Aunque reconocieron que su caso podría tornarse academico si el Senado confirma la designación de la senadora Liza Fernández como jueza mañana sábado, los demandantes entienden que la demanda de interdicto seguirá su curso pues contempla todas las etapas antes de que la designada pueda juramentar como miembro de la judicatura.

Los abogados Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo solicitaron hoy la inhibición del juez superior de asuntos civiles Ángel Pagán, por lo que el caso recesó hasta las 3:30 de la tarde en lo que la jueza administradora del Centro Judicial de Hato Rey, Isabel Llompart, evalúa su solicitud.

'Los procedimientos habrán de continuar ya fuere con el juez Pagán o con otro juez que designe la juez administradora. A pesar de que esto, requiere una premura porque probablemente el Senado va estar decidiendo sobre ese asunto, es bien importante que se celebre un juicio justo e imparcial y que se cumpla la justicia y que todo el mundo esté tranquilo', destacó Nieves Huertas a su salida de la sala.

'Yo no me puedo adelantar a eso si es académico o no porque en el día de hoy el tribunal tomará una determinación. Pudiera ser (si no resuelve)', dijo.

El otro demandante considera que la demanda de interdicto que busca detener la confirmación del nombramiento en el Senado está bien formulada porque contempla todas las etapas.

'Yo considero que si no resuelve no es académico porque el nombramiento de un juez no consiste de un sólo punto dado. Eso es un proceso que tiene diversas etapas y si el Senado la confirma mañana, el Senado no la está nombrando. El Senado ejerce una función constitucional de consejo y consentimiento a la designación que hizo el Gobernador. Las etapas son: designación por el Gobernador, consejo y consentimiento por el Senado y tiene que regresar al Gobernador para que firme el nombramiento, tiene entonces que referirse al Juez Presidente del Tribunal Supremo para que en la rama Judicial se le tome juramento y es entonces que ella queda investida con la autoridad del estado en calidad de juez', destacó Albaladejo.

'Este injunction que nosotros hemos presentado está diseñado de tal manera que ese proceso puede ser detenido en cualquiera de esas etapas', sostuvo.

Ninguno de los dos demandantes, que son abogados de profesión, quisieron contestar a NotiCel cuál es el daño inminente e irreparable que ambos sufrirían si Fernández finalmente viste la toga.

'Contestar su pregunta requeriría entrar en los méritos del caso y en prueba que no se ha presentado y no podemos hacer comentarios', indicó Nieves Huertas.

El demandante afirmó que sí va a haber un daño si finalmente Fernández, quien no cumple con el requisito de tener siete años en la práctica de la abogacía para poder formar parte de la Rama Judicial.

Nieves Huertas rechazó que su caso se trate de una 'persecución selectiva' como alegó Fernández, quien sostiene que puede ser confirmada porque tiene 12 años de haber sido admitida a la profesión, aunque sólo la ejerció por cuatro años antes de convertirse en legisladora a tiempo completo en el 2005.

'Nosotros estamos haciendo un planteamiento de derecho, un planteamiento jurídico. Ella no cumple el requisito que dispone la ley de la judicatura de tener siete años de experiencia profesional en el ejercicio de la abogacía', afirmó.

Nieves Huertas pidió al pueblo que se exprese y vaya mañana al Capitolio a repudiar el nombramiento y pedir que no sea confirmado.

'En vista de que (Fernández) ha ejercido desde enero de 2005 al presente la función como legisladora a tiempo completo, con prohibición de dedicarse a otras gestiones y funciones, no es posible que haya acumulado la experiencia en el ejercicio de la abogacía requerido por la Ley de la Judicatura para ser nombrada y confirmada como Jueza Superior', señalaron en el interdicto sometido, a la vez que adujeron que, como el nombramiento de Fernández sería ilegal, todas las decisiones que tome como jueza serían nulas.

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