El Colegio de Abogados (CAPR) denunció hoy que el Administrador del Departamento de Corrección, Jesús González Cruz, alegadamente se ha negado a que miembros de su Comisión Especial de Asuntos del Confinado y de la Confinada atienda los casos que puedan tener los confinados y confinadas en las instituciones penales del país, sobre todo en momentos en que el caso Morales Feliciano se ha cerrado y la población penal ha quedado desprovista de ayuda legal.

'El Colegio de Abogados recibe un promedio de veinte a veinticinco peticiones mensuales —a través de cartas, visitas de familiares, correos electrónicos a través de intermediarios, etc.—, de confinados y confinadas que ruegan que el Colegio intervenga en sus casos o los ayude de alguna manera', explicó Osvaldo Toledo, presidente del CAPR.

'Nuestra Comisión de asuntos del confinado, que preside el compañero Harry Muñiz Valladares, en vista de esa cantidad de peticiones, que el Colegio canaliza a través de su Comisión, se planteó desarrollar un mecanismo más eficiente para atender este sector, por lo que se comunicó con González Cruz para proponerle que los comisionados asistan a las cárceles más pobladas para escuchar los planteamientos de los confinados y asesorarlos', explicó.

Estas gestiones, según explicó Toledo, comenzaron desde enero de este año.

'No obstante', puntualizó, 'González Cruz jamás ha contestado ésa ni ninguna de las dos comunicaciones adicionales —por correo certificado todas— ni las llamadas telefónicas con las que se le dio seguimiento a esta importante petición, lo que demuestra —aparte de que es una persona sin modales— que no le interesa resolver los problemas en las instituciones que administra ni dar a la población penal los servicios que mínimamente se merece. Cómo es posible', se cuestionó el letrado, 'que le pongamos en bandeja de plata la colaboración de un equipo de abogados especializados en derecho de confinados para que aliviane la carga que Corrección tiene en ese sentido y se niegue a aceptarla…? Porque, obviamente, la falta de una respuesta civilizada de parte de González Cruz, su resistencia a contestar nuestras comunicaciones equivale a una negativa a una ayuda que en otros países del mundo abrazarían con entusiasmo'.

Por su parte, Muñiz Valladares indicó que 'nuestra solicitud al Administrador de Corrección explicaba que, si asistimos personalmente a las cárceles más pobladas (Bayamón, Ponce, Guayama y la cárcel de mujeres en Vega Alta), podemos escuchar los planteamientos de los confinados y asesorarlos, lo que nos permitiría impactar una mayor cantidad de ellos, además de que el proceso sería más rápido para ellos porque mediante cartas resulta desesperante para los presos'.

'Se trata', amplió Muñiz Valladares, 'de ofrecer un servicio gratuito y, además, de auxiliar al Estado. El mecanismo actual, consistente en trámites administrativos por correo, sumado al tiempo que el servicio postal toma no ayuda a la pronta resolución de las solicitudes que hacen los confinados'.

Muñiz Valladares informó que actualmente el sistema penal del país tiene 11,307 varones en confinamiento y 432 mujeres.

'De esas cifras, hemos calculado que un 80% tiene distintos tipos de situaciones pendientes de solución legal, y esto dentro de los derechos que amparan a este sector. En estos momentos no existe organización legal que brinde ayuda de ese tipo a la población penal, por lo que, ésta tiene que recurrir por derecho propio a los tribunales. Esto provoca, por un lado, un cúmulo de casos que en su gran mayoría están mal preparados; y por otro lado, que muchos confinados y confinadas no puedan reclamar y hacer valer sus derechos.

'Es insólito', coincidieron ambos letrados, 'que, cuando supuestamente se ha cerrado el Caso Morales Feliciano, y consciente de que subsisten un sinnúmero de problemas, el Administrador de Corrección se haga de oídos sordos a una oferta de servicios que le permitan atenuar la escasez de servicios legales en los penales del país'.