La solicitud la presentó un suplidor de servicios de transportación que impugnó una subasta que ya el tribunal había anulado.

El Tribunal Supremo decidió el viernes referir al tribunal superior una solicitud para encaminar un proceso de desacato civil contra el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), también secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo.

La resolución no incluye opiniones y fue unánime, pero sin la participación de la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez ni el juez asociado Luis Estrella Martínez.

“Examinados los escritos presentados por las partes, se refiere este asunto a la Jueza Administradora de la Región Judicial de San Juan (Laura López Roche) para que sea atendido mediante un proceso de desacato civil”, indicó el Alto Foro.

El promovente del desacato es Transporte Sonnell LLC, quien no fue favorecido en un proceso de propuestas para operar y mantener ocho rutas que complementan al Tren Urbano. Mientras estaba pendiente la impugnación de este suplidor, la agencia contrató con el agraciado, First Transit.

Pero esa impugnación concluyó cuando el propio Supremo anuló el proceso y descalificó a First Transit, indicando que, si la agencia interesaba adquirir los servicios, tenía que volver a comenzar un proceso de evaluación de propuestas.

Ese nuevo proceso no se ha llevado a cabo, por lo que Transpote Sonnell recurrió al Supremo para indicar que la ACT estaba en desobediencia de su decisión porque mantenía contrato con un suplidor que fue descalificado. La propuesta de Transporte Sonnell fue $10 millones más cara que la de First Transit.

Tras la determinación del Supremo, la ACT ofreció una postura en declaraciones escritas que denotan que no ven razón para alterar su plan de acción original ni de suspender el contrato de First Transit, más allá de que reiniciaron un proceso de requerimiento de propuestas el 2 de mayo pasado que todavía está pendiente.

“La Autoridad continuará colaborando plenamente con el proceso judicial ante el Tribunal de Primera Instancia, confiando en que se confirmará la legalidad y transparencia de sus actuaciones”, indicaron al resaltar que el Supremo no le ordenó cancelar ese contrato, que el mismo “fue adjudicado legalmente” y que “se ejecutó en un momento en que no existía impedimento judicial alguno”.

“Durante este periodo, más de 1.18 millones de usuarios han recibido servicios de transportación sin interrupciones, gracias a las acciones responsables tomadas por la ACT para garantizar la movilidad ciudadana”, enfatizaron.

Vea:

Piden al Supremo un desacato contra director de ACT por contratar a suplidor descalificado