Como parte de un acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y la Universidad de Puerto Rico (UPR), la institución educativa devolvió $ 1,772,790 en subvenciones proporcionados por la NASA, el Departamento federal de Energía (DOE) y la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) utilizados indebidamente.

Una investigación federal reveló que la UPR falló en reportar completa y apropiadamente la nómina para las distintas subvenciones durante el 2011. Aunque la institución proporcionó varias certificaciones que aseguraban el cumplimiento de las reglas de la subvención, sus registros no lograron conciliar los montos presupuestados reportados a la NASA, el DOE y la NSF.

La Oficina del Inspector General de la NASA, el DOE y la NSF involucradas en esta investigación están profundamente comprometidas con la lucha contra el fraude, el desperdicio y el abuso, y con garantizar que los fondos federales se utilicen para los fines previstos y los destinatarios.

'La OIG de la NASA aprecia los esfuerzos de cooperación de todo el equipo de investigación y procesamiento durante esta investigación de varios años y felicita al equipo por alcanzar un acuerdo civil final en este asunto', expresó en comunicado de prensa el Inspector General de la NASA, Paul Martin.

'Es imperativo que los beneficiarios de los premios federales utilicen el dinero de la subvención de manera adecuada, y que rastreen y apoyen los gastos de sus premios utilizando sistemas de contabilidad efectivos e informes precisos de tiempo y esfuerzo', advirtió por su parte la Inspectora General de la NSF, Allison Lerner.

El caso fue procesado por los fiscales David O. Martorani Dale y Hector E. Ramírez Carbó.

Por su parte, la UPR vio como exitoso el acuerdo transaccional extrajudicial.

'La Universidad fue exitosa en la negociación con el DoJ al demostrar mejoras sustanciales a las políticas y procedimientos del sistema universitario para evitar repetir las fallas del pasado. Además, la Universidad ha sido evaluada de forma satisfactoria durante las auditorías realizadas tras el periodo para el cual se alegó el incumplimiento. Estos factores fueron reconocidos por las agencias concernientes y por el DoJ', indicó la directora de la Oficina de Asuntos Legales de la UPR, Lcda. Soniemi Rodríguez.

'La reclamación original y el riesgo potencial para la Universidad era sustancialmente mayor a la cantidad finalmente acordada. Sin embargo, tomando en consideración estos factores mitigantes y otras circunstancias, se pudo reducir la cantidad a $1,772,790.00. Al suscribir el acuerdo, la Universidad se liberó de ciertas reclamaciones civiles y redujo los gastos que representaba esta investigación y posible litigio. Aclaramos que, mediante el acuerdo, la Universidad no admitió la responsabilidad de las alegaciones', añadió la licenciada Rodríguez.

La Administración se comprometió a continuar mejorando sus procedimientos y prácticas en el manejo de fondos federales para la investigación. 'La transparencia y el cumplimento con las normas constituye uno de nuestros objetivos principales para continuar utilizando fondos federales en el desarrollo de investigaciones que posicionen a la Universidad como una institución de rango mundial', concluyó.