Enid Monge de Pastrana, presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), sostuvo el jueves que está convencida de que la controversia por la venta de los marbetes en los Centros de Inspección se va a resolver a favor de los detallistas.

Por lo cual pidió a los dueños de centros de inspección que se mantengan unidos y esperen hasta que el Tribunal tome una determinación sobre este asunto.

'Tenemos todos los elementos para prevalecer y estamos confiados en salir airosos en representación de los centros de inspección', expresó Monge de Pastrana en torno a la implementación del Reglamento 7831 que el Departamento de Hacienda pretende imponer en la venta de marbetes.

Mediante dicho reglamento, el Departamento de Hacienda impone a los centros de inspección la responsabilidad de procesar la prima del seguro obligatorio y otras funciones en beneficio de la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (ASC), que es un asegurador privado. Como parte de esta responsabilidad, el Departamento de Hacienda y la ASC pretenden exigir una fianza $30 mil, de los cuales $4 mil son en efectivo, o de lo contrario les remueven los marbetes. Esta fianza se suma a un gravamen adicional que los centros de inspección pagan al Departamento de Hacienda.

Doble fianza

En efecto, de insistir en la implementación del Reglamento 7831, los dueños de los centros de inspección tendrían que pagar no una sino dos fianzas, para un monto total de $60 mil, de los cuales $8 mil son en efectivo. Esto, porque el Departamento de Hacienda ya les exige a estos comerciantes el pago de una fianza de $30 mil para cubrir los derechos anuales por marbete, además de la fianza para cubrir los costos del seguro obligatorio, el cual fue impugnado por el

CUD junto con más de una veintena de empresarios el pasado mes de febrero.

Durante las pasadas semanas dueños de centros de inspección se han comunicado con el CUD para informar que funcionarios del Departamento de Transportación y Obras Publicas (DTOP) han acudido a los centros de inspección, mediante instrucciones del Departamento de Hacienda, a exigir la devolución de todos los marbetes a aquellos propietarios que no muestren evidencia del pago de la fianza de $30 mil correspondiente a la ASC.

No obstante, socios del CUD que operan centros de inspección informaron a la Institución que funcionarios del DTOP han regresado a estos comercios para devolverles los marbetes a los comerciantes y permitirles que puedan rendir este servicio al público ya que los conductores cuyos marbetes vencen en marzo 2013 tienen hasta el sábado para hacer este trámite. El Departamento de Hacienda permitió la venta de marbetes hasta tanto se lleve a cabo la vista, pautada para el 9 de abril.

'Aunque acogemos la devolución de los marbetes con beneplácito, insistimos en que la implementación de este reglamento tendrá un serio impacto en el sector. Bajo este concepto los centros de inspección no podrían seguir cobrando los derechos de licencia ni vender los marbetes, lo cual afectaría a más de 1.8 millones de consumidores. Actualmente, cerca del 60 por ciento del total de marbetes se venden en centros de inspección', puntualizó la Presidenta del CUD.

'El intento de implementar este reglamento es una acción sin precedente, donde una agencia del gobierno le impone a un sector empresarial del País unas funciones y labores en beneficio exclusivo de una entidad privada. Alguien tiene que asumir estos costos y no es justo que sea el pequeño comerciante o el consumidor. Las aseguradoras, por virtud de la Ley 253 del 22 de diciembre de 1995, cobran al consumidor el ocho porciento del total de la prima como pago de los costos de adquisición. Otras aseguradoras privados participantes pagan a los Centros de Inspección por este trabajo y la ASC se ha negado a pagar, en una violación directa de la ley. Lo establecido en el Reglamento 7831 es inconstitucional, por lo que se debe redactar un reglamento nuevo que se atempere a las necesidades reales de esta industria'.

'Estamos preparados y tenemos las evidencias para prevalecer. Tenemos hasta el 9 de abril de 2013 para contestar los planteamientos de jurisdicción', concluyó Monge de Pastrana.

En 2010 el CUD acudió al Procurador del Pequeño Negocio, así como al Ombudsman, para denunciar que el Reglamento Núm. 7831 constituye una violación a la Ley de Flexibilidad Administrativa. Por los pasados dos años los anteriores Secretarios de Hacienda aplazaron la implementación de este reglamento en la espera de un nuevo reglamento que atendiendo las deficiencias señaladas en el Reglamento 7831.