La fiscalía pidió 18 meses para reconocer el valor de la cooperación, pero el juez tomó en cuenta lo extenso de la conducta del contratista y su explotación de posiciones de influencia pública y política para beneficio propio.

El juez federal Raúl Arias Marxuach sentenció a 30 meses de cárcel, casi el doble de lo que pidió la fiscalía, al contratista Oscar Javier Santamaría Torres, al resaltar que tenía oportunidades para vivir muy bien con su amplia educación, pero escogió aprovecharse de influencias políticas para convertirse en el «paradigma de un inversionista político que abusa de su acceso».

Santamaría Torres, de 51 años, tiene hasta el 2 de mayo para entregarse y enfrenta multa de $100,000. Adicional, cuando se declaró culpable en noviembre de 2021, aceptó que se le confiscaran $6 millones que, según dijo en declaraciones escritas en ese momento, son “una confiscación del 100% de las ganancias adquiridas ilegalmente”.

El abogado y contratista fue el eje de un esquema de sobornos a alcaldes de ambos partidos mayoritarios a cambio de contratos públicos de desperdicios sólidos y de asfalto. Solo tuvo que testificar en el juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, pero el fiscal Nicholas Cannon le atribuyó haber sido instrumental en el procesamiento de 14 casos de corrupción.

Esa cooperación está detallada en una moción que de ordinario es pública pero se radicó confidencialmente en la que el gobierno federal solicitó al juez que ejerciera su discreción para darle una sentencia de 18 meses. La abogada de defensa, María Domínguez Victoriano, pidió entre 12 y 18 meses, pero el juez no aceptó todos los argumentos del gobierno y concluyó que las circunstancias del caso y del acusado realmente se ajustaban para una sentencia entre 27 a 33 meses.

Todos estos rangos de sentencia discutidos son, de hecho, menor a los cinco años máximo que Santamaría Torres aceptó cuando se declaró culpable. Y por ahí empezaron las objeciones del juez Arias Marxuach a las solicitudes de clemencia que hicieron fiscal, abogada, acusado y su esposa.

La fiscalía permitió que se declarara culpable por el mínimo de los delitos que había cometido solamente con su esquema de corrupción en Cataño. Pero el informe del oficial probatorio detalla toda la conducta delictiva que Santamaría Torres confesó. “[Su] cooperación sustancial ya fue recompensada”, dijo el juez al resaltar esa concesión de fiscalía del menor de los delitos. Entonces, subrayó la “trayectoria larga de activismo político” del convicto que incluyó asesorar a legisladores, agencias y pertenecer a la junta de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

“Estas son actividades legítimas, pero, basado en el récord, fue el paradigma de un inversionista político que abusa de su acceso… por codicia desenfrenada”, declaró el juez.

Arias Marxuach especificó también que el cálculo de conducta criminal de Santamaría Torres bajo las guías de sentencia era el mayor de cualquier acusado en la redada de funcionarios públicos contra quienes cooperó.

“Una red de corrupción que fue mucho más allá de Cataño”, comentó al recalar sobre otros dos detalles. Primero, que Santamaría Torres, con sus bachilleratos y maestría en Derecho, tiene más preparación que el 99.9% de los acusados federales. “Destrezas y experiencia para poder ganarse la vida muy bien y honestamente en Puerto Rico”, opinó.

Además, sostuvo el juez que la cooperación de Santamaría Torres no fue un acto voluntario. “No fue que vio la luz, fue que el FBI le tocó la puerta”, comentó.

Antes del dictamen, todas las demás partes en la sala le pidieron clemencia al juez.

Cannon contó que, como parte de la preparación del juicio de Pérez Otero, le mostró un video encubierto en el que aparece dando dinero al exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, “el amigo que lo traicionó”. La reacción del convicto fue de “vergüenza genuina”. “Me dijo, ‘esto no es o qué yo soy, no es para lo que me criaron’”, relató el fiscal.

Su abogada defensora resaltó que la cooperación de Santamaría Torres fue “robusta” y que tuvo un “valor extremo” para el gobierno. También, leyó la carta de una doctora a quien su cliente rescató de su vehículo, junto a sus dos hijas menores, durante unas inundaciones, a pesar de que la mujer estuvo una hora pidiendo ayuda y nadie más se detuvo a ayudar. Como abogado, proveyó servicios a gente que no podía pagarle, aseguró, al resaltar también que mantuvo un perfil bajo sin contestar las “alegaciones salaces” que se hicieron en la prensa sobre su persona. Sus contratos públicos, refrendó Domínguez Victoriano, eran los de menor costo para el erario.

La esposa del convicto, Noelia Santos, también consumió un turno para enfatizar los “desafíos y dificultades” que han tenido como familia por el proceso “torturante”. Detalló que la familia la componen tres hijas de un matrimonio anterior de él, dos hijos de un matrimonio anterior de ella y un hijo de cuatro años que tienen en común. “Es su superhéroe”, dijo sobre la relación del menor con su padre.

Finalmente, el propio Santamaría Torres aprovechó para desahogarse después de dos años y medio de discusión pública con relación a su caso.

Lo peor, dijo, ha sido darse cuenta de que “le fallé a mi familia” y que impactó negativamente a “amigos, examigos y a la sociedad en general”. “Estoy avergonzado de mis actos. He perdido todo… compañías que trabajé duro para crear en los pasados 20 años, decenas de millones (de dólares), todo perdido por mis acciones”. Se lamentó también de los golpes que ha recibido en la discusión pública “cuando estaba abajo y no me podía defender”.

“Nunca volveré a hacer algo como esto, se lo prometo su señoría”, exclamó al agradecerle la “oportunidad para buscar la redención”.

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