Los docentes sin plaza de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que representan aproximadamente el 46% del profesorado del Recinto de Río Piedras y más de un 60% en el Recinto de Carolina, anunciaron que en cumplimiento con las resoluciones aprobadas en la Asamblea de Claustro celebrada el 5 de mayo en Cayey y en la Asamblea Nacional de la Asociación de Profesores Universitarios celebrada el 5 de abril, se organizaron en la Coordinadora Nacional de Docentes sin Plaza.

Esta organización fue propuesta y ratificada en la Asamblea con el fin de adelantar y visibilizar el reconocimiento y los reclamos comunes, y para elaborar un plan de acción de los Docentes sin plaza de todo el sistema UPR. Por ello, convocaron al Primer Pleno Nacional de Docentes sin Plaza el 26 de mayo a las 10:00 a.m. en el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores de Río Piedras.

Están convocados los y las docentes sin plaza de todos los Recintos de la Universidad de Puerto Rico, La Escuela de Artes Plásticas y el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Los docentes sin plaza atribuyen su precaria situación económica a los recortes aplicados sistemáticamente al presupuesto universitario, con condiciones laborales en términos arbitrarios e injustos que implican una remuneración promedio de entre $4,000 a $12,000 anuales, sin derechos ni beneficios marginales como plan médico y retiro.

'Esto coloca, especialmente, al docente contratado a tarea parcial por debajo del nivel de pobreza, según los estándares socioeconómicos empleados por la Oficina del Censo de los EEUU. Nuestro sector no recibe una remuneración proporcional a los requisitos que nos exige la Institución y que cumplimos a cabalidad. El profesor sin plaza no recibe igual paga por igual servicio en comparación con el Docente con plaza con el agravante de que padecemos inseguridad laboral. Nuestra situación laboral se define semestre a semestre', indicaron en comunicado de prensa divulgado hoy, viernes.

'Entendemos que la situación precaria responde a los cortes sistemáticos que ha sufrido la Universidad de Puerto Rico y el modelo de educación superior neoliberal por décadas, el efecto de la congelación de plazas y el consecuente debilitamiento del sistema de retiro y, ahora, el agravante de un corte de más de un 50% del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Denunciamos que no solo estas condiciones precarias afectan nuestra situación laboral y nuestra calidad de vida sino que también afecta la calidad, las aspiraciones y la permanencia de la institución', abundaron.

De otro lado, rechazaron las enmiendas al Código Penal de Puerto Rico por entender que atentan contra derechos garantizados constitucionalmente como la libertad de expresión, de organización, de reunión y de huelga. Además, denunciaron la creación de una nueva generación de presos políticos y reclamaron procesos justos para los estudiantes y ciudadanas acusados por el estado en fechas recientes tras el Paro Nacional celebrado el 1 de mayo.