La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia radicó hoy, martes, 26 cargos contra Carib 'el Palacio de los Ebanistas' y su presidente, Víctor Robles Marín, por no remitir retenciones del Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU) entre 2013 y 2017.

Los imputados tampoco presentaron planilla de contribuciones sobre ingreso de la corporación entre 2012 y 2015, y dejaron de presentar ciertas planillas de pago del IVU.

Durante dichos periodos estos retuvieron y no remitieron al Departamento de Hacienda 161,525.32 dólares en contribuciones. Esa cifra, junto a los intereses y las penalidades, podría ascender a $332,050 aproximadamente.

'El Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda trabajan mano a mano para investigar y procesar a todo aquel que retenga fondos del IVU y que no rinda planillas. Estas personas están actuando ilegalmente cuando retienen fondos que le corresponden al pueblo de Puerto Rico y afectan la prestación de servicios por la falta de recursos fiscales. La colaboración con el Departamento de Hacienda continuará para investigar aquellos que no cumplan con la ley', manifestó la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, en declaraciones escritas.

Los imputados enfrentan 26 cargos por: Dejar de Recaudar y Entregar en Pago la Contribución, o Intentar Derrotar o Evadir la Contribución (Sección 6030.12 del Código de Rentas Internas de 2011), y Dejar de Rendir la Planilla de IVU y Contribuciones Sobre Ingresos (6030.11 (d) del Código de Rentas Internas de 2011).

De ser encontrados culpables, se exponen a una pena fija de ocho años y un día en prisión por cada uno de los cargos.

La investigación comenzó gracias al Acuerdo de Colaboración entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Leilani Dominicci-Vázquez, de la División Delitos Económicos, en unión a la agente Lorraine Hernández y Yadira Figueroa del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda.

La jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Alfrida Tomey Imbert, encontró causa probable para arresto por todos los cargos. Impuso una fianza global de $260,000. La vista preliminar fue señalada para el 12 de febrero de 2018.