La Universidad de Puerto Rico (UPR) ha utilizado cerca de $7 millones de dólares de la línea de credito del Fondo Operacional con el Banco Gubernamental de Fomento para mantener las cuestionadas compensaciones de tres investigadores que fueron señalados por la National Science Foundation (NSF) y que provocaron la suspensión de los fondos desembolsados a la institución.

Tras 10 meses de la acción tomada por la entidad, la institución universitaria aun no ha podido demostrar que ha tomado las acciones correspondientes para remediar los señalamientos relacionados con la evidencia de tiempo y esfuerzo desempeñado en las tareas de investigación.

Mientras, los investigadores continúan recibiendo las cuestionadas compensaciones, que rondan los $300,000 anuales.

Manuel Gómez, director del Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería (CRCI) de la Administración Central; Brad Weiner, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras, y Gerardo Morell, se mantienen a cargo de sus investigaciones, intactos en sus posiciones y no han sido responsabilizados por la institución por el señalamiento de mal manejo de los fondos.

Además, la UPR ha asumido los gastos legales de sobre $300,000 en un período de ocho meses del bufete Drinker, Biddle <><><><><><><><>& Reath, especializado en casos de crimen de cuello blanco, para la representación de los investigadores que tendrán que rendir cuentas ante el inspector general de la NSF, según denunció la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Lida Orta./p

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En la carta que cursara el 1 de febrero de 2013 el Oficial de Subvenciones y Convenios de la NSF, Jamie French, se le notifica al presidente de la UPR, Miguel Muñoz, que la documentación provista por la institución no es suficiente para comprobar que se ha implementado un sistema confiable que registre el esfuerzo y tiempo empeñado por los investigadores. Por tal razón, se mantuvo la suspensión de las subvenciones./p

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En la misiva en la que se anuncia la visita de representantes de la entidad en algún momento durante los próximos dos meses, se deja claro que 'independientemente de las operaciones ya evaluadas, es su responsabilidad (de la UPR) demostrar a la NSF que su sistema de tiempo y esfuerzo es confiable'./p

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Durante su evaluación en la universidad, NSF evaluará la documentación sobre tiempo y esfuerzo relacionada con otros proyectos financiados por otras entidades./p

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Ante la incapacidad de la administración universitaria en corregir los errores señalados en abril de 2007, la asamblea general de la APPU reclamó la renuncia de Muñoz 'por su incompetencia para proteger y defender la labor de la docencia, servicio e investigación; y por su continuo menosprecio hacia los docentes en el sistema universitario'.

La presidenta de la organización resaltó la utilización de cerca de $7 millones provenientes de la línea de crédito del Fondo Operacional con el Banco Gubernamental de Fomento para 'cubrir los gastos relacionados a los programas de investigación financiados por la NSF incluyendo los gastos y servicios profesionales relacionados a tales investigaciones, así como los gastos necesarios para demostrar cumplimiento con la NSF, hasta que se restaure el acceso a esos fondos', según se lee en la Certificación 27, 2012-2013 de la Junta de Síndicos.

Fragmento de la Certificación 27 2012-2013 de la Junta de Síndicos de la UPR.

Si se levanta la suspensión de NSF, estos fondos no serán renovados.

Si la UPR no logra convencer a la entidad federal sobre la utilización del dinero, el principal centro docente de Puerto Rico estaría perdiendo cerca de $17 millones. El efecto se multiplica al cuantificar el tiempo y esfuerzo ya invertido en las investigaciones que quedarían interrumpidas y los estudiantes, empleados y docentes que podrían quedar sin trabajo.

Se percibe, además, un duro golpe al prestigio de la universidad y a la posibilidad de seguir produciendo conocimiento científico para el país.