La pugna por la otorgación de las llamadas Becas presidenciales en la Universidad de Puerto Rico (UPR) fue elevada al Tribunal Supremo para dilucidar la potestad del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) en el caso contra el expresidente de la institución, Uroyoán Walker Ramos, y al exrector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdez.

La decisión fue tomada por la defensa de Severino Valdez, compuesta por los abogados Harry Anduze Montaño y Jose Alberto Morales Boscio, e informada durante una vista en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

'Se presentó un recurso de revisión ante el Supremo el 17 de octubre. No hemos recibido ninguna respuesta o notificación del alto foro', informó Morales Boscio al juez Rafael Taboas Dávila.

La visita al máximo foro judicial surge, además, luego de dos intentos fallidos de la defensa para desestimar los cargos que pesan contra Severino Valdez. En primera instancia, fue ante el juez Taboas Dávila, mientras que la segunda derrota surgió en el Tribunal Apelativo durante el verano del año en curso.

Desde el inicio de este proceso, los abogados han argumentado que el PFEI radicó cargos contra Severino Valdez fuera de los 180 días reglamentados por la propia Ley orgánica del ministerio público.

Basado en las expresiones, Fiscalía sometió los cargos 234 días despues de haber formalizado el proceso de investigación, retraso que las fiscales Iris Melendez Vega y Zulma Fuster Troche atribuyeron al paso del huracán María y al hecho de que el Departamento de Justicia estuvo varios días sin operar.

No obstante, las fiscales entienden que ese período de tiempo es contabilizado desde que el Departamento de Justicia comenzó su investigación, o sea, antes de someterla al PFEI.

Por tal razón, radicaron un recurso de oposición ante el Supremo el pasado 26 de octubre en respuesta a la petición de la defensa.

En diciembre de 2017, el Tribunal encontró causa para arresto contra ambos academicos en seis de 12 cargos relación a la entrega de las llamadas 'Becas presidenciales' en la UPR. Entre ellos figuran violaciones a los artículos 264b y 262 del Código Penal (malversación de fondos y omisión en el cumplimiento del deber) y a la sección 4.2b de la Ley de Ética Gubernamental, que aborda la concesión de beneficios a terceros mediante las facultades de una posición privilegiada.

Tal como trascendió en el 2016, Severino Valdez y Walker Ramos participaron en la entrega de tres becas de estudios graduados en la institución, pero se presumía que las subvenciones fueron concedidas de manera dudosa porque los becarios fueron recomendados antes de la fecha de convocatoria.

Igualmente, y contrario a la reglamentación de los fondos, los agraciados no tenían enfoques academicos prioritarios ni solicitaban ingresar a instituciones de alto prestigio, con la excepción de uno.

Los cargos de los exfuncionarios corresponden a los tres becarios: Mónica Sánchez Sepúlveda, la sobrina del entonces presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez; Carlos Pagán Cuebas, quien fungía como asistente del expresidente de la UPR, Antonio García Padilla; y Arturo Ríos Escribano, exasesor de Asuntos Públicos del exgobernador Alejandro García Padilla.

El juez Taboas Dávila fijó la próxima vista para diciembre con tal de dar tiempo a que el Supremo responda a las peticiones.