'Porque si se salva nuestra Institución, se ha salvado Puerto Rico'.

- Dra. Luce López-Baralt, Entre las leyes y las letras: Una historia de amor, 80 Rev. Jur. UPR 311, 319 (2011).

Hace tres años fuimos testigos de uno de los movimientos estudiantiles más exitosos en nuestra historia. Aquellas pasiones por nuestra Universidad nos llevaron a una convergencia envidiable en nuestra historia política. El estudiantado de la Universidad dio una lección de sacrificio, amor y compromiso por lo que podría considerarse como la Institución de mayor trascendencia en Puerto Rico: nuestra Universidad pública.

Hoy canalizamos de manera distinta las pasiones que impulsaron aquel movimiento estudiantil, pero las premisas que las soslayan siguen siendo las mismas. Sin embargo, esas premisas que impulsaron la educación superior a la discusión pública en el 2010 ostentan hoy menor protección.

Hace tres años eran familiares las siguientes consignas: 'Por una Universidad pública y accesible' y 'La educación es un derecho, no un privilegio'. Estas frases eran coreadas por miles de jóvenes estudiantes--bajo sol y lluvia--dispuestos a sacrificar sus metas por una mejor Universidad para quienes vendrían después. Sin embargo, hoy esas voces yacen en silencio y nuestro actual Gobierno aprovecha este silencio para eliminar de una vez la propia existencia de aquel movimiento estudiantil.

Más que ser meras consignas, estas frases representaron en simples términos las intenciones de una comunidad universitaria para su Institución. 'Una Universidad pública y accesible' se exigía con la eliminación de aumentos en costos de estudio. En cambio, el proyecto de ley que el Gobernador propone nos indica, palmariamente, que la cuota no estuvo mal porque aumentó el costo de los estudios, sino por la manera en que los aumentó. Expresa su Exposición de Motivos que el Proyecto busca reivindicar 'la eliminación de una cuota que pesaba igual sobre los alumnos con independencia de los créditos que cursaran' y no la eliminación de una cuota por ser inconsistente con una visión de una Universidad pública y accesible.

En cuanto a la segunda premisa: 'La educación es un derecho, no un privilegio'. Más conceptual que aritmética, esta premisa buscaba proteger a la Universidad de los vaivenes político-electoreros que sufrimos en nuestra Isla. Esta es la premisa que buscó insertar en Puerto Rico una discusión seria sobre el derecho a una educación superior; sobre el derecho a una educación universitaria pública. Un cambio en la composición de una Junta de Síndicos o Junta de Gobierno no cambia el paradigma bajo el cual concebimos nuestro derecho a educarnos. Dicho cambio paradigmático sólo se logra con una obligación exenta de la política partidista de Puerto Rico. Sólo se logra con una obligación constitucional.

En cuanto al proyecto específico y los cambios propuestos, éstos no son la reivindicación reclamada por aquel movimiento estudiantil. De hecho, muchos de los cambios propuestos por el proyecto sugieren lo contrario: una reducción de la autonomía universitaria.

En primer lugar, la inclusión del Secretario de Educación en la Junta de Gobierno, con el propósito de propiciar una sinergia entre el sistema escolar y el universitario, provoca una contradicción en la política pública que persigue el proyecto. Por un lado, busca proteger la autonomía universitaria al ordenar que sus miembros tengan términos escalonados cuya confirmación futura no estará sujeta a la sola prerrogativa del Gobernador que le nominó. Pero, por otro lado, el Secretario de Educación se convertirá en un miembro cuyas prerrogativas quedan a la completa y sola discreción del Gobernador que le nominó. Así no se puede hablar de autonomía. Así se tiene que hablar de control gubernamental en el quehacer académico de la Universidad.

De igual manera, la sinergia que propone fomentar con la inclusión del Secretario de Educación no resulta de un esfuerzo sincero de integrar la educación escolar con la educación universitaria pública del País. La sinergia entre la Universidad y el Departamento de Educación se puede lograr con las herramientas que ya tiene el Secretario de Educación y la Junta de Síndicos o la futura Junta de Gobierno. De ese modo, la llamada sinergia no es sino un subterfugio para propiciar el control y la participación del Ejecutivo en los menesteres universitarios. Una verdadera sinergia entre la educación escolar y la educación superior se logra, en cambio, con una garantía de un derecho de educación superior y un compromiso de la más alta jerarquía.

