La plana mayor de la delegación legislativa del Partido Popular Democrático (PPD) anunció este domingo que todos sus oficiales electos que son abogados estarán completando el formulario presentado por el

Tribunal Federal en Puerto Rico para ser excluidos del pleito de clase en contra del Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR).

El presidente del PPD y portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer, presentó junto a varios otros legisladores de su partido los formularios que enviarán al tribunal para ser excluidos de la demanda.

'No debe haber el más mínimo cuestionamiento del respaldo institucional del Partido Popular a la lucha que está librando el Colegio de Abogados. En este contexto estamos anunciado hoy que todos los funcionarios electos del PPD que somos abogados nos hemos excluido del pleito de clase que se ha presentado en contra del Colegio de Abogados', señaló el representante Charlie Hernández.

De igual manera el legislador instó a todos los abogados del país a solicitar su exclusión del pleito de clase a la brevedad posible porque la fecha límite para solicitar tal exclusión es el próximo 26 de febrero.

'El formulario lo pueden encontrar en la página electrónica www.yonosoydeesaclase.com. Nuestra petición es que lo llenen y lo envíen [por correo] antes del 26 de febrero para que no sean parte del atropello en contra del Colegio de Abogados', dijo Hernández.

Aun cuando el caso en contra del CAPR se originó en 2005, fecha en que un grupo de abogados demandó el recobro de la porción de sus cuotas destinadas a un seguro de vida compulsorio exigido por la institución, los antecedentes del caso quedaron establecidos en el caso que en 1994 presentó el ex gobernador Carlos Romero Barceló por las mismas razones. En ambos casos, los abogados involucrados fueron resarcidos. No obstante el pleito persistió, y los abogados presentaron un pleito de clase en 2006.

En su más reciente desarrollo el Tribunal Federal en Puerto Rico había emitido una orden de mordaza que impedía al presidente del CAPR, Osvaldo Toledo, y todos aquellos involucrados, directa e indirectamente, en el caso a comentar cualquier detalle sobre el mismo. La orden fue denunciada como represiva y 'un intento de destruir al Colegio' tanto por Toledo como por innumerables abogados del país.

La semana pasada Toledo ignoró la orden y en conferencia de prensa dio todos los detalles del caso y explicó como los abogados podían excluirse de la clase demandante. Toledo fue arrestado el jueves pasado por desacato al tribunal y fue encarcelado en la prisión federal en Guaynabo.

'Nosotros nos sentimos extremadamente orgullosos de que el Lcdo. Osvaldo Toledo sea el presidente del Colegio de Abogados. Su demonstración de desprendimiento, a costa de su libertad, en defensa de una institución centenaria que ha servido bien al pueblo de Puerto Rico, es encomiable', dijo Ferrer.

El presidente del PPD aseguró que institucionalmente su partido está en contra de las acciones del Tribunal Federal al 'impedir que abogados que creemos en el Colegio nos podamos excluir' del caso.

Ferrer condenó además el que el Tribunal federal pretenda asumir jurisdicción sobre personas sobre las cuales no tiene autoridad alguna para impedir la libre expresión de éstas. Ferrer se refería a la decisión del Tribunal de ordenar el cierre de una página de internet en la que se ofrecía una copia del formulario de exclusión del caso, aun cuando los dueños de la misma no forman parte del pleito.

'La página del Partido Popular Democrático, www.ppdpr.net, tiene también el formulario. Y aquí, desde [la sede del] partido le decimos al juez [José A. Fusté] que se va a quedar ese formulario en la página de internet del PPD', advirtió enérgicamente Ferrer.

El presidente del PPD instó a todos los abogados del país, y en particular a los simpatizantes de su partido a llenar el formulario y enviarlo antes del 26 de febrero a la dirección de correos que en él se incluye.