Luego de tres años de solicitudes de información y de discrepancias sobre cómo deberían manejarse el dinero de los pensionados de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Junta de Gobierno de la institución educativa y la Junta de Retiro salieron de la reunión en el mismo estado en el que entraron: sin acuerdos definidos y en polos opuestos.

El cónclave, celebrado en la Administración Central de la UPR, ubicada en el Jardín Botánico de Río Piedras, surge tres años despues de que la Junta de Retiro insistiera sobre la necesidad de conferenciar y discutir el futuro del Fideicomiso del Sistema de Retiro, una cartera que está solvente y que sirve a alrededor de 20,000 personas.

'No [estoy satisfecho] porque yo esperaba que de los cinco puntos medulares que les presentamos, ellos tomaran una decisión y dijeron que seguían analizando. No salimos con nada concreto. Fue una reunión informativa de lo mismo que llevamos tres años repitiendole y repitiendole', exclamó el doctor Eduardo Berríos Torres, presidente de la Junta de Retiro.

El encuentro entre ambas juntas tampoco produjo una próxima fecha de reunión, por lo que los jubilados y empleados de la universidad harán reuniones informativas en todos los recintos, así como manifestaciones y procesos judiciales.

A grandes rasgos, la Junta de Gobierno de la UPR --y por exigencias de la Junta de Control Fiscal (JCF)-- busca transformar el sistema en uno de Contribuciones Definidas, contrario a su estado actual de Beneficios Definidos. El sistema de Beneficios Definidos incluye, entre otras cosas, el pago de una pensión por concepto de edad y años de servicio, además del desembolso de bono de Navidad y prestamos, entre otros beneficios.

No obstante, la UPR ha saboteado la estabilidad del Sistema de Retiro al no desembolsarle la totalidad de los fondos que le corresponden pagar por concepto de una deuda de $1,456 millones. Este planteamiento fue subrayado por la JCF en una carta enviada el 20 de septiembre a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y se basa en que la administración universitaria aprobó enviar $80 millones en lugar de los $161 millones adeudados en el año.

En la misiva, la JCF afirmó que las acciones de la UPR eran 'gravemente irresponsables' y contrariaban la política pública del Gobierno de proteger las pensiones de los empleados públicos, además de que violentaban la Ley PROMESA.

Aunque la JCF se hizo eco de los cuestionamientos realizados por la Junta de Retiro por los pasados años, es la entidad financiera la que propuso tres modelos para cambiar el sistema de retiro que a fin de cuentas culminarían en lo mismo: la congelación del sistema por beneficios definidos y la movida hacia las contribuciones definidas.

'Se les pidió que no consideren congelar el Plan de Retiro y les planteamos todo el daño que eso haría a garantizar las pensiones y mejorar la situación fiscal. Se tardaron tres años en aceptar que las juntas se reunieran. Se le presentaron todas las acciones que ellos han tomado y el daño que eso ha representado para la deuda', añadió Berríos Torres.

El Sistema de Retiro de la UPR está contenido en un Fideicomiso, creado por ley y reconocido en el Registro de Fideicomisos del Tribunal Supremo de Puerto Rico, lo que trajo a su vez unas protecciones adicionales a sus activos, además de reconocerle su autonomía y su funcionamiento.

Al salir de la reunión, y ante la insistencia de la prensa, el presidente de la Junta de Gobierno, Walter Alomar Jimenez, resumió que fue una reunión de intercambiando de información referente al estatus del Sistema de Retiro y en la cual se le solicitaron recomendaciones a la Junta de Retiro y documentación que sustente la deuda que alegan tiene la universidad.

Alomar Jimenez tambien aseguró que se envió una carta a la Gobernadora a modo de responder a los planteamientos de la JCF, pero no tenía el documento a la mano.

Mientras la reunión entre ambas juntas continuaba su curso, en el Jardín Botánico múltiples organizaciones sindicales que representan a los jubilados y empleados de la UPR reiteraron su línea de defensa ante lo que catalogaron como 'la destrucción de institución educativa', especialmente al Sistema de Retiro.

De acuerdo al Grupo de Trabajo de Organizaciones en Defensa del Plan de Beneficios Definidos del Sistema de Retiro de la UPR --conglomerado de más de seis grupos--, las reducciones presupuestarias millonarias a la universidad del Estado empeoran la situación del Retiro. Y es que uno de los escenarios que planteó la JCF requiere que la institución educativa aporte $60 millones adicionales al año, cosa que contrasta con las reducciones en su presupuesto fijadas en su plan fiscal certificado.

En el documento se establece que la reducción constante de la aportación gubernamental a la universidad sumaría $541 millones de cara al 2026. A esto se le añadiría la sustitución de plazas por contratos docentes a tarea parcial y el cierre de plazas de jubilados, por lo que no se cotizaría al retiro.

'Son dos ataques ideológicos. Vinieron a destruir los sistemas de pensiones del país y vinieron a destruir a la Universidad. Esto es una agenda de destrucción', exclamó Yohana De Jesús, una de las jubiladas de la institución educativa. 'La UPR es el motor de desarrollo de Puerto Rico en estos momentos, porque la Junta de Control Fiscal no ha podido desarrollar nada y ahora quiere destruir el único motor', continuó De Jesús.

Con estos planteamientos coincidieron la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannell Marina Santana Andino, y el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (Appu), Ángel Rodríguez, quienes reiteraron que la UPR era un espacio desde donde se creaba conocimiento y una sociedad más alerta a los cambios que le perjudican.

'No estamos hablando de una dádiva, porque las pensiones no son una dádiva. Estamos hablando de que es nuestro dinero para asegurarnos una vejez digna', reclamó, por su parte, Carlos Echevarría, tambien jubilado de la UPR.

A esto, Mildred Chaparro añadió que las pensiones eran un acuerdo predeterminado. La representante del grupo de jubilados del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) subrayó que 'si yo cumplí con mi parte de trabajar todos esos años, tú tienes que cumplir con la tuya'.

Durante la conferencia de prensa, los portavoces condenaron nuevamente la contratación de la empresa de consultoría y contabilidad BDO Puerto Rico, la cual tuvo a su cargo el diseño del modelo de contribución definida que busca implementar la Junta de Gobierno y la JCF.

Aunque los servicios fueron contratados en el 2018 por un tope de $300,000, la mención fue repetida ante la acusación federal del presidente de la empresa, Fernando Scherrer-Caillet, en el mes de julio por un esquema de corrupción en la Administración de Seguros de Salud (ASES) y el Departamento de Educación. Este suceso abonó a las manifestaciones suscitadas durante el verano y que se agenciaron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El Grupo de Trabajo que lideró la conferencia está compuesto por la Heend y su Capítulo de Jubilados, la Appu y su Capítulo de Jubilados, la Asociación de Profesores Jubilados del Recinto de Humacao, la Asociación de Profesores y Profesoras del RUM, la Asociación de Claustrales Jubilados del RUM, la Asociación de Jubilados de la UPR, la Federación Laborista del RUM, el Sindicato de Trabajadores de la UPR, la Asociación de Supervisores y Gerenciales de la UPR y sus jubilados y el Sistema de Retiro.