En segundo lugar, el proyecto de ley aumenta el número de estudiantes que forman parte de la Junta de Gobierno. Sin embargo, la Junta se Gobierno continuará siendo el único ente con autorización para formular e implementar política pública en la Universidad. Por ser la Junta de Gobierno controlada exclusivamente por el Gobernador de turno (lo que explicamos adelante), la adición de un estudiante provee un aumento aritmético, pero no un aumento en influencia.

El reclamo de aquel movimiento estudiantil nunca tuvo como meta aumentar el número de estudiantes en la Junta de Gobierno. Aquel movimiento estudiantil fue capaz de por sí mismo ejercer altos grados de influencia con un solo síndico estudiantil. Por ejemplo, se logró posponer por seis meses la implementación de la cuota y eliminar la nefasta política de exenciones propuesta en la Certificación 98 de 2009-2010. Al contrario, el reclamo de aquel movimiento estudiantil buscó siempre aumentar la participación real del estudiantado en la gobernanza universitaria. Este nuevo proyecto de ley y esta nueva Junta de Gobierno aumenta la participación nominal, pero no aumenta la participación real.

En tercer lugar, el proyecto de ley propone términos escalonados para los nombramientos ejecutivos a la Junta de Gobierno. Según el proyecto de ley, cada cuatrienio por los próximos cuatro cuatrienios (16 años), el Gobernador de turno, quien sea, tendrá el poder de nombrar seis (6) miembros de los doce (12) miembros de la Junta de Gobierno que no son el Secretario de Educación o del sector universitario. Al sumar el Secretario de Educación a estos seis, cada Gobernador por los próximos cuatro cuatrienios tendrá la potestad de nombrar a siete (7) de los trece (13) miembros a la Junta de Gobierno. Esto no es autonomía universitaria; esto es control. Este proyecto de ley aleja aún más el control de la Universidad para perpetuarlo exclusivamente en la Rama Ejecutiva.

No pretendo sugerir que la situación actual es ideal o preferida al proyecto de ley presentado por el Gobernador. Sin embargo, la situación actual no es razón para permitir un golpe fatal a un movimiento estudiantil exitoso que aún tiene vida a través del nuevo estudiantado. Los reclamos por los que se lucharon en el verano del 2010 y en el invierno del 2011 no son reivindicados con este proyecto de ley.

En lugar de entregar aquella lucha a los anales de la nostalgia, debemos repensar la lucha que estamos dispuestos a dar por la Universidad que amamos. Debemos repensar nuestros roles dentro de aquella coyuntura histórica y continuar hoy, del lado del presente estudiantado, defendiendo a la Universidad de ataques como los que presenta el Ejecutivo con su proyecto de ley. Para ostentar una verdadera reivindicación de aquellos reclamos estudiantiles y lograr los objetivos de nuestra Institución, debemos plantearnos una verdadera reforma universitaria, tributaria y presupuestaria.

No es correcto desatender el disenso con decir que proviene de un mero grupo selecto que no representa el sentir del Pueblo, como expresó el Gobernador en días recientes. El disenso que proviene de sectores universitarios estriba, más bien, en el ejercicio de exigir de nuestros funcionarios públicos más transparencia, más participación y de cuestionar la realidad de los problemas a los que como pueblo nos enfrentamos. Este ejercicio se convierte aún más relevante cuando el tema es nuestra Universidad.

Un nuevo punto de partida para redirigir los esfuerzos de reforma universitaria y reivindicar un movimiento estudiantil que fue punta de lanza en la pasada campaña electoral puede ser la creación, similar al que anunció el Gobernador en Casa Pueblo para el Bosque Modelo, de un comité multisectorial que se pregunte cómo lograr los cambios paradigmáticos por los que juntos ya hemos luchado. No me cabe duda que con un nuevo proceso y un poco de voluntad real lograremos salvar a nuestra Institución, pues solo de ese modo habremos salvado a Puerto Rico.

*El autor fue parte del Comité Negociador durante la huelga de la UPR en el 2010.