El Departamento de Justicia refirió a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) a la ex directora ejecutiva del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, Madelyne Cajigas Medina, por autorizar el desembolso de fondos públicos a favor de una corporación a la que su esposo brindaba servicios, sin obtener la dispensa necesaria.

De acuerdo con el fiscal Francisco Sánchez, esa actuación constituyó una violación al artículo 3.2 (h) de la Ley de Ética Gubernamental.

La presunta ilegalidad se descubrió como parte de las múltiples investigaciones realizadas por Justicia sobre el programa de Comunidades Especiales.

La agencia informó en parte de prensa que la fiscal Iris Martínez Juarbe fue quien descubrió que mientras Cajigas Medina se desempeñaba como gerente de programas especiales en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) autorizó un pago de fondos públicos a la corporación Caribbean General Group para pagar una certificación relacionada con la comunidad especial El Peligro en Lares, que incluía una factura por la cantidad de $13,375 de la compañía de paisajismo Tree <><><><><>& Garden Contractor Corp. perteneciente a Alejandro Rivera Corujo, esposo de la funcionaria./p

p

El artículo 3.2 (h) de la Ley de Ética Gubernamental establece que ningún funcionario público podrá intervenir en forma alguna en cualquier asunto en el que él o algún miembro de su unidad familiar tengan un conflicto de intereses. Las infracciones a este artículo pueden estar sujetas a una multa administrativa de hasta $20 mil y la sanción de triple daño por el beneficio económico recibido./p

p

El asunto fue referido a Justicia por la Comisión de Asuntos de Familias y Comunidades de la Cámara de Representantes./p