La exempleada del PPD en el ente electoral es esposa del administrador de tribunales y el pago de bonificaciones está referido para investigación.

La exempleada del Partido Popular Democrático (PPD) en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), licenciada Maialin Steidel Figueroa, reclamó a esa dependencia porque no se le incluyó en el pago de bonificaciones que autorizó la exjefa de la comisión y que ahora está referido para investigación en la Oficina del Contralor (OC) y la Oficina del Inspector General (OIG).

La pugna está evidenciada en una demanda que Steidel Figueroa sometió el jueves contra la CEE. Esa reclamación no es para conseguir que le paguen el bono, sino para conseguir información sobre esos pagos, por lo que es una demanda bajo la Ley 141 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Steidel Figueroa desistió de la solicitud, sin explicación, el mismo día que la sometió.

Pero en el récord de su solicitud, se divulga que ya la expresidenta alterna de la CEE, la jueza Jessika Padilla Rivera, le había negado administrativamente a la licenciada su reclamo del pago de la bonificación y que la exempleada pidió reconsideración de esa decisión. Steidel Figueroa es la esposa del juez administrador de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), Sigfrido Steidel Figueroa, y, según el documento, trabajó en la comisión principalmente de septiembre a diciembre de 2024 en la oficina de la comisionada electoral del PPD. Luego renunció en febrero de 2025.

Según publicó El Nuevo Día, Padilla Rivera autorizó el pago de una bonificación a 67 empleados exentos, incluida a ella misma. Al bono se le identificó como “pago único no recurrente a los empleados exentos” y consistió en entre 10% a 20% del salario del empleado. No está claro de cuál fuente salió el dinero para el pago y tanto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) solicitaron información sobre el mismo al ente electoral.

Padilla Rivera fue un nombramiento del Partido Nuevo Progresista (PNP) bajo el esquema del Código Electoral que faculta al partido que gana las elecciones a escoger al presidente y presidente alterno del ente electoral. Pero, tras el recién cambio de gerencia en la CEE, con un presidente y presidenta alterna nuevos, también nombrados por el PNP, el comisionado electoral de ese partido pidió que el pago de las bonificaciones fuera referido para investigación a la OC y la OIG, lo cual sucedió.

En su petición judicial, Steidel Figueroa planteó que la CEE le negó el pago porque, al momento en que se distribuyó el mismo no era empleada. Pero su representación legal argumenta que, si era de productividad por haber trabajado un periodo específico, entonces el pago se parece al Bono de Navidad y no debe depender de que la persona siga siendo empleada al momento del desembolso.

“La naturaleza del pago único como mecanismo de reconocimiento por ‘productividad, eficiencia y servicios extraordinarios’ impone un deber jurídico y ético ineludible y su adjudicación debe regirse por criterios racionales, objetivos y libres de arbitrariedad. Cuando se trata de valorar el mérito del servicio efectivamente prestado, la administración pública tiene la responsabilidad de asegurar que toda compensación extraordinaria se distribuya con justicia, transparencia y en estricto respeto al principio de equidad laboral”, expuso el abogado de Steidel Figueroa, Christian Francis Martínez.

La petición bajo la Ley 141 era que la CEE entregara: listado completo de todos los empleados (incluyendo personal gerencial y de confianza) que hayan recibido el pago (especificando nombre y puesto del empleado, porcentaje adjudicado o fórmula de cálculo, y cuantía total recibida); copia del memorando, certificación, resolución o instrucción administrativa que haya dispuesto los criterios de elegibilidad, evaluación o distribución del referido incentivo; listado de empleados o funcionarios (incluyendo gerenciales y de confianza) que hayan recibido el pago por servicios extraordinarios y que, posterior al evento electoral o a la adjudicación del incentivo, hayan cesado funciones o se hayan separado de la CEE. Al desistir, no quedó claro si la CEE le entregó la información.

Tras salir de la jefatura de la CEE, Padilla Rivera volvió a las funciones de su cargo como jueza superior, bajo la supervisión del administrador de tribunales.