Luego que los estudiantes del recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) respaldaran de manera contundente el voto de huelga indefinida, y con una orden del Tribunal Apelativo para reabrir los portones de esa unidad -so pena de desacato - pendiendo sobre la comunidad universitaria, el abogado de los seis estudiantes que radicaron la demanda para exigir la reapertura de la unidad, Pedro Vázquez, advirtió que podrían haber consecuencias por desobedecer la orden emitida por el Tribunal.

Para Vázquez, lo recomendable para todas las partes sería cumplir con la orden del Apelativo. De lo contrario, los señalados en la sentencia – en esencia todo integrante de la comunidad universitaria que no actúe a fin de cumplir - se exponen a aquellas acciones por desacato que la juez del caso, Lauracelis Roques, determine ejecutar.

'El desacato civil son multas y el desacato criminal va hasta encarcelar la persona hasta que cese la conducta. Así que la gama de posibilidades es amplia', sostuvo Vázquez. 'Yo no sabría ahora mismo quien sería el encargado de hacer lo que la presidenta va a tener que ordenar que se haga. A quien se lo va a ordenar o a quien se lo va a pedir, yo no sé', agregó.

A las 6 de la mañana de hoy, venció el término que tenía el recinto riopedrense para reabrir sus portones y reanudar clases, según ordenó el Tribunal Apelativo.

El martes, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Carlos Pérez, aseguró que no contempla hacer uso de cuerpos policiacos para reabrir los recintos. Sus expresiones surgieron a petición de la mesa de diálogo multisectorial que celebró su primera reunión ese día con la esperanza de poner fin al conflicto universitario y reanudar operaciones en el sistema UPR.

Inicialmente, el reclamo de ese grupo, expresado por el presidente de la Asociación de Profesores y Profesoras Universitarios, José Rivera, fue para que la presidenta interina, Nivia Fernández, radicara un recurso de reconsideración ante el tribunal apelativo a fin de permitir más tiempo para encontrar una solución pacífica al asunto. Sin embargo, Vázquez, indicó que la UPR no radicó un recurso a esos fines, por lo que entiende que se allanaron a la orden.

Por otra parte la rectora interina, Carmen Rivera Vega, informó que enviarán personal para acercarse a los portones.

Según una declaración escrita emitida por la rectora, el acercamiento será por parte del personal de la administración y representantes de los diversos sectores de la comunidad universitaria, 'según requerido por la misma y de conformidad con la política de convivencia de la Universidad'. Rivera Vega además expresó:

'Enfatizamos que la seguridad de la comunidad universitaria es la más alta prioridad, por lo que estamos tomando todas las medidas a nuestro alcance para garantizar la misma'.

La UPR tiene hasta el viernes para informar al tribunal si existe algún impedimento al cumplimiento del ordenamiento del apelativo, sin embargo, hasta la fecha no han contestado la demanda inicial radicada hace más de un mes. La fecha límite para contestar vence la próxima semana, cuando las partes serán pautadas para la continuación de la vista preliminar.