María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, candidatos del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) al Senado y a la Cámara por acumulación, propusieron el jueves la creación de un fondo destinado a auxiliar a las entidades que proveen servicios de abogado en casos civiles a ciudadanos que no pueden sufragar su representación legal.

'La Constitución garantiza asistencia legal en todo caso criminal, sin embargo, para las controversias civiles --algunas de importancia trascendental en la vida de la gente - son pocos los recursos disponibles para servicios de abogado gratuitos o a muy bajo costo', indicó Santiago.

'Entre estos casos están, por ejemplo, las reclamaciones para que los niños de educación especial reciban los servicios que la ley les garantiza, los casos de las mujeres que buscan protección bajo la ley 54, las madres o los padres que reclaman custodia o pensión alimentaria para sus hijos, y familias que enfrentan problemas de ejecución de hipoteca o de desahucio', agregó.

Por su parte, Márquez dijo que 'en armonía con una iniciativa promovida por Servicios Legales de Puerto Rico, presentaremos, como una de nuestras primeras medidas legislativas, un proyecto de ley dirigido a crear el Fondo para la Representación Legal en Casos Civiles, que se nutriría de los intereses generados por el dinero provisto por los clientes a sus abogados como adelanto de los costos de litigios, el cual tendría que ser depositado en cuentas especialmente designadas y reguladas'.

Este sistema, conocido en inglés por sus siglas IOLTA (Interest on Lawyers Trust Accounts, traducible como Programa de Intereses sobre Cuentas Plica de Abogados y Abogadas) genera unos 127 millones de dólares anuales a través de los Estados Unidos, donde existe, bien por legislación o por reglamentación del Tribunal Supremo estatal, en todas las jurisdicciones.