El contrato de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) con la compañía Energy Answers (EA) para el manejo de la propuesta incineradora en Arecibo dura 30 años y convierte a la empresa en un cartel con el poder para obligar al gobierno a garantizarle un mercado multimillonario, y a cobrarle las deudas en las que incurran los municipios, y sus habitantes, por el uso obligado de su incineradora. Este uso es a la tarifa que ellos dispongan y la tarifa puede aumentar 2.5% cada año con poca o ninguna posibilidad de que el gobierno evite el aumento.

En términos sencillos, la ADS se obliga a conseguirle a EA el tonelaje diario que necesita para garantizar la rentabilidad de su operación, y se obliga a cobrar las deudas en las que los municipios incurran si no pueden pagar las tarifas de EA, las cuales representan un aumento de entre 8 y 20% de los costos actuales. El municipio no tiene opción ya que, incluso, en su búsqueda de negocio para EA, la ADS puede designar de dedo a un municipio y obligarlo a llevar su basura a la planta de EA en Arecibo. La tarifa está sujeta a revisión anual para aumentos de hasta 2.5% y la ADS se obliga a que la aprobación de esa nueva tarifa 'no será irrazonablemente detenida, dilatada, o denegada'.

Esto va acompañado con una trama paralela mediante la cual la Junta de Calidad Ambiental (JCA) está obligando a los municipios a cerrar sus vertederos antes de tiempo e, incluso, está oponiéndose a que los municipios implanten planes, perfectamente legales, para conseguir extender la vida útil de esos vertederos. La existencia, o extensión de a vida útil, de los vertederos sencillamente no garantizarían el volumen de negocio que requiere EA.

De hecho, el contrato que firmaron EA y la ADS el 4 de abril de 2012 es usado como colateral para que EA consiga el financiamiento bancario que necesita para la construcción de la planta, por lo que las garantías del gobierno no sólo sirven para garantizar un mercado, sino para garantizar financiamiento estimado en por lo menos $500 millones.

El arquitecto del esquema es el licenciado Jorge San Miguel, director de la plataforma del Partido Nuevo Progresista (PNP) para las elecciones pasadas y para la actual. El ejecutor del plan es el licenciado Pedro Nieves, presidente de la JCA y exempleado de San Miguel en el bufete O'Neill <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> <> <> <> <> & Borges./p

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Pero EA no ha apostado solamente al PNP. La empresa tiene como encargado de Comunicaciones a José Julio Aparicio, quien también realiza las investigaciones de fiscalización del Partido Popular Democrático (PPD) y es exasesor de varios políticos de ese partido./p

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Tanto la plataforma del PNP (directamente), como la del PPD (indirectamente) contemplan la incineradora en su plan de energía. El PPD, de hecho, no ha hecho un solo señalamiento de peso sobre la oposición a la planta incineradora en Arecibo./p

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Según documentos y testimonios que recopiló NotiCel para esta investigación, el plan ya ha cumplido con colocar la incineración como una prioridad en la política pública del manejo de desperdicios sólidos, y ha logrado una resolución de la JCA que pone en 'fast track' el cierre de vertederos, estén o no preparados los municipios./p

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Las ramificaciones, aunque se han mantenido bajo el radar, abarcan todos los municipios de Puerto Rico, de ambos partidos, y llegan hasta las oficinas en Nueva York de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA)./p

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Entre los efectos está llevar a muchos municipios al borde de la quiebra, ya sea por los costos que le crea el cierre acelerado de sus vertederos, o por el aumento que representan las tarifas de EA. Esos costos pasarían a los residentes en la forma de menos servicios en otras áreas, o de cargos directos por el manejo de la basura./p

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La JCA tenía prevista la continuación de sus vistas públicas sobre la incineradora de EA en Arecibo para este viernes pero, tras la indagación de NotiCel con el representante de EA y otros actores, quedó suspendida hasta nuevo aviso./p

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Pero, una lectura del contrato revela claramente que las vistas son un ejercicio prácticamente proforma ya que el compromiso de la JCA con EA ya está escrito y firmado. 'La (incineradora) es parte de las estrategias de la Autoridad para conseguir el manejo a largo plazo, planificado, estructurado, y racional de los desperdicios', indica el acuerdo./p

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Según el contrato, EA necesita que la ADS le consiga lo que haga falta para completar 2,100 toneladas de desperdicios al día, o lo mismo que 63,000 toneladas al mes. Un municipio promedio puede producir unas 240 toneladas al día. La ADS se obligó a cumplirle la meta a EA para el 31 de julio de 2013. Como contraste, EA se compromete a agenciarse por sí misma sólo 300 de esas toneladas diarias. Es la ADS la que queda obligada a garantizarle las otras 1,800./p

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El gobernador Luis Fortuño fue abogado de la antecesora corporativa de EA, la compañía Recovery Solutions, Inc. a fines de la década de 1990. Como gobernador, Fortuño incluyó las plantas incineradoras entre los proyectos de energía 'verde' que cualificaban para incentivos contributivos e industriales./p

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Patrick Mahoney, principal oficial de Recovery y ahora de EA, así como otros ejecutivos de EA, figuran como donantes de Fortuño, del Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, del Comité Nacional Republicano, y del comité de acción política de Fortuño, Leading Us In Success (L.U.I.S.)./p

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em*Primero de una serie./em/p

a href='https://ntc-legacy-assets.s3.amazonaws.com/document_dev/2017/08/22/Contrato_ADS_Energy_Answers_2_8080512_ver1.0.pdf' target='_blank' Contrato ADS Energy Answers 2_359/a

a href='https://ntc-legacy-assets.s3.amazonaws.com/document_dev/2017/08/22/Contrato_ADS_Energy_Answers_1_8080513_ver1.0.pdf' target='_blank' Contrato ADS Energy Answers 1_360/a