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Las políticas energéticas: diversión y desvío

Propongo que la cuestión energetica local, como en otras partes del globo, ha estado marcada desde la crisis petrolera de los setenta por el encuentro, muchas veces conflictivo, entre dos tendencias generales identificadas por Armory Lovins esa misma decada: la senda energetica dura y la senda energetica suave.

La historia de las políticas energéticas del país apunta a que por décadas el ELA ha transitado el camino duro, aunque en ocasiones ha suavizado su paso, esto por las presiones de grupos ambientalistas y conservacionistas, legislaciones federales, y el alto costo del petróleo.

Aquellos que defienden esa tendencia subrayan la necesidad de que la Isla cuente con grandes abastecimientos de energía. Es por ello que la política pública energética se ha concentrado por años en el aumento de la capacidad generatriz mediante la construcción de nuevas plantas. Pero si en el pasado favorecieron el uso del petróleo hoy, forzados por su alto costo, las leyes federales, y la opinión pública, aspiran a reducir considerablemente la dependencia en ese combustible. Para los defensores de la vía dura la dependencia del petróleo, evidenciada por la mencionada crisis petrolera de los setenta, socavó y sigue coartando el crecimiento económico del país. La energía, entendida como un bien capital y de consumo, en considerada un bien esencial para el desarrollo económico. Debe por ello fluir continuamente, lo que no permite la dependencia en el petróleo. Los defensores de la vía dura insisten en maximizar y extender el uso de energía, presuponiendo, como los viejos y no tan viejos desarrollistas, que esa maximización, vinculada a un aumento en el consumo de energía, es necesaria para el bienestar económico del país. Efectivamente, el alto consumo de energía ha sido muchas veces usado como signo de bienestar económico.

Aquellos que proponen continuar la senda dura también favorecen la explotación de las fuentes no renovables de energía, como los combustibles fósiles, por ejemplo. Así, y ante la dependencia extraordinaria del país en el petróleo, el gobierno propuso en los 80 y 90 el uso del carbón, combustible que entendían sería el mejor substituto del petróleo. Su uso generalizado en la isla fue detenido por una oposición pública multitudinaria y desfavorable. Finalmente solo una planta de carbón se construyó en Guayama. También ha habido discípulos de la senda dura que de vez en cuando han propuesto construir plantas nucleares en la Isla, esto a pesar del fracaso del reactor BONUS y los enormes riesgos que representa su uso. Y más recientemente, los defensores de la vía dura propusieron el uso de gas natural. Para ellos son estas alternativas las que mejor permiten alimentar la creciente demanda energética. Estas fuentes garantizan, según ellos, grandes suministros de energía, lo que consideran esencial para el crecimiento económico.

Los peatones de la vía dura también promueven la construcción de sistemas energéticos de alta tecnología, infraestructuras muy complejas y extensas que requieren de altas inversiones de capital y de una tremenda trasformación del paisaje local. Un buen ejemplo, fue el propuesto Gaseoducto, uno de los tantos proyectos controversiales de la administración Fortuño. Los problemas ambientales asociados a esas tecnologías representan meros inconvenientes tecnológicos, todos fácilmente resueltos con innovaciones tecnológicas eco-amigables. El vuelco eco-modernista y tecnocrático de los transeúntes de la vía dura es hoy considerable. Pero su giro eco-moderno no es tan verde como se pinta.

Los favorecedores de la senda dura asumen además que la responsabilidad de la producción, o más bien transformación de la energía, así como su venta y distribución, debería recaer en el sector privado y no en la AEE, una corporación pública fruto del capitalismo de estado de la era populista. Curiosamente, aunque no del todo insospechado, son hoy actores importantes del propio Partido Popular Democrático quienes proponen la privatización de la agencia, total o mediante la subcontratación que implican las llamadas Alianzas Público Privadas, una modalidad cuasi-privatizadora.

Finalmente, los defensores de la vía dura favorecen sistemas energéticos altamente centralizados, los que limitan considerablemente la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre las políticas energéticas. Si bien hoy defienden la desconcentración y privatización del sector energético, y hasta en nombre del pueblo, esto no implica necesariamente su democratización o mayor participación ciudadana.

La contra-propuesta energética del Senador Bathia no se aleja demasiado de la senda dura. Aunque el gas natural es probablemente la fuente menos dañina de las fuentes tradicionales de energía, y muy de moda en Estados Unidos, esta implica serios riesgos ambientales para Puerto Rico y otros lugares. Y si bien Bhatia le apuesta a la desconcentración energética, echar abajo el monopolio de la AEE, este no propone la descentralización radical de la toma de decisiones energéticas ni su democratización. En todo lo demás la propuesta del senador corresponde a la senda energética dura. Asume que la maximización del consumo de energía resulta en un mejor bienestar social y económico, una presuposición hoy cuestionable. Promueve el crecimiento económico a expensas de la calidad ambiental y favorece las alianzas público-privadas, las que en Puerto Rico tienden a favorecer desproporcionadamente al sector privado. La propuesta presupone, basado en alguna teoría trickle down, que la desmonopolización y una eventual competencia entre firmas disminuirá los costos energéticos, lo que supuestamente redundará en beneficios para los consumidores individuales. Pero, no hay garantías de que así sea.

Contrario a la senda dura, la suave defiende la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables para la transformación de la energía. La meta primordial es reducir el consumo total de energía, sin que esto afecte el bienestar social y económico. Los proponentes de la vía suave favorecen el uso de tecnologías energéticas apropiadas, es decir aquellas diseñadas tomando en cuenta las particularidades ambientales, sociales, culturales, y económicas de la comunidad a la que se dirigen. También favorecen el uso de las fuentes renovables de energía. Sus propuestas están fundamentadas en los principios del desarrollo sustentable y la protección ambiental: satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer el patrimonio de las del futuro y su habilidad para satisfacer sus propias necesidades. Desde su perspectiva la energía es una necesidad social y un recurso ecológico importante, esencial para el desarrollo sustentable del país, y por ello objeto de conservación. De hecho, los defensores de la vía suave favorecen las políticas gubernamentales que a todos los niveles, del Estado a los municipios, promuevan la conservación de energía. Algunos también enfatizan la necesidad de considerar y atender las desigualdades sociales con respecto al acceso a la energía. Finalmente, favorecen también la descentralización de los sistemas energéticos así como su democratización radical. Para ellos la participación del público en la toma de decisiones sobre políticas energéticas es cardinal.

Un precedente local importante de esta tendencia fue el Frente Unido Ambiental (FUA), una coalición de más de 24 organizaciones ambientalistas que en los noventa se opuso al uso del carbón como fuente de energía. De hecho, muchas de sus propuestas fueron adoptadas por el Comité de Cogeneración y Generación de Energía del ELA en 1993, manifiestas en el documento Política Pública Energética de Puerto Rico. En aquel entonces el FUA planteaba que un programa de conservación y eficiencia podía generar alrededor de 400 MW adicionales de energía. Hoy, sin embargo, son cada vez menos las propuestas de conservación, una merma observable aun entre los ambientalistas.

La propuesta del ejecutivo, aunque insuficiente y muy probablemente destinada al fracaso, está más cerca de la vía suave. Su política energética se fundamenta, según expusiera el propio gobernador García Padilla, en cuatro practicas principales: impulsar una cultura de conservación y eficiencia energética; suscitar la autonomía energética y desarrollar nuevas fuentes de energía renovable; promover el uso del transporte colectivo y; ofrecer un servicio más eficiente en la producción, distribución y costo de la energía eléctrica. Pero se trata, penosamente, y al menos por el momento, de una propuesta insubstancial, una que carece de estrategias definidas, de metas y objetivos claros bien investigados. Es demasiado ligera, demasiado suave.

Si bien necesitamos una política energética fundamentada en los principios de la vía suave no podemos depender de planes tenues. Necesitamos de un plan energético decidido, consecuente y dinámico. Dicho plan requiere comprender las particularidades y desarrollo histórico de nuestro problema energético a cabalidad, sin que esto obstaculice la acción. Conocer las dimensiones sociales del sistema energético del país, apenas estudiado, es parte de ello. Pero, el análisis social del sistema energético puertorriqueño es limitado, reduciéndose a la obra de algunos investigadores independientes o agrupados en centro universitarios de investigación. Los sociólogos ambientales, que han venido estudiando los asuntos energéticos por décadas, son desconocidos por nuestros líderes políticos, aunque también por los estadounidenses. Su contribución será el tema de un artículo subsecuente.

Lamentablemente, los pobres planes energéticos depuestos desde las cloacas hediondas del ELA—Fortaleza y Capitolio—son tan desacertados, flojos y superficiales como los 'rollos' televisados de doxósofos como Topy Mamery y los que creen saberlo todo. Son expresiones efímeras, como producidas para el espectáculo mediático, y por ello diversión y desvío.

*El autor es Catedrático Asociado en el programa de Sociología del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Tomado de 80 Grados.

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