En un caso que ya está encaminado como una investigación criminal, una familia de Georgia sometió una demanda civil tras descubrir que su alquiler de corto plazo en Hatillo tenía tres cámaras de vigilancia ocultas.

Los detalles alrededor de un allanamiento realizado en febrero pasado en un alquiler de corto plazo en Hatillo quedaron expuestos en una demanda federal por $20 millones que sometió la familia de residentes de Georgia que descubrió tres cámaras ocultas en el espacio que alquilaron, así como otras dos cámaras en otro nivel de la propiedad.

El recurso legal describe el drama que vivió una pareja y sus dos hijos menores cuando, al cuarto día de su estadía, descubrieron los aparatos y cómo el plan de unos días de playa degeneró en trabajo detectivesco, insistencia para que las autoridades actuaran, confrontación física con los supuestos instaladores de las cámaras y pesadillas y ataques de pánicos tras confirmar que los habían grabado en la intimidad, incluyendo teniendo relaciones sexuales.

Los miembros de la familia solo están identificados por las siglas de sus nombres: Sra. G.P.M, Sr. E.R.R., y los menores A.R. y D.R., uno de estos es una niña de nueve años.

El 15 de febrero usaron la plataforma de la demandada, Airbnb, para alquilar los altos de una casa en la urbanización Mar Azul en Hatillo con dos cuartos y dos baños, a la cual llegaron dos días después, el 17. El día 20, la mujer fue al baño del pasillo para prepararse y salir a la playa. Entonces, se percató de que había un receptáculo de energía eléctrica alineado con el espejo del cual salía un reflejo. Al inspeccionarlo, notó un cristal redondo que parecía el lente de una cámara. Se lo dijo a su esposo pero este no le dio importancia porque pensó que era un reflejo de luz. La mujer, sin embargo, encontró el fenómeno también en un receptáculo de la alcoba matrimonial. El esposo volvió a minimizarlo y fueron a la playa.

G.P.M. pasó el día de playa buscando información en Google sobre cámaras ocultas y, a su regreso a la propiedad, el matrimonio decidió remover los receptáculos. En el primer intento, con el que estaba en el cuarto de la pareja, salió una caja negra con un cable, lo que los llevó a contactar inmediatamente a Airbnb y al 911. Tras media hora sin que los agentes llegaran al lugar, decidieron ir al cuartel a prestar una declaración. Eventualmente, llegaron oficiales a la propiedad que tomaron declaraciones adicionales, documentaron los aparatos con fotos, pero no los ocuparon.

La mujer escuchó las voces de otros huéspedes que ocupaban la unidad en los bajos de la propiedad a los que les informaron. E.R.R. inspeccionó esa unidad y encontró otras dos cámaras. Airbnb ofreció a la familia mudarse a otra propiedad cercana, la cual la familia primero inspeccionó para asegurarse de que no tuviera también vigilancia oculta.

El hombre hizo también su indagación y encontró que estos aparatos usualmente tienen tarjetas de memoria en los que quedan grabados los videos de vigilancia. Como todavía tenían acceso a la propiedad original, volvieron y encontraron tres de esas tarjetas, una para cada cámara detectada (una en la habitación principal y una en cada uno de los baños). Uno de los aparatos emitía una luz, como si estuviera siendo accesado remoto.

Al día siguiente del descubrimiento, la pareja procuró una computadora para examinar las tarjetas y encontraron miles de archivos de audio y video organizados por fecha. Entonces, “experimentaron un sentido profundo de violación” cuando se vieron grabados durante su estadía. Sus niños desnudos o con poca ropa y ellos dos, el matrimonio, teniendo relaciones sexuales.

Decidieron buscar los expedientes más antiguos y vieron imágenes del demandado, Armán Mateo Medina, el dueño de la propiedad y coanfitrión de la misma en Airbnb, aparentemente instalando y probando las cámaras, así como comprobando con su celular que recibía señal e imágenes desde los aparatos.

E.R.R. llamó a la Policía para informarle del hallazgo de las tarjetas y, tras varias horas de espera y de que uno de los oficiales se movilizara personalmente, obtuvieron una orden de allanamiento de un juez en el Tribunal de Arecibo. La huésped de la unidad inferior también encontró tarjetas de memoria en las cámaras de su espacio.

La odisea parecía que concluía, pero no.

Estando en la propiedad original, un vecino les alertó que había visto a Medina conduciendo cerca de la misma y, una hora más tarde, la huésped de la unidad en los bajos les alertó que dos hombres habían entrado a la casa. Al escuchar esto, el esposo corrió adentro y confrontó físicamente a Medina “arrastrándolo afuera”, provocando que uno de los oficiales los separara. Mientras el oficial estaba con Medina, el esposo confrontó también al codemandado, y coanfitrión de la propiedad en Airbnb, Yadiel Rodríguez. Entonces, una mujer salió de un auto que estaba estacionado cerca con una computadora portátil en mano y se insertó en la discusión. G.P.M. le dijo a su esposo que se retirara de la discusión y los codemandados se marcharon.

Luego de eso, la pareja entregó las tarjetas de memoria a la Policía y prestaron declaración en la Fiscalía de Arecibo. Al terminar en fiscalía, fueron a comer a un restaurante y, en el baño del lugar, la mujer experimentó el primero de los ataques de pánico relacionados con la experiencia. “Sobrecogida por la sensación de estar siendo vigilada, no pudo usar el baño”, indica el documento que sometió el licenciado José A. Morales Boscio.

Esa noche, ni el esposo ni la esposa pudieron dormir por las pesadillas que sufrieron. Al día siguiente, su hija comenzó a exhibir cambios de conducta también. Antes de irse de la isla, la pareja prestó testimonio también en la División de Delitos Sexuales de Arecibo y obtuvo una orden de protección en contra de Medina.

“La familia sigue bajo terapia al día de hoy”, se afirma en la reclamación sometida el martes pasado y en la que se pide compensación total de $20 millones por causas como violación a la intimidad y a las leyes federales de vigilancia electrónica, así como negligencia.

Airbnb ha prohibido las cámaras ocultas en las propiedades que se mercadean en su plataforma y se supone que las que haya en exteriores o áreas comunes estén divulgadas a los huéspedes. En este caso, la familia afirmó que el material que recibieron con la reserva no alertaba de la presencia de cámaras.

Las autoridades federales han dicho que cooperan con el aspecto criminal de este caso.

Para leer la demanda, pulse aquí.