El presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Jose Raúl Rivera Caballero, expresó su oposición el lunes al traslado de las escuelas laboratorio y sus actividades academicas fuera de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

'Esta acción contraviene con las condiciones establecidas en la Licencia de La Universidad de Puerto Rico (Certificación 2007-097) del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. Esta normativa vigente establece que dictar cursos fuera de los lugares indicados en la programación oficial del Recinto y el prontuario de los cursos podría ocasionar que se invaliden las horas/contacto y los cursos dictados en esas condiciones', sostuvo en declaraciones escritas.

'La Administración universitaria, al permitir este traslado de las escuelas laboratorio a escuelas públicas en la zona metropolitana no solo incumple esta certificación del CES sino que violenta la Política Institucional sobre la Convivencia en la Universidad de Puerto Rico (Certificación número 38 2015-2016) e incita a romper huelga a sectores que apoyan la lucha estudiantil en defensa de la Universidad de Puerto Rico', aseguró.

Explicó que en estas escuelas laboratorio existen docentes, padres, estudiantes y empleados que apoyan la huelga estudiantil y el cierre como medida de presión ante un recorte de presupuesto impuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) de unos 450 millones en cinco años.

'Existen sectores en las escuelas que quieren que las clases se reanuden, algunos de ellos que expresan apoyo a la lucha estudiantil y otros que no la apoyan. La Administración de las escuelas, buscando una normalidad que no existe en medio de este ataque contra la UPR, expone a esa comunidad dividida a situaciones de confrontación', afirmó.

'Su traslado a escuelas que están identificadas por el DEP por su baja matrícula y que podrían enfrentar cierres, es de por sí una situación conflictiva porque los gremios magisteriales se oponen a su privatización. Este traslado debe crear suspicacia a los empleados universitarios a quienes la misma administración universitaria no puede asegurar que regresen a los planteles del recinto. Lo que parece ser un remedio provisional puede abrir la puerta a una desvinculación de la institución facilitando el camino a convertirlas en charters o privadas', concluyó.