad de Derecho en la Interamericana, abundó en el panel sobre la necesidad de que se trabaje más por la violencia económica ya que, hace falta más visualización entre los puertorriqueños.

“En términos de la desigualdad, tenemos que hablar no solo del acceso al poder, sino también de la estructura económica y en Puerto Rico y en todas las partes del mundo, tenemos que observar como las mujeres en particular están en una situación económica que la pone en una situación de vulnerabilidad”, explicó.

“Por ejemplo, en el 2022 se presentó un estudio del perfil de las mujeres en Puerto Rico, demostrando que el 52% de las familias que están lideradas por mujeres, están bajo los niveles de pobreza. Sin embargo, cuando ese dato se les añadía a mujeres jefas de familia, pero que tenían hijos menores de 18 años, ese número aumenta a 70.6%…y muchas de las razones por las que las mujeres están bajo una situación de pobreza, tiene que ver con las responsabilidades que tienen”, continuó.

Ayuda Legal PR y su presidenta Ariadna Godreau Aubert, también añadió a su panel al director ejecutivo de la Academia Judicial, Manolo Nuñez Negrón y a la licenciada Verónica Rivera Torres, abogada comunitaria de Ayuda Legal PR, quienes también compartieron sus posturas.