Pese a que la Universidad de Puerto Rico (UPR) supone ser la primera opción para recibir contratos del gobierno, según una Orden Ejecutiva (OE) firmada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, al Presidente de la institución educativa no parece preocuparle que se incumpla con ese mandato y que el primer centro docente del país sea obligado a competir contra instituciones privadas para brindar servicios.

El 15 de febrero de 2017, de acuerdo a la comunicación oficial, Rosselló Nevares firmó la OE 2017-021 con el propósito de 'allegar mayores recursos económicos a la institución educativa para fortalecer las finanzas de la UPR'. Sin embargo, en el transcurso de las pasadas dos semanas, el Primer Ejecutivo anunció que la UPR tendrá que competir con dos entidades privadas para establecer un Centro de Capacitación en Seguridad Pública, conocido como la Academia de la Policía, mediante una Alianza Público Privada (APP). Asimismo, durante su Mensaje de Situación de Estado comunicó que implementará un sistema de educación 'gratuita' en línea, separado del primer centro docente del país.

O sea, en ambos casos la UPR no ha representado la prioridad, sino un competidor adicional a las contiendas, pero desde el punto de vista del presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, la institución cuenta con los meritos para prevalecer en los retos que ya están en curso y los que se le avecinan.

'Nuestro compromiso ha sido claro: acceso a la educación al pueblo de Puerto Rico. Ese compromiso se ha demostrado con nuestro compromiso de ser una universidad pública, accesible, de calidad. Estos programas pueden ser complementarios para la Universidad de Puerto Rico. Las APP, como ustedes saben, estamos compitiendo para la APP y nosotros creemos que por nuestros propios meritos podemos tener un rol muy grande en la Academia de la Policía', afirmó Haddock Acevedo durante una conferencia de prensa.

A manos de la administración Rosselló Nevares y la Junta de Control Fiscal (JCF), la UPR encarará hasta el 2023 recortes a su presupuesto que ascienden a $443 millones. Tres años despues, esa cifra de recortes aumentará a $512 millones.

Rosselló Nevares, por su parte, subrayó en la OE que el gobierno gasta alrededor de $450 millones en contrataciones externas y que ese dinero podía ser destinado a la UPR. Igualmente, durante su campaña para la gobernación, recalcó que destinaría entre $250 a $450 millones a la institución.

Haddock Acevedo insistió que la UPR se ha beneficiado de la OE 2017-021 con varios programas, pero durante la conferencia de prensa solo mencionó uno de adiestramiento de empleados públicos y consultoría con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, a traves del cual han recibido alrededor de $30 millones.

A mediados de abril, funcionarios del gobierno anunciaron formalmente que uno de los tres proponentes cualificados para establecer el Centro de Capacitación era el primer centro docente del país. No obstante, el Presidente de la UPR aseguró que fue instruido por el saliente secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Hector Pesquera, que la orden de Rosselló Nevares no aplicaba en este caso por tratarse de una APP.

'El programa de la policía, al ser APP, pues la ley [Orden Ejecutiva] no aplica. Eso lo discutimos en un principio y nos dieron unas razones que ellos pudieran explicar mucho mejor que yo. Nos reunimos con el Secretario de Seguridad en aquel entonces', declaró Haddock Acevedo. La OE 2017-021 ni la Ley de Alianzas Público Privadas, en cambio, mencionan exclusiones por estos mecanismos de las contrataciones, tal como aludió el Presidente de la UPR.

Las dos entidades restantes en competencia por administrar el Centro de Capacitación son el National College of Business & Technology Company, Inc. y la Universidad Ana G. Mendez. Haddock Acevedo confirmó que una de ellas le ha propuesto una alianza para desarrollar el proyecto en conjunto, pero no quiso especificar cuál.

'Yo he estado en conversaciones con algunas de ellas, pero por respeto a las personas que se me han acercado, quiero dialogar con ellos primero', justificó.

Mientras, al publicarse la OE sobre el programa de educación gratuita, se reveló que Haddock Acevedo sería uno de los 11 miembros del grupo de trabajo multisectorial con miras a evaluar e implementar el acceso gratuito a las universidades a todas las personas que cuenten con los credenciales requeridos.

La UPR ya ofrece servicios y programas de educación a distancia en unidades como Carolina y Arecibo 'consistentes con esa oferta [de educación a distancia], pero no están totalmente alineados con esa oferta [de educación a distancia] y por eso es algo que tenemos que auscultar y explorar', de acuerdo al Presidente de la institución.

'En terminos de esta oferta nueva a distancia, tenemos nuestros programas que ya son consistentes con esa oferta de acceso, de distancia, programas para personas que no son estudiantes tradicionales y estamos, como miembro del comite que soy, estamos bien confiados que muchos de esos programas van a beneficiar a la Universidad de Puerto Rico', detalló Haddock Acevedo.

Mientras el nuevo proyecto del Gobernador se podría basar en meritos de sus participantes, a partir del nuevo año academico los estudiantes que procuren recibir la exención de matrícula a nivel subgraduado deberán realizar una aportación parcial a sus costos de matrícula.

Esto se suma a que a principios de mes, y ante las exigencias de la JCF, la Junta de Gobierno de la UPR aprobó mediante consulta electrónica la revisión de su plan fiscal, que incluye un aumento al costo del credito subgraduado de $115 a $124, un recorte mayor a la aportación patronal a los planes medicos de los empleados y una nueva visión sobre los conglomerados.