Mayra Figueroa Franco tiene 60 años. Trabaja desde los 13. Casada y con dos hijos, decidió estudiar un bachillerato cuando tenía 40 años. Se graduó de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y comenzó a trabajar como secretaria ejecutiva en su alma mater. De eso, van 17 años. Hasta el próximo 30 de junio, el día en que se jubilará. 'Yo no voy a esperar más, yo me quiero ir', admitió.

La seguridad que despliega su voz refuerza la decisión que implican sus palabras. Una certeza que contrasta con el ambiente de incertidumbre que permea sobre los empleados que sienten la amenaza de los recortes inminentes que la Junta de Control Fiscal (JCF) impondrá sobre las pensiones del Sistema de Retiro UPR, el plan medico y la liquidación por días de vacaciones y enfermedad.

Aunque diversas administraciones del Gobierno de Puerto Rico llevan años reduciendo el presupuesto de la UPR, la JCF, amparada en la ley PROMESA, agudizó los recortes a la principal institución universitaria del país en octubre pasado con la aprobación unánime de un plan fiscal que recorta $541 millones en los próximos cinco años mediante reformas al sistema de pensiones, la consolidación de recintos, la congelación de plazas, la reducción de la aportación al plan medico y los aumentos escalonados en la matrícula, entre otras medidas.

'Pase lo que pase, salga como salga la cosa, yo me voy. Las cosas no están bien aquí. Prácticamente, yo hago tres plazas en una oficina. Encima de eso, las condiciones de trabajo, la salud... Cuando me estaciono en el parking, ya vengo como predispuesta, preguntándome que me voy a encontrar, que va a pasar. Cuando te ves en esa tensión... La paz mental mía cuenta mucho', reflexionó.

Mira: JCF recuerda a Rosselló que el recorte a pensiones siempre estuvo en el plan

Con su recien tomada determinación de jubilarse, Figueroa Franco se suma a las 542 personas que han presentado la solicitud de acogerse a una pensión antes que finalice el presente año fiscal el próximo 30 de junio. Según el informe mensual no auditado que la renunciante directora ejecutiva de la Junta del Sistema de Retiro UPR, María del Carmen López, presentó al resto de miembros el pasado 22 de febrero, esa cifra provisional representa un aumento de más de una tercera parte (33%) si se compara con los 408 empleados de la UPR que pidieron retirarse en el año fiscal 2016-2017, cuando fue aprobada la Ley PROMESA que creó la Junta de Control Fiscal.

A partir de ese año, las jubilaciones han continuado creciendo hasta alcanzar los números más altos en los últimos 10 años.

Solo en enero pasado, 208 empleados se sumaron a los 8,841 retirados de la principal institución educativa del país -- un 81% más en comparación con el año pasado -- motivados por la previsión de un recorte en los beneficios de su pensión y la intranquilidad de que no continúen con la actual cobertura del plan medico a partir del 1 de julio.

La expresidenta de la Junta del Sistema de Retiro, Diana Rivera Viera, atribuye el incremento en los meses de enero y julio en concreto a que los profesores de la UPR pueden jubilarse únicamente al finalizar cada semestre, a menos que sea un caso excepcional, como por ejemplo, una incapacidad.

Las señales de alarma se confirman debido a los recortes a las pensiones que la Junta de Control Fiscal reiteró al gobernador Ricardo Rosselló Nevares en una carta con fecha del 1 de mayo de 2019, en la que detalla los incumplimientos con el plan fiscal certificado en los que continúa incurriendo la UPR. En el documento, reafirma la exigencia de que se congelen las pensiones y que todos los empleados pasen del actual sistema de beneficios definidos a uno de contribución definida.