Becado presidencial atornillado a puesto en la UPR
Con docentes a punto de jubilarse y una mayor cantidad de estudiantes admitidos, profesores del Instituto de Relaciones Laborales (IRT) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han pedido que se abran plazas docentes para cumplir con las necesidades del programa.
Sin embargo, solo han autorizado la apertura de una plaza docente que no responde a un área de prioridad del programa, pero que ya está comprometida.
En una carta fechada el 2 de febrero de 2016, la decana de Asuntos Académicos del Recinto, Palmira Ríos, notificó al Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales que una nueva plaza docente sujeta a probatoria había sido aprobada para el IRT. Sin embargo, la plaza no requería una convocatoria abierta, pues ya estaba comprometida a un candidato que había recibido una beca presidencial.
Se trata del licenciado Arturo Ríos Escribano, quienfungieracomo profesor del Departamento de Gerencia de la Facultad de Administración de Empresas, y a quien se le otorgó una cantidad de $25,000 a través de la concesión de una beca presidencial para completar su doctorado en derecho en la Universidad Alcalá de Henares en España, con un enfoque en la solución de disputas en el área laboral.
Ríos Escribano, quien laboró bajo la administración de Alejandro García Padilla, como su principal asesor en asuntos laborales, ha rechazado que La Fortaleza lo haya apadrinado para la aprobación de la beca. Laboró como parte del Gabinete hasta el 28 de febrero del 2014, cuando renunció a su puesto por 'razones personales y familiares'.
El joven abogado ya ha manifestado que renunciará a su beca presidencial si una auditoría determina que se cometieron irregularidades durante el proceso.
Una resolución firmada por miembros del Comité de Personal del IRT, el cual se reunió el pasado 15 de marzo, denuncia que no fueron consultados para la evaluación y recomendación de los candidatos a becas presidenciales, incumpliendo con el proceso establecido por certificaciones del Senado Académico y con el protocolo del Decanato de la Facultad.
'El área de prioridad para el reclutamiento docente establecida y comunicada por el Decanato de Asuntos Académicos no corresponde de manera cabal e íntegra a las prioridades establecidas por el IRT en las convocatorias diseñadas y aprobadas en función de su Plan de Desarrollo', manifiesta la resolución.
Así que en la resolución, exigen que tanto el presidente de la UPR, Uroyoán Walker Ramos, como el rector Severino Valdez y la decana Ríos, informen a la facultad del IRT y a toda la comunidad universitaria el procedimiento que se efectuó para la concesión de las becas presidenciales durante el año académico 2015-2016, ofreciendo la 'debida justificación académica'.
Todo proceso de convocatoria, insisten, se debe hacer 'según dispone la reglamentación universitaria y fundamentado en el criterio de competencia libre' en aras de una 'sana administración'.
Por el contrario, la comunicación solo medió entre el Rector del Recintoy el exdirector interino del IRT, Juan Medina Rivera.
Además, aluden al precedente que sentó el propio Severino Valdez cuando ocupaba el puesto de decano de Ciencias Sociales, quien otorgó una beca presidencial destinada al Instituto de Cooperativismo, contando con el aval del Comité de Personal de dicho Departamento, así como la directora del Instituto de Cooperativismo, y los demás cuerpos gerenciales.
Por último, reclaman que se les autorice de forma urgente a abrir un proceso de reclutamiento para las tres plazas docentes correspondientes al rango de catedrático auxiliar en áreas previamente identificadas como prioritarias para la Facultad, debido a la jubilación de profesores de su plantilla regular, y la admisión de un mayor número de estudiantes al programa.
'Se rechaza enérgicamente cualquier intento de imposición de imposición de candidatos a puestos docentes, por contrato o de becas presidenciales, sin efectuarse un proceso abierto, transparente y competitivo de convocatoria y basado en el principio de mérito', termina.
La resolución y el informe que se elabore deberá referirse a la ComisiónInvestigativacreada por la Junta de Gobierno para evaluar los procesos correspondientes y los compromisos contraídos en la concesión de las becas presidenciales.