Mientras toda la atención del fraude electoral de la primaria novoprogresista del Distrito 6 de Guaynabo se ha centrado en la participación de los policías municipales y la posible intervención del alcalde Héctor O?Neill, poco se ha dicho sobre el rol que pudieron haber tenido funcionarias de medio rango de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que tuvieron a su cargo la entrada de información fraudulenta y direcciones residenciales falsas.

Existe complicidad de parte de estas funcionarias y sus supervisores que laboran en la Junta de Inscripción Permanente (JIP) y representan a los tres partidos principales ante dicho organismo?

Tras la divulgación ayer del informe realizado por el comité ad hoc de la CEE, que investigó la primaria en discusión, se hace referencia a los testimonio de funcionarias de las JIP en los precintos 006 y 007.

Se desprende de dichos testimonios que pudo haberse dado un posible encubrimiento en el seno de la propia CEE.

Indicaron las funcionarias entrevistadas por el comité ad hoc que por ser su función una de carácter 'oficinesca clerical', ellas están impedidas de cuestionar cualquier información que pudieran sospechar como falsa.

Dice el informe que lo único que pueden hacer estas funcionarias es comunicarse con sus supervisores y comisionados locales de los partidos para rendirles 'informes diarios y mensuales de transacciones realizadas'.

Durante el proceso de inscripción y transferencias que se dio en la JIP previo a la primaria de marzo 18, indica el informe que estas oficiales pidieron la ayuda de sus supervisores con el propósito de lidiar con una transacción descrita como dudosa en el documento.

'Atestiguaron que cuando solicitaron orientación a sus supervisores sobre una transacción dudosa, se les indicaba que no debían envolverse en ese particular, ya que no estaban autorizadas a cuestionar la información brindada por el elector o requerir información para corroborarla', explica el informe.

En otras palabras, no sólo estas funcionarias están desautorizadas a identificar posibles fraudes en la transferencia de información o firmas, sino que además son disciplinadas por sus propios supervisores, quienes las incitan a no hacer nada, aún cuando se identifican patrones irregulares y dudosos.

Tras esta mordaza impuesta a las funcionarias, qué información se trató de encubrir? Cuál puede ser la relación entre esta falta de diligencia en la CEE y el fraude cometido por policías municipales de Guaynabo?

Además de lo ya expuesto, el documento presentado por el comité ad hoc establece que, a pesar de estas posibles irregularidades, las funcionarias luego admitieron 'no haber visto transacciones que estimaran que hubiera que darle importancia al momento de ser realizadas'.

Sin embargo, también se indica que la funcionaria del Partido Independentista Puertorriqueño del precinto 006 del JIP, Ana M. Zulueta, preparó una lista de transacciones que ella consideró como sospechosas. El documento preparado por Zulueta lo hizo luego de que se realizaron las transacciones y transferencias en la JIP.

Finalmente, el informe plantea que existen versiones encontradas entre lo expresado por Zulueta y las funcionarias de los demás partidos en torno a si los oficiales asistieron al JIP semi-uniformados y/o con el arma de reglamento.

'Esas y otras contradicciones, dependiendo a quien se le debe credibilidad, permiten inferir que algunas de las funcionarias podrían haber cometido perjurio', señala el informe.

El informe aclara que funcionarias de ambos precintos utilizaron el mismo sistema de computadoras para entrar información luego de que las oficiales del precinto 006 fueron trasladadas al 007 en el Barrio Juan Domingo de Guaynabo en septiembre 2011, a más de un mes de que comenzara la campaña primarista entre Ángel Pérez y Antonio 'Tony' Soto.