El eje de la redada federal de corrupción pública más grande de los últimos años comparecerá para sentencia ante un juez que se ha mostrado intolerante con empresarios que delinquen con funcionarios.

Saltó a la conciencia pública apenas hace menos de tres años, pero Oscar Javier Santamaría Torres lleva décadas a la sombra del poder gubernamental en Puerto Rico maniobrando y amasando una fortuna de millones construida a fuerza de influencias políticas.

Todavía hoy, cuando está a punto de escuchar su sentencia después de declararse culpable por actos de corrupción a nivel federal, lo que se le conocen son algunas hojas del libro de su vida.

Como parte de un acuerdo, fiscalía y defensa se comprometen a solicitar al tribunal 60 meses de cárcel y multa de hasta $250,000, pero el juez Raúl Arias Marxuach mantiene discreción para más o para menos.

Su cooperación con las autoridades federales ocurrió casi completamente a puerta cerrada. Solo tuvo que someterse al récord público una vez, cuando compareció como testigo en el juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, para un interrogatorio que no entró mucho en su trayectoria.

Como ocurrió con su pupilo, el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, probablemente el mismo jefe de fiscales, W. Stephen Muldrow, defienda la cooperación de Santamaría Torres ante Arias Marxuach para conseguir la sentencia más leniente posible.

El juez se ha mostrado intolerante en sus sentencias relacionadas a esta trama de corrupción. “El Cano” no quería pisar la cárcel y se llevó un año. Antes de eso, el contratista Raymond Rodríguez Santos, quien era codueño de J. R. Asphalt, pidió cumplir en su casa y se llevó 30 meses de cárcel, a pesar de que la fiscalía se allanó a cualquier cosa por debajo de los 24 meses.

Las circunstancias de Santamaría Torres están más cerca de Rodríguez Santos que de Delgado Montalvo porque ambos son contratistas, ambos cooperaron desde el principio y ambos están mencionados de alguna manera en los casos de la decena de funcionarios que ayudaron a procesar, incluyendo grabándolos mientras les entregaban pagos ilegales a cambio de contratos públicos. “Para bailar tango hacen falta dos, el que da el soborno es tan corrupto como el oficial que lo recibe”, dijo Arias Marxuach en la sentencia de Rodríguez Santos.

Como ocurre con todos los cooperadores, los linderos de lo que va a suceder en la sentencia están bastante marcados desde el principio, desde el acuerdo que firmó el 30 de noviembre de 2021. Allí, y a pesar de todos los municipios en los que operó corruptamente, a Santamaría Torres solo se le presentó un cargo de conspiración para soborno con fondos federales por lo que hizo con Delgado Montalvo entre 2017 y 2021.

Aún delimitado de esa forma, la enormidad de su conducta ilegal asombra. En ese tiempo, habría pagado a Delgado Montalvo $2,000 semanales, unos $406,000, para conseguir $9.5 millones en contratos a través de tres empresas. En un proceso separado contra dos testaferras que Santamaría Torres tenía al frente del contrato para el CDT de Cataño se dijo al tribunal que el municipio pagaba $189,000 mensuales por los servicios y el convicto se quedaba con $30,000 sin hacer nada.

Una pista de toda la conducta que se le perdonó está en que el acuerdo consigna una devolución de $6 millones, lo que el contratista describió como “una confiscación del 100% de las ganancias adquiridas ilegalmente” en unas expresiones escritas que emitió tras declararse culpable. Cuando compareció como testigo contra Pérez Otero, admitió que negoció con fiscalía que el cálculo de contratos involucrados en el esquema era de $50 millones, de los que $10.2 millones serían ganancias de las corporaciones y $2.5 millones ganancias personales.

Santamaría Torres nació en Bucaramanga, municipio colombiano donde estuvo hasta los 12 años. Una tía y su esposo puertorriqueño, militar de Yauco, lo adoptaron a los nueve años y lo llevaron a Alemania, específicamente la base en Gelnhausen. Allí estuvo hasta los 16, cuando se mudó a Yauco con su abuela paterna. Estudió en el Colegio Ergos, de Ponce, y los grados 11 y 12 los hizo en la escuela pública de Yauco. Pasó a la Universidad de Puerto Rico con una beca de fútbol.

Se comenzó a involucrar con la política en 1995 y, después de trabajar en el Banco Santander, entró en la Cámara de Representantes en 1997 en la oficina de Joel Rosario Hernández, legislador del Partido Popular Democrático (PPD). Se cambió al Partido Nuevo Progresista (PNP), donde estuvo, según una fuente, en la órbita de Thomas Rivera Schatz junto con Javier Carrasquillo Cruz, futuro alcalde de Trujillo Alto. Tras graduarse de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, representó al PNP y sus candidatos en casos electorales y luego prestó servicios de derecho laboral a municipios.

Amasó contratos legales públicos a través de los bufetes Law Affairs, Law Max y a título personal. Llegó a tener una treintena de abogados a su disposición. También, desarrolló la práctica de dar donativos políticos sin usar su nombre, con el propósito expreso de no figurar en las listas públicas de donantes. De la misma manera, y como confesó en su testimonio, se volvió un experto creando corporaciones que utilizaba para distintos propósitos.

Ese andar lo llevó a crear la empresa de desperdicios sólidos Waste Collection en 2012. Siendo asesor legal del alcalde Carrasquillo Cruz en Cidra, el mismo alcalde cabildeó en la Legislatura Municipal para conseguirle el contrato de desperdicios sólidos, el primero de la empresa. Santamaría Torres desvinculó a Carrasquillo Cruz de toda conducta delictiva en ese trámite pero, a la vez, confesó que le dio $15,000 en donativos políticos, cantidad que sobrepasa el límite legal.

Habiendo entablado amistad con Rodríguez Santos a través de Noé Marcano, exalcalde de Naguabo, Santamaría Torres llegó a Aguas Buenas con Waste Collection y allí accedió a su primer pago de soborno a cambio de un contrato. El exalcalde del PPD, Luis Arroyo Chiqués, se declaró culpable y cumplió cárcel por ese trámite ilegal, pero su abogado involucró directamente a Carrasquillo Cruz en el esquema para que el sucesor penepé de Arroyo Chiqués en la alcaldía, Javier García Pérez, aceptara darle continuidad al contrato. García Pérez también se declaró culpable de coger dinero a cambio del contrato.

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Así, Rodríguez Santos y Santamaría Torres, comenzaron una serie de pagos ilegales que involucraron, de ambos partidos mayoritarios, a alcaldes, directores de Obras Públicas y un vicealcalde. En ese periodo que comenzó en 2017, el expresidente cameral penepé, Carlos Méndez Núñez, había designado a Santamaría Torres como su representante ante la junta de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Desde esa atalaya privilegiada, el convicto ganó acceso a información financiera de municipios y la aplicó a su modelo de negocio de proponer a los alcaldes unos precios oficiales por recogido de basura que eran menores que la competencia y, a la vez, los sobornos.

El otro codueño de J. R. Asphalt, Mario Villegas Vargas, dijo al tribunal a través de su abogada que Santamaría Torres y Rodríguez Santos conformaron un grupo de comerciantes y profesionales a quienes les procuraban contratos municipales a cambio de pagos ilegales.

El éxito de esta empresa ilegal continuó de esa forma hasta que el 3 de mayo de 2021, en la oficina de su abogada, tres fiscales federales y dos agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) le hicieron una presentación de dos horas sobre toda la prueba que tenían en su contra, incluyendo fotos en las que aparece dándole dinero a Delgado Montalvo, a quien había acogido bajo su ala desde mucho antes de que fuera alcalde y a quien manejaba como un pupilo.

Le dieron dos horas para que pensara si quería cooperar o enfrentar acusación y, tras consultarlo con su abogada y con su esposa, Noelia Santos Rodríguez, decidió cooperar. Estuvo cinco días contando al FBI lo que sabía y, de inmediato, se alambró y comenzó una serie de tres grabaciones encubiertas que el gobierno usó para acusar a Pérez Otero.

La sentencia que recibirá, después de varias posposiciones, supone que su cooperación terminó y que ya no se esperan más acusaciones como resultado de lo que contó a las autoridades. Esto es la práctica aunque, legalmente, todavía después de sentenciado puede dar cooperación adicional a cambio de que el gobierno pida que se le reduzca la condena.

Cuando se declaró culpable, dijo que se desvinculaba de las empresas involucradas en el esquema, pero hay suficientes indicios de que sus actividades comerciales no han terminado y que, incluso, sigue vinculado a las empresas que quedaron en manos de colaboradores y de su esposa.

Por ejemplo, a través de su hija intentó desarrollar un negocio de cannabis medicinal que llegó a tener permisos preliminares, pero no los finales. En la pelea de la empresa Saint Mary Investment LLC por los permisos, el Tribunal de Apelaciones llegó a determinar que Santamaría Torres mintió al gobierno sobre la fecha del traspaso de la empresa a manos de su hija y esposa.

También, en medio de una reclamación civil por un accidente de tránsito que provocó en 2019, se le planteó al tribunal que Santamaría Torres y su esposa se confabularon con Waste Collection y otra empresa relacionada, Waste Enterprises, para transferirle a la esposa el título de una residencia en la urbanización San Patricio en Guaynabo como un “pago en especie”.

Los demandantes entienden que el traspaso fue un intento de esconder activos con los que Santamaría Torres podría responder por los daños que causó en el accidente porque tiene capitulaciones con su esposa. El traspaso fue después de que los demandantes desestimaran contra la esposa, un mes después de la declaración de culpabilidad y dos meses después de la fecha en que Santamaría Torres supuestamente dejó de tener posiciones en Waste Collection.

Después de su sentencia, Santamaría Torres tiene una cita el 11 de septiembre para el inicio del juicio civil por la demanda que le entabló el municipio de Cataño con la intención de recobrar el dinero que le pagaron mediante los contratos que obtuvo en el esquema ilegal con el exalcalde. Las partes intentaron llegar a un acuerdo, pero el convicto ofreció muy por debajo de lo que el gobierno municipal quiere recobrar. Sería la primera reclamación que llega a juicio de varias que Cataño sometió contra las empresas que tuvieron negocios corruptos con “El Cano”. Ningún otro municipio involucrado en los esquemas ha sometido reclamaciones similares.

“Deseo desde lo mas profundo de mi corazón enmendar mis faltas y restituir el daño causado pagando por mis errores como corresponde”, dijo Santamaría Torres en diciembre de 2021 tras declararse culpable.

“Yo era un experto creando compañías, yo sé crear compañías”, exclamó el convicto en marzo de 2023 durante su testimonio en el juicio contra Pérez Otero. “[A]hora mismo, la isla completa tiene oportunidades”, aseguró con brillo en los ojos. En ese testimonio, defendió que el Código Municipal permite a los alcaldes negociar directamente con un suplidor para el recogido de basura. A pesar del escándalo que destaparon las autoridades federales en 2021 con estos arrestos, todavía la Legislatura no ha cambiado esa disposición, por lo que todavía los alcaldes no tienen que rendirle cuentas a nadie por la selección de sus suplidores para el recogido de desperdicios sólidos.

Los políticos que recibieron donativos registrados oficialmente de parte de Santamaría Torres todavía no los han devuelto. No hay ley que les requiera hacerlo.

Santamaría Corp., una empresa de Santamaría Torres que no aparece con contratos públicos, pero que es una de las que recibía ingresos por negocios hechos mediante otros frentes corporativos, sigue activa y refleja un crecimiento de valor de $151,000 en 2010 a $2 millones en 2022.

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