Diez enmiendas al Código Penal de 2012 (Ley 146) que esperan la firma del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, buscan complementar el plan anti crimen de su administración con 'medidas de prevención punitiva… acompañadas de la anticipación... acción inmediata y la reducción y eliminación del riesgo', que parecen reaccionar a las últimas manifestaciones ciudadanas en contra de medidas de austeridad que amenazan con precarizar aún más la calidad de vida en un país en quiebra.

Las enmiendas contenidas en el proyecto de la Cámara 743, aprobado la tarde del martes en el Senado, incorporan nuevos artículos 'para atender en justa medida los reclamos de los ciudadanos para protegerse de la actividad delictiva que tiene la intención de interferir con la vida, propiedad y la seguridad de los puertorriqueños. Con ello en mente, los nuevos artículos… buscan darle herramientas legales al Gobierno para atender de forma efectiva la conducta antisocial y dañina que perturba la sana convivencia de todos los ciudadanos', reza la exposición de motivos.

Para el abogado criminalista, Leo Aldridge, 'Muchas de las enmiendas al Código Penal aprobadas por la Legislatura son reaccionarias a los eventos recientes que han ocurrido en Puerto Rico. Esta es la respuesta estatal penal a algunas de las manifestaciones del pueblo. La administración al parecer entiende que no contaba con suficientes herramientas en su arsenal penal para contrarrestar las expresiones recientes de sectores del país, y calculan que estas enmiendas serán un disuasivo que convencerá a algunos de que estar en la calle es peligroso y puede acarrear consecuencias severas'.

Entre los cuatro nuevos artículos que incluye el Código Penal enmendado, se encuentran: obstrucción o paralización de obras, interferencia con las actividades turísticas, incitación a la violencia, y obstrucción de acceso o labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios donde se ofrecen servicios gubernamentales al público.

La paralización de obras es en ocasiones el único mecanismo de las comunidades para impedir construcciones que les afectan directamente. Este nuevo artículo les obligaría a recurrir a los tribunales 'aunque a la larga esa herramienta es sumamente difícil para la detención permanente de una obra', destacó el licenciado Aldridge.

Por su parte, el también abogado criminalista, Francisco Valcárcel, apuntó sobre este artículo que las comunidades, 'Pueden protestar como todo el mundo pero no pueden paralizar la obra, a menos que vayan al tribunal, porque es la manera civilizada de hacerlo. Primero tienen que agotar los mecanismos administrativos de cuando se otorgan los permisos y de ahí recurrir al tribunal'.

Respecto a la interferencia en lugares turísticos, a juicio de Aldridge, aplicaría a aeropuertos, que aunque son regulados a nivel federal, 'una misma conducta puede ser penalizada por el foro estatal y federal separadamente. Con la jurisprudencia federal reciente, sin embargo, solo puede ser procesada en un único foro si el delito es idéntico en lo estatal y federal'.

En cuanto a la obstrucción de acceso o labores en lugares de enseñanza, para el licenciado Valcárcel, es claro que 'Cuando ocurren cosas como la de unos individuos que se meten en la oficina de la presidenta de la Universidad y la amedrentan, pues entonces, viene una legislación'.

Sobre la incitación a la violencia, Aldridge ve 'difícil en la práctica' usar este delito para 'procesar a alguien'. 'Me parece que la intención es más un disuasivo o, en palabras menos diplomáticas, una intimidación', agregó.

De otro lado, los siguientes artículos de la Ley 146 de 2012 fueron enmendados: Amenazas (177), Delito contra el derecho a la reunión (179), Fijación de carteles (201), Incendio (230), Obstrucción o resistencia a la autoridad pública (246), y Uso de disfraz en la comisión de un delito (248).

En el documento adjunto podrá leer los detalles de los nuevos artículos y las enmiendas.

Enmiendas Código Penal 2012_24875