Con la ausencia de representación por parte de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor favorecieron un proyecto de ley que pretende que los empleados de la institución educativa no cobren cuando se hayan interrumpido los servicios por 72 horas debido a protestas.

Mediante correo electrónico, se excusaron de participar por no estar debidamente conformada la Junta de Gobierno de la UPR, tras la renuncia de tres de sus miembros. También se excusó la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, ya que las medidas en discusión 'no inciden en las funciones y jurisdicción de la OEG'.

La OEG no tiene jurisdicción sobre las agencias sino con los funcionarios públicos, explicó Reina Tejeda, representante legal de la agencia.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, aseguró que la Junta de Gobierno de la UPR tiene la obligación de velar por los fondos públicos con los que la institución opera, por lo que es contrario a la ley que se produzcan desembolsos por servicios no prestados, ya sea por una protesta o cierre administrativo.

Vázquez agregó hoy, viernes, en vista pública ante la Comisión de Gobierno -presidida por Jorge Navarro- que el proyecto de la Cámara 1089 es necesario para reducir la discreción que ahora tiene la Junta de Gobierno de la UPR de realizar los pagos a todos los trabajadores independientemente hayan realizado sus labores.

'La UPR no ha cumplido con su deber. Quien incumple la responsabilidad y la función de gobernanza es la Junta de la UPR. Ellos tienen que decir quiénes trabajaron y quién no. Igual como lo hacen cuando los portones están abiertos', acotó Vázquez.

'Ningún contrato en Puerto Rico, y los convenios colectivos son contratos, puede ir por encima de ley. Si no se trabaja no se puede cobrar dinero público revestido del mayor interés público', expresó Vázquez.

La medida busca enmendar la Ley de la Universidad de Puerto Rico para establecer expresamente la obligación de la Junta de Gobierno y del secretario de Hacienda de suspender todo desembolso de fondos a los recintos mientras se interrumpa la prestación de los servicios de educación por un término en exceso de setenta y dos (72) horas.

En caso de una paralización de labores, el Departamento de Hacienda podrá detener toda transferencia de fondos a la UPR hasta que se reanude el funcionamiento administrativo y académico en su totalidad.

Aunque según la contralora Yesmín M. Valdivieso, los servicios solo se pueden pagar cuando han sido rendidos o prestados se debe enmendar el lenguaje para que sea la administración universitaria la que determine a quién pagar.

'Tenemos que ser bien cuidadosos en el lenguaje. Debe ser la junta la que determine quién trabaja o no. El gobierno no debe aguantar las remesas. Es darle esa oportunidad, esa herramienta a la Junta de Gobierno de la UPR para que no tengan miedo en tomar las decisiones que tienen que tomar', sostuvo Valdivieso.

'No podemos legislar para que no todo sea blanco o negro ya que hay alternativas y por eso hay que darle la discreción a la administración universitaria. Por ejemplo, no hay problema en que los empleados utilicen sus licencias. Eso le corresponde a la UPR', sostuvo la contralora.

'Si bien estoy en contra de que se paguen salarios por servicios no rendidos, no es cuestión de cerrar y no pagarle a todo el mundo. La Junta tiene que ser consciente de quién está trabajando y quién no. Tienen que tomar en consideración quién es el que está empezando la huelga, si la empiezan los estudiantes, la huelga estudiantil es ilegal. Pero si son los profesores, yo no esperaría tres días para dejar de pagarles', expuso.

Mientras, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, autor del proyecto, adelantó que se incluirán las enmiendas propuestas de Justicia y Contralor pero insistió en que se mantendrá la autoridad de congelar las transferencias al Departamento de Hacienda.

'Ciertamente, el proyecto como lo radiqué dice que es total (la paralización de las transferencias de fondos) y eso lo vamos eliminar para hacerlo más flexible para que se certifiquen los trabajos. Ese mecanismo administrativo para que se cumpla con la ley lo tiene que preparar la junta de gobierno de la UPR', aseguró el también portavoz cameral del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Rodríguez Aguiló sostuvo que debe permanecer en manos de Hacienda la potestad de detener el desembolso de fondos a la UPR para obligar a actuar respecto a futuras protestas o paralización de labores en la institución académica.

Reiteró que es inaceptable que esta Junta de Gobierno haya permitido el desembolso de fondos en salarios mientras los portones de la UPR se mantienen cerrados.

'Lo cierto es que la Junta de Gobierno de la UPR no ha querido cumplir con sus funciones para detener los pagos y que la Universidad no siga desembolsando cerca de $43.2 millones mensuales sin que se lleven a cabo los servicios', señaló.

Añadió que se realizará otra audiencia pública en la que se escucharán a los representantes de los diversos sectores universitarios. Espera que para esa nueva fecha la administración de la UPR comparezca.