Sin dudar el expreso incumplimiento de la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a la orden emitida por el Tribunal Apelativo para reabrir los portones del recinto de Río Piedras y reanudar labores, la juez Lauracelis Roques, impuso una multa de $5,000 dólares al sistema universitario por incumplimiento.

El desacato civil impuesto además ordena a los demandados en este caso a pagar una multa diaria de $1,000 por cada día que los portones permanezcan cerrados. Mañana habrá una vista de seguimiento en la sala 907 para constatar si en efecto la UPR efectuó el primer pago.

Los acontecimientos surgen a raíz de una demanda incoada por seis estudiantes del recinto de Rio Piedras (Anamar Menéndez González, Rosaima E. Rivera Serrano, Carlos Vicente Villegas del Valle, Edwin Francisco Rivera Otero, Gabriela Firpi Morales y Astrid Burgos Nieves) para permitirles la entrada al recinto y el restablecimiento de clases, al amparo del derecho contractual que poseen con la universidad como estudiantes.

Una orden de mandamus e interdicto provisional que inicialmente solicitó el abogado de los seis estudiantes, Pedro Vázquez, al Tribunal de Primera Instancia, fue denegada por lo que acudió al foro apelativo donde logró el ordenamiento el viernes 5 de mayo. La UPR tenía hasta más tardar el jueves 11 de mayo para cumplir con la orden, pero las explicaciones que ofreció el abogado de la universidad, Enrique Figueroa Llinás, no fueron aceptadas por la jueza Roques.

Durante la vista Figueroa Llinás argumentó que, mediante el diálogo y la mediación, la UPR intentó obtener la cooperación de los estudiantes en los portones para reabrirlos, pero fueron infructuosos en sus intentos. Del mismo modo, argumentó que la guardia universitaria no está capacitada ni posee el equipo necesario para enfrentar los huelguistas y defenderse en caso que empleen la fuerza para abrir el recinto.

Como muestra de los intentos, Figueroa Llinás sentó a testificar a la directora ejecutiva de la oficina de presidencia, Ivonne Huertas, quién testificó en lugar de la presidenta interina. Ella relató que el lunes 8 de mayo se reunieron con la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, para dilucidar alternativas. Sin embargo, indicó que en ese momento la superintendente le indicó que la posición del gobernador Ricardo Rosselló Nevares es de no emplear el uso de fuerza para culminar el conflicto universitario, y sólo se recurriría a ello en caso de ocurrir la comisión de delitos dentro el campus.

Roques, sin embargo, sentenció que la orden del foro Apelativo es 'clarísima' y la parte demandada no podía esperar que el Tribunal de Primera Instancia permitiera el incumplimiento de esa directriz. En ese sentido, estableció que los intentos de diálogo y mediación fueron insuficientes para cumplir con la sentencia por lo que encontró en desacato a los funcionarios de la UPR emplazados en la demanda.

De hecho, la juez indicó que la representación legal de la UPR estaba dentro todo su derecho de solicitar una reconsideración ante el Tribunal Apelativo y hasta elevar el asunto al Tribunal Supremo mediante un recurso de auxilio. Aunque en sala Figueroa Llinás afirmó que su cliente todavía no ha decidido si radicarán o no radicarán tal recurso, a su salida de la sala no soltó razones por la cual la UPR no haya recurrido a estas alternativas.

Una de las portavoces del movimiento estudiantil que estuvo presente en sala, Mariana del Alba López, indicó que la universidad tiene hasta el 20 de mayo para solicitar un recurso de reconsideración ante el Tribunal Apelativo.

La demanda de los seis estudiantes ha puesto a la UPR en una posición difícil en la medida que insistan mantener la política de convivencia (o de no confrontación) que sirve como tregua para evitar actos violentos contra la comunidad universitaria, tal como ocurrió décadas antes en otras huelgas estudiantiles. La administración del gobierno también se ha amparado sobre esa política, indicando que la UPR posee autonomía universitaria para resolver estos conflictos sin la intervención directa del estado o las fuerzas de ley y orden.

La orden de la juez, aunque contradictoria con su insatisfacción a los intentos de diálogo y mediación que ha ejecutado la administración universitaria para cumplir con el mandato del apelativo, se mantiene dentro el margen de los deseos de la UPR y el estado de no emplear la fuerza para reabrir los portones. Aun así, supone que más allá del pago de estas multas, no hay consecuencia adicional que pese sobre la administración universitaria para reabrir el recinto riopedrense de forma expedita.

Para el licenciado Vázquez las multas deberían empujar a la administración universitaria a cumplir con la reapertura del recinto, sin tener que recurrir a la violencia para abrir los portones. En ese sentido reconoció que la defensa legal de la UPR aún puede incluir en el pleito a los individuos que mantienen los portones cerrados como también tomar medidas administrativas, como la suspensión, contra ellos.

'La universidad es la que tiene que decidir que va a hacer y yo espero que después de esta determinación se den cuenta que ellos sí tienen opciones y que es hora que empiecen a ejercitarla', dijo Vázquez.

Sobre los procesos de mediación que la UPR lleva a cabo con estudiantes, docentes y no docentes, Vázquez objetó que sus clientes no formaran parte de ese proceso y reclamo que se les diera el espacio de participación en esos foros. Aun así, dejó claro que la intención de los demandantes en este caso no es reabrir los portones mediante el uso de la fuerza.

'El día que nosotros entendamos que la única opción en la universidad es la violencia ese día nosotros vamos a desistir del caso, y ese día no ha llegado', sostuvo Vázquez.

Orden Menéndez v UPRRP _24974