La reapertura del recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) estará hoy en manos de los estudiantes, quienes decidirán en su cuarta asamblea el proceder de la huelga que ha mantenido la universidad cerrada por dos meses.

El evento se llevará a cabo en el coliseo Roberto Clemente a las 4:00 de la tarde, luego que el Consejo General de Estudiantes (CGE) de Río Piedras así lo determinará en una reunión sostenida el lunes en la noche en la Fundación Luis Muñoz Marín.

Según la agenda establecida, durante la asamblea se discutirá la reunión de ayer con los integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF), los acuerdos preliminares para reabrir los portones, la situación en la UPR, propuestas nuevas y asuntos nuevos.

A continuación, otros asuntos que inciden sobre las decisiones que tomarán los estudiantes esta tarde:

- Al presente la alta administración de la UPR está acéfala tras las renuncias de la presidenta interina, Nivia Fernández, y tres integrantes de la Junta de Gobierno, entre ellos el presidente, Carlos Pérez, y el vicepresidente Carlos del Rio. Con tan solo seis integrantes en la Junta, ese cuerpo no cumple con el mínimo de quórum requerido para tomar decisiones. Ese cuerpo también tiene la responsabilidad de designar un presidente interino, lo que al momento no pueden hacer. Tampoco se ha llenado la vacante en la rectoría del recinto de Río Piedras.

- Tras las renuncias en la Junta de Gobierno, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares designó a Walter Alomar y Zoraida Buxó a ese cuerpo. Sus confirmaciones darían a la Junta el mínimo de miembros necesarios para alcanzar quórum y trabajar sobre asuntos apremiantes, como la aprobación de un plan fiscal y un presupuesto que contemple recortes a diez años por $512 millones.

- La Middle States Comission on Higher Education (MSCHE) colocó a ocho recintos de la UPR en probatoria. Aunque la carta no establece que la institución perdió su acreditación, afirma que en el corto plazo el cese de labores podría afectar la acreditación, mientras que a largo plazo los recortes millonarios a la institución tendrían el mismo efecto.

- Una orden emitida por el Tribunal Apelativo a fin de reabrir los portones del recinto no fue acatada por la comunidad universitaria, por lo que al presente la UPR se encuentra en desacato. La directriz surge por una demanda incoada por seis estudiantes riopedrenses y aunque el pleito quedó paralizado tras las renuncias de los principales demandados (la rectora y la presidenta) se mantiene una multa diaria de $1,000 por cada día que el recinto siga cerrado.

- El miércoles una veintena de líderes estudiantiles acudieron a una reunión con el presidente de la JCF, José Carrión III, y los integrantes Ana Matosantos y David Skeel. Pese a que el cónclave tardó semanas para formalmente coordinarse y los estudiantes esperaban recibir respuestas sobre la génesis de los propuestos recortes, la Junta no dio razón y en vez insistió que los recortes a la UPR son necesarios para atajar la crisis fiscal que atraviesa la isla, sin afectar otras áreas como la salud pública.

- Docentes que favorecen la reapertura del recinto, denominados los profesores de blanco, han emprendido una jornada de protestas frente los portones del recinto de Rio Piedras para reclamar su apertura. Estos expresaron sus preocupaciones a la exrectora interina Carmen Rivera Vega antes que renunciara a la rectoría del recinto y también participaron de un debate con otros docentes y estudiantes la semana pasada sobre el asunto de la huelga y la reapertura.

- La semana pasada el gobernador convirtió en ley las enmiendas al código penal, que recibieron fuertes críticas por parte del estudiantado. Las mismas convierten en delito menos grave la obstrucción de acceso a instituciones educativas, como también el uso de antifaces y capuchas durante manifestaciones.

- Durante la madrugada del martes la presidenta interina activo a medias un plan de acción para reabrir el recinto, pero posteriormente desistió de ejecutarlo en su totalidad. Aunque se constató la presencia de personal de la compañía de seguridad privada Capitol Security en esos momentos, al informar en corte los sucesos, Fernández dijo que no procedió por no poder garantizar la seguridad de los estudiantes ni de la estructura. Fernández no ofreció detalles sobre el plan, pero aludió que necesitaba la asistencia de la Policía para ejecutarlo.

- La UPR radicó un recurso de mandamus contra la Policía para que cumplan con su deber ministerial y asistan en la reapertura del recinto. El Departamento de Justicia y la Policía tienen hasta el viernes para contestar ese recurso legal que tendría el potencial de obligar la uniformada a participar de la reapertura del campus.