El cambio de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico propuesto por el gobernador Alejandro García Padilla aparenta ser un cambio cosmetico de nombre y una reversión del control del cuerpo rector a su favor.

Aunque el Proyecto del Senado 454 enviado por el Ejecutivo va a los fines de restituir la composición del cuerpo rector a 13 miembros – aumentada a 17 por la pasada asamblea legislativa-, mantiene en el gobernador el poder de nombrar nueve de sus miembros. Se establece que los miembros de esta propuesta junta de gobierno ‘tienen las responsabilidad de proteger a la Universidad de intervenciones partidistas’. Pero el mismo proyecto dispone que ‘una vez comience a regir esta ley, quedarán terminadas las funciones de todos los miembros de la Junta de Síndicos, con excepción del representante estudiantil y los dos representantes del personal docente’ y será entonces prerrogativa del gobernador la designación de un Comité para identificar, evaluar y recomendar candidatos.

Para el vicepresidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, Christian Arvelo Forteza, el proyecto sometido por el Ejecutivo es ‘lo que han hecho los pasados gobiernos de mantener el control de la UPR’.

El estudiante considera que hay que sacar a los actuales síndicos, ‘pero la solución no puede ser sustituir los azules por los rojos. Si hay un compromiso con la autonomía, que se sustituyan por miembros de la comunidad universitaria’.

La presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Lida Orta Anés, también ve con suspicacia el proyecto, pues aunque se aumente la representación de la comunidad universitaria con un puesto más para los estudiantes, ‘más que la cantidad final, lo que queremos es que haya una representación real’.

El proyecto de García Padilla establece que de los miembros a ser nombrados por el gobernador, uno será un profesional con amplio conocimiento en finanzas, uno deberá haber participado con distinción en el liderato social y comunitario, y cinco serán residentes destacados en saberes artísticos, científicos y profesionales. El secretario de Educación sería un miembro ex officio.

Para la profesora, el perfil presentado es acertado, pero permea la preocupación de quiénes serán los nombrados y quién los va a nombrar. Para conciliar en este aspecto, propone que la lista de nominados sea el resultado de diálogos en la comunidad universitaria y no personas impuestas desde el Ejecutivo, como es la costumbre y como se prevé será según este proyecto. ‘Mientras los candidatos sean identificados y nombrados por el gobernador, la política partidista va a seguir permeando en la Universidad’, acotó Orta Anés.

Tanto la profesora como el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), José Torres, cuestionaron que uno de los miembros pueda ser un ciudadano residente fuera de Puerto Rico.

‘Hay que ver qué entendimiento puede tener de la UPR una persona que no resida aquí. Además, en la situación económica que vivimos, tenemos que cuestionar quién costea los pasajes, las estadías… No estamos en estos tiempos para improvisaciones’, señaló Torres.

Encontronazo de proyectos

La propuesta surgida del seno del Ejecutivo viene a chocar en distintas instancias con el Proyecto del Senado 237 presentado por la senadora Mari Tere González a petición del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras de la UPR y sobre el que ya se celebraron vistas públicas.

El proyecto que fue redactado por el cuerpo representativo estudiantil mantenía la composición de la Junta de Síndicos en 17, pero aumentaba el número de estudiantes a tres, el de profesores a tres e incluía a otro miembro de la comunidad universitaria que pudiera ser un empleado no docente. De esta forma, la universidad quedaba representada en un 41%. En la propuesta del Ejecutivo, los miembros activos de la UPR compondrían un 31%.

(NotiCel)

Aleja la Reforma Universitaria

Uno de los puntos más relevantes del Proyecto 237 es la orden a la Junta de Síndicos a elaborar y remitir a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma universitaria que surgiera en consulta y común acuerdo de todos los sectores de la comunidad universitaria. Esto, dentro de un término de 18 meses a partir de la elección de los nuevos miembros de la junta.

Entendía, también, la Junta de Síndicos como una estructura provisional para la administración de la UPR hasta tanto se aprobara y se implementara la reforma universitaria. Esa reforma bien podría eliminar la junta o sustituirla por otro organismo, pero la decisión final, así como la composición, sería el resultado de diálogos intrauniversitarios.

En cambio, la Junta de Gobierno propuesta por el Ejecutivo se plantea como un organismo permanente. El proyecto enviado desde Fortaleza tampoco contempla explícitamente una reforma universitaria.