La semana antes de convertirse en secretario del PNP, la OEG pidió que siga adelante la multa que le impuso al exalcalde de San Juan.

El nuevo secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), el exalcalde de San Juan, Jorge Santini Padilla, tiene pendiente una multa que le impuso la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por cobrar doble durante la emergencia del huracán María: como integrante de la Guardia Nacional (GN) y como contratista del Senado.

El caso tuvo movimiento en el Tribunal de Apelaciones apenas en las últimas dos semanas, justo antes de que ayer se anunciara su rol nuevo en el partido.

Primero, un panel de jueces apelativos emitió sentencia desestimando la querella por “total ausencia de prueba” y por entender que, por función de su activación en la GN, Santini Padilla no se convertía en funcionario público sujeto a la jurisdicción de la OEG.

Los paneles de jueces apelativos no se obligan unos a otros con sus decisiones, solo el Tribunal Supremo obliga. Pero la determinación del panel que atendió el caso del exalcalde contradice directamente a otro panel que en octubre del año pasado sostuvo una multa contra otro miembro de la GN al que también se le imputaron infracciones éticas durante la emergencia de María.

“Es forzoso colegir que el señor (Héctor) Vázquez Rivera, al ser activado para el Servicio Militar Activo Estatal en virtud de la Orden Ejecutiva, como funcionario del orden público automáticamente se convirtió en servidor público de la Rama Ejecutiva. Ello en conformidad a la definición de la (Ley de Ética) y, por lo tanto, la OEG tenía jurisdicción para atender los planteamientos en cuestión”, dijo el panel de octubre.

Al concluir que Santini Padilla no se convirtió en servidor público, el panel de su caso adujo que la situación de las activaciones en la GN “constituye una vaguedad en las definiciones de la Ley de Ética Gubernamental cuando estamos hablando de contratistas independientes que les vaya a cobijar las bondades y obligaciones de la referida Ley. Requiere que nuestras ramas hermanas de Gobierno establezcan claramente el alcance de la (OEG) sobre ciudadanos que no tengan un nombramiento de empleado bajo la nómina del Gobierno de Puerto Rico”.

En ambos casos, los soldados activados eran, a su vez, contratistas de otra dependencia de gobierno.

En una moción de reconsideración que sometió el viernes pasado, la OEG enfatizó al apelativo que había suficiente prueba y que los jueces habían obviado considerar que el Código Militar dice que “los oficiales y hombres alistados de las Fuerzas Militares de Puerto Rico en Servicio Militar Activo Estatal tendrán el carácter de funcionarios del orden público, con todos los poderes y obligaciones inherentes a tal carácter cuando el Gobernador así expresamente lo ordene o autorice”. Esto va con el texto de la orden ejecutiva que el entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, emitió y en la que indica que los militares serían activados con “carácter de funcionarios del orden público, con todos los poderes y obligaciones inherentes a tal carácter”.

En diciembre de 2024, la OEG multó a Santini Padilla por $4,000 (y restitución de $832.74) por cobrar bajo su contrato en el Senado en los mismos días y horas en que aparecía activado a tiempo completo en la GN.

En su pedido de reconsideración, Ética enfatizó que Santini Padilla había admitido y estipulado que recibió pagos del Senado cuando estaba activado en la GN y que ese cuerpo lo suspendió indefinidamente del servicio militar no activo efectivo mayo de 2019.

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