Inusual pedido público de cooperación.

En un pedido inusual en la historia de las pesquisas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en ingles) sobre corrupción gubernamental en Puerto Rico, ese cuerpo policial divulgó hoy, viernes, una comunicación donde pidieron la cooperación ciudadana a la vez que garantizó que los ‘whistleblowers’ serán protegidos.

En la comunicación detallan al menos nueve posibles formas o indicios de fraude gubernamental que se encuentran investigando.

El FBI ‘está investigando los patrones de conducta relacionados con la corrupción y el fraude del gobierno con respecto a la contratación de bienes, servicios y personal. Estas investigaciones comenzaron con la información proporcionada por individuos que observaron esta conducta, y la historia reciente ha demostrado que la información provista por el público puede y aumenta considerablemente las posibilidades de un procesamiento exitoso de los responsables’.

El intercambio ilegal que están mirando es la extensión de contratos a cambio de algo de valor que puede ser ‘dinero, propiedad valiosa o apoyo a una campaña de elección, y esa cosa de valor puede ser pagada antes o despues de que el acto oficial se lleve a cabo’.

‘El FBI reconoce que tambien hay muchos servidores públicos honestos en Puerto Rico e Islas Vírgenes, que descargan sus responsabilidades cada día con honor y distinción’, consignaron.

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Según el comunicado de hoy, recientemente o en el pasado, pueden haberse observado en cualquier sucursal o agencia de los gobiernos federal, estatal o municipal las siguientes prácticas cuestionables:

Pagos recibidos por un individuo o compañía como ‘consultor’ o ‘asesor’, cuando esa persona o compañía no tiene experiencia en ese comercio o servicio particular.

Pagos recibidos en cuentas abiertas a nombre de una empresa seguidos únicamente de retiros de efectivo o del pago de gastos personales.

Depósitos en efectivo realizados en cuentas por personas distintas de los titulares de las cuentas.

Pagos del Gobierno recibidos en cuentas abiertas a nombre de una compañía que se formó en el último año y no tiene historial bancario.

Pagos recibidos en cuentas que han permanecido inactivas durante un largo tiempo y de repente tienen un aumento en la actividad de depósito.

Pagos en efectivo recibidos en cuentas de personas con una relación cercana con un funcionario del gobierno.

Contratos aprobados, o trabajos adjudicados, a individuos o compañías que no eran las ofertas más bajas y que pueden haber sido significativamente menos calificados que otros competidores para el contrato o la posición.

El incumplimiento de las prácticas comerciales ordinarias en la adjudicación de trabajos o contratos.

Grandes gastos pagados por una empresa que recibió un contrato con el gobierno, que no habría sido necesario si uno de los competidores de la empresa hubiera recibido el contrato.

Grosso modo, el FBI va tras ‘funcionarios que otorguen un trabajo o contrato a cambio de algo de valor que se entregó o se entregará, sea en forma de dinero, propiedad valiosa o apoyo para una campaña electoral’.

Se pidió que cualquier información sea canalizada con la Oficina de Campo de San Juan del FBI al 787-754-6000 o en www.Tips.FBI.Gov.

Esta solicitud pública surge luego de una entrevista del jefe del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, en la que confirmó que los esquemas que han visto afectan a víctimas del huracán María por lo que ‘necesitamos que estos fondos (de recuperación) continúen llegando exitosamente a Puerto Rico y el gobierno federal necesita ver que nadie va a poner esos fondos en su bolsillo’.

El lunes, el entonces principal oficial financiero del Gobierno, Raúl Maldonado Gautier, señaló en una entrevista radial que en las altas esferas del gobierno existe una ‘mafia institucional’. Posteriormente, Rosselló relevó al funcionario de todos sus cargos que incluían el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Ese mismo día, el hijo de Maldonado despotricó contra Rosselló Nevares y su esposa, Beatriz Rosselló sobre el caso de los furgones de Unidos por Puerto Rico y supuestos manejos de informes para ‘no relacionar’ a la Primera Dama.

Mientras, ejecutivos de la firma de consultoría y finanzas BDO han confirmado que cooperan con las autoridades y que han despedido a casi 40 personas debido a las cancelaciones de contratos públicos que ordenó la Administración Rosselló tras conocerse que la firma es una de las investigadas y tambien su consultor, Alberto Velázquez Piñol.

Entretanto, las autoridades federales aseguraron que toman las medidas necesarias ‘para proteger al público, que tiene derecho a los servicios honestos de sus funcionarios’ así como garantizar el anonimato de las confidencias.

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