A menos de 24 horas para que el Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) inicie un paro de labores que culminará el 6 de abril con una huelga indefinida, el asunto de la seguridad en esa unidad aún carece de total claridad.

Por una parte, la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, afirmó el sábado que se reunió con la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, para orientarse sobre las medidas de seguridad que la uniformada tomaría durante las venideras manifestaciones que se darán en los recintos y la Administración Central.

'La finalidad última de toda orientación y medida preventiva es, precisamente, sabe cómo podemos proteger y evitar daños a vida y propiedad, a la vez que respetamos los derechos constitucionales de todos y todas', dijo Fernández en declaraciones escritas. En dichas expresiones hizo referencia a un incidente en Ponce en el que se le restringió la libertad mientras estaba dentro un vehículo y la interrupción forzada de la reunión de la Junta de Gobierno el pasado lunes por parte de un nutrido grupo de estudiantes que convocó una manifestación en Administración Central.

Entretanto, la presidenta del Consejo General de Estudiantes de Rio Piedras (CGERP), Wilmarí de Jesús, exigió a la presidenta interina mediante carta explicar la información difundida en la que se aseguró que la Policía se encargará de garantizar acceso a personas dentro el recinto.

El domingo, Hernández de Fraley emitió unas declaraciones escritas en las que indicó que la uniformada se encargará de la seguridad en el exterior del recinto, mientras la guardia universitaria se encargará de 'procurar el orden y el flujo de entrada y salida de los recintos'.

'La Policía de Puerto Rico, como siempre, estará al pendiente de garantizar en el exterior del recinto el espacio para manifestaciones y protestas y solo intervendrá para mantener el orden y la seguridad pública de ocurrir algún acto delictivo', agregó la Superintendente.

A raíz de las expresiones de Hernández de Fraley, este medio intentó obtener una declaración por parte del director de la División de Seguridad y Manejo de Riesgos del Recinto de Rio Piedras, Víctor Rosario Delgado, para conocer el plan de seguridad que pondrán en vigor. Sin embargo, personal de esa oficina nos comunicaron que Rosario Delgado no daría declaraciones y refirió nuestra solicitud a la oficina de comunicaciones.

Mientras tanto, el domingo la rectora interina del Recinto de Rio Piedras, Carmen Rivera Vega, rechazó mediante declaraciones escritas que haya solicitado presencia policiaca para las venideras manifestaciones estudiantiles y de paso hizo un llamado al dialogo entre todos los sectores.

Insisten legitimar voto de huelga en Rio Piedras

Ese mismo día, la rectora interina envió otra carta a la presidenta del CGERP para insistir en el diálogo y evitar confrontaciones. Además, le exhortó a remitir las mociones aprobadas en la asamblea del pasado martes 21 para 'viabilizar la conclusión del proceso democrático de gobernanza a través del voto electrónico según establecido reglamentariamente'.

Sobre este particular, dos estudiantes denunciaron el viernes que el voto de huelga indefinida que aprobó el estudiantado riopedrense en asamblea general no es legítimo hasta tanto se realice una consulta electrónica. Amparados en la ley 128 del 2010, los estudiantes Brian Díaz y Alejandro Caminero indicaron que la consulta para aprobar una huelga indefinida debe hacerse electrónicamente en un periodo de entre 3 y 8 días laborables y debe contar con un quorum de 25% del número de estudiantes del recinto.

'[S]e exige que se realice una nueva consulta, con carácter de urgencia la cual cumpla a cabalidad con el estado de derecho vigente y sea democráticamente válida y acatable por las entidades universitarias', reza la comunicación de los dos estudiantes.

El próximo jueves 6 de abril los estudiantes de los 11 recintos de la UPR se reunirán en el Coliseo Roberto Clemente en asamblea nacional convocada por la Confederación Estudiantil Nacional (CEN) para discutir los propuestos recortes de $450 millones a la UPR, según exigió la Junta de Control Fiscal (JCF).

La JCF cambió la fecha límite de la entrega del Plan Fiscal de la UPR para el 30 de abril.

